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II. LA JURISPRUDENCIA AMBIENTAL DE FINES DE LOS NOVENTA: EL TANTEO HACIA UNA NORMA Durante la última década del siglo XX, la mayoría de las opiniones del Tribunal Supremo que abordan el tema de la revisión judicial de las decisiones administrativas utilizan un discurso de alta deferencia a estas determinaciones, que apela a los fundamentos desarrollados hace cincuenta años durante la época de gloria de las agencias administrativas y que fueron rescatados durante la década de los 1980 para validar el paradigma neoliberal. Sin embargo, cuando estudiamos el conjunto de estas opiniones en orden cronológico, advertimos que el Tribunal ha ido desarrollando, caso a caso, una normativa de revisión judicial más rigurosa para los casos ambientales. Las decisiones publicadas sobre este tema en esos años, particularmente entre 1997 y 2000, se caracterizaron por la diversidad de criterios de los miembros del Tribunal, que ha producido numerosas opiniones concurrentes y disidentes. Este choque de ideas ha permitido y fomentado el desarrollo de nuevas doctrinas. No hay duda de que ha sido un proceso difícil y hasta tortuoso, durante el cual, el Tribunal ha ido adquiriendo conciencia de las implicaciones de nuestra limitación de terrenos y de la fragilidad de nuestro ecosistema y ha reconocido “la difícil y compleja cuantificación de los daños que pueda sufrir la naturaleza” y la importancia de proteger “la estabilidad de nuestro ecosistema”.20 En el primero de estos casos, García Oyola v. Junta de Calidad Ambiental,21 el Tribunal confirmó, en opinión Per Curiam, la aprobación que la Junta de Calidad Ambiental dio a una declaración de impacto ambiental preparada por la Autoridad de Energía Eléctrica, para la construcción de una planta generadora de electricidad mediante la quema de aceite. El Tribunal entendió que venía llamado a “armonizar y sopesar el interés ciudadano y la política pública de preservar áreas de gran valor ecológico, mantener un ambiente… limpio y proteger las especies marinas y terrestres, frente a la necesidad del Estado de construir nuevas plantas para generar energía eléctrica…y mantener…la posición competitiva del país para su desarrollo económico”.22 En ese proceso el Tribunal señaló, “de entrada”, que “la alternativa de construir la planta debe quedar subordinada a la necesidad del Estado de suplir energía al pueblo. Lo importante es minimizar sus efectos negativos sobre el ambiente”.23 Este análisis, a su vez, llevó al Tribunal a aplicar un criterio de extrema deferencia a la decisión administrativa. Sin embargo, una opinión disidente presagia la dirección que el Tribunal tomaría algunos años después, al afirmar todo lo contrario, a saber, que la política pública que la mayoría considera prioritaria es realmente un interés subordinado a la obligación constitucional del Estado de llevar a cabo sus actividades y cumplir con sus obligaciones de manera tal que asegure «la más eficaz conservación de nuestros recursos naturales». Esta perspectiva permite a los jueces disidentes examinar cuidadosamente la declaración de impacto ambiental y darle lo que, en efecto, resulta ser un escrutinio riguroso o hard look, para concluir, no solamente que la Junta tiene la obligación de someter la declaración a un análisis crítico de carácter interdisciplinario, sino que corresponde al tribunal revisor asegurar que la agencia cumpla con esta obligación.

20

Sociedad de Gananciales v. Secretario de Justicia, 137 D.P.R. en la pág. 80. 142 D.P.R. 532 (1997). 22 Id. en la pág. 534. 23 Id. en las págs. 539-540. 21

Revista volumen vi  

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