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DE REGRESO AL FUTURO: EL “HARD LOOK” Y LA “NUEVA” REVISIÓN JUDICIAL RIGUROSA EN CASOS AMBIENTALES* Hon. Liana Fiol Matta La política pública sobre los recursos naturales expuesta en nuestra Constitución es una protección . . . frente al Estado, la sociedad, el gobierno, e incluso el hombre, que en el mundo contemporáneo, sin darse cuenta que está socavando su propia existencia, destruye la naturaleza en aras de un materialismo y consumismo rampante, creando desbalances sistémicos irreversibles.1

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su sección 19, artículo VI, declara que “[s]erá política pública del Estado Libre Asociado la más eficaz conservación de sus recursos naturales, así como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la comunidad”.2 Los Diarios de Sesiones de la Convención Constituyente revelan que los delegados eran plenamente conscientes de que la conservación de los recursos naturales merecía la más alta prioridad en la gestión gubernamental. Por eso, requirieron del Estado “una preocupación constante por... el uso, desarrollo, aprovechamiento y conservación de los [recursos naturales]”3 y afirmaron que: “La conservación de la tierra, los bosques, los peces, las aguas, las aves, las minas y las salinas, entre otros, debe ser una de las funciones primordiales del gobierno”.4 Sin embargo, encontramos que el claro mandato de la sección 19 del Artículo VI de la Constitución no se incorporó al discurso jurídico puertorriqueño hasta muy recientemente. En efecto, no es sino hasta la década de 1990 cuando el Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoce que la política pública enunciada en la Constitución “no se reduce a un mero postulado de principios”5. Y no es sino hasta los últimos años de esa década cuando se comienza a percibir y a desarrollar la riqueza normativa de esta disposición constitucional.6 Con ello, y de forma correlativa, la revisión judicial de las decisiones administrativas relacionadas con el ambiente ha ido adquiriendo ciertos contornos normativos propios que han ampliado considerablemente el alcance de la intervención judicial. I.

ENTRE LA DEFERENCIA Y LA RIGUROSIDAD: UN BREVE TRASFONDO HISTÓRICO

Se trata de un proceso evolutivo que no debe extrañarnos, pues a poco que nos adentremos en el desarrollo histórico de las doctrinas asociadas con la revisión judicial, advertimos que la intervención judicial en las decisiones de las agencias administrativas ha oscilado siempre entre

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Discurso de Instalación como Académica Honoraria de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Puerto Rico, el 8 de marzo de 2002. Originalmente publicado en el Volumen 72 de la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico, 72 REV. JUR. U.P.R. 71.  Ll.B. U.P.R. 1970; L.l.M. 1988 y J.S.D. 1996, Columbia University. Jueza Asociada del Tribunal Supremo de Puerto Rico. 1 Paoli Méndez v. Rodríguez, 138 D.P.R. 449, 462 (1995). 2 Const. E.L.A. Art. VI, § 19. 3 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2622 (1961). 4 Id. 5 Paoli Méndez, 138 D.P.R. en la pág. 460. 6 Véase Jessica Rodríguez Martín, El Derecho Constitucional a un Medio Ambiente Adecuado en Puerto Rico, 35 REV. JUR. U.I.P.R. 7 (2000). (Ponencia presentada ante el Congreso de Derecho y Justicia Ambiental el 13 de abril de 2000).

Revista volumen vi  

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