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la deferencia y la rigurosidad,7 algo que se ha documentado extensamente en los Estados Unidos, cuyo esquema de derecho administrativo hemos adoptado en Puerto Rico. Así, desde que se crearon las primeras agencias administrativas en 1880 hasta 1933, con la llegada de Franklin D. Roosevelt a la presidencia de los Estados Unidos, los tribunales mostraron, en términos generales, una actitud de alta deferencia a las decisiones de las agencias.8 Sin embargo, a partir de 1933, el “Nuevo Trato” del Presidente Roosevelt generó serias polémicas sobre la delegación de poderes adjudicativos y legislativos a las agencias. Esto, a su vez, dio lugar a un reclamo de mayor control judicial de las agencias administrativas y, eventualmente, a la aprobación del Administrative Procedure Act de 1946 (A.P.A.),9 cuyo propósito original era lograr mayor fiscalización judicial de las agencias administrativas.10 Irónicamente, tras la aprobación de la A.P.A., el panorama cambió nuevamente y el período posterior al 1946, conocido como “la era del interés público”, se caracterizó por la deferencia de los tribunales a las decisiones de las agencias, a las que se atribuía un alto grado de especialización y peritaje. Para los alumnos del Nuevo Trato, quienes después de la Segunda Guerra Mundial se convirtieron en los jueces, abogados y profesores de Derecho, la agencia administrativa era el instrumento ideal para resolver problemas complejos: racional, centralizada, tecnocrática y experta. Por el contrario, se entendía que los tribunales, aunque capaces de atender problemas particulares de manera racional, carecían de la especialización, peritaje y centralización de las agencias, por lo cual debían evitar inmiscuirse en el proceso administrativo.11 El estatuto forjado por los que favorecían una mayor supervisión judicial recibió una interpretación acorde con esta nueva filosofía. La reacción, sin embargo, no tardó en venir. Así, hacia finales de la década de los 1960, los autores comenzaron a denunciar la captura de los organismos administrativos por los intereses supuestamente regulados, dando lugar a la cuarta época, la del llamado hard look o revisión judicial rigurosa. Durante esa época, el paradigma de la agencia experta, independiente y apolítica, desarrollado en las décadas posteriores al Nuevo Trato del Presidente Roosevelt, se vio modificado por una nueva percepción del derecho administrativo, según la cual, las agencias administrativas se habían convertido en aliadas de los grandes intereses. Como veremos, esta cuarta etapa del derecho administrativo norteamericano ha tenido un impacto significativo en nuestra jurisprudencia más reciente. 7

El discurso basado en la deferencia judicial, que adquirió contornos prácticos en la presunción de corrección de los procesos administrativos, se refiere a la consideración que deben dar los tribunales a las determinaciones de hecho de las decisiones administrativas, en tanto y en cuanto se basen el la evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo. Véase 3 L.P.R.A. § 2175 (2001). En realidad, según veremos, esta doctrina se ha convertido en la manera de articular una actitud de autorestricción judicial que, en palabras de un estudioso, ha adquirido contornos de “verdad espiritual, algo así como un postulado de derecho natural o parte de un Credo jurídico”. Luis E. Rodríguez Rivera, Revisión Judicial y el Derecho Administrativo: Análisis Crítico de la Norma de Deferencia Judicial y Comentarios Sobre su Aplicación en el Derecho Ambiental, 69 REV. JUR. U.P.R. 1153 (2000). 8 Con toda probabilidad, esto se debía a que los jueces percibían que la actividad administrativa estaba dirigida, principalmente, a la concesión de privilegios públicos y no a la restricción de derechos privados como, por ejemplo, el derecho de propiedad. Véanse: Gordon G. Young, Public Rights and the Federal Judicial Power: From Murray´s Lessee Through Cromell to Schor, 35 BUFF. L. REV. 765, 799-800 & n. 170 (1986); Henry P. Monaghan, Marbury and the Administrative State, 83 COLUM. L. REV. 1, 16 (1983). 9 5 U.S.C. § 551 (2000). 10 Id. Este reclamo se plasmó en dos informes oficiales y en ciertos informes de la American Bar Association (A.B.A.), entre estos el Final Report of the Attorney General’s Committee on Administrative Procedure (1941) Y The President’s Committee on Administrative Management: Report of the Committee with Studies of Administrative Management in the Federal Government (1937). En torno al desarrollo histórico de la A.P.A., véase STEIN, et al., Administrative Law §1.01 [4], en la pág. 125 (2001). 11 Véanse Thomas W. Merril, Capture Theory and the Courts: 1967-1983, 72 CHI.-KENT. L. REV. 1039, 1047 (1997); Robert L. Rabin, Federal Regulation in Historical Perspective, 38 STAN. L. REV. 1189, 1263-1278 (1986).

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