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5) Sentencias del Tribunal de Circuito que hayan revocado una sentencia o resolución de instancia. Este recurso crea la segunda modalidad de doble apelación.109 Pero éste sí generará una buena cantidad de casos. Su operación más obvia es en casos en que se apele al Circuito de una sentencia final de instancia y ese Tribunal revoque la sentencia original. La parte afectada por la revocación tiene derecho a que el Tribunal Supremo atienda su caso. Pero este recurso denota una visión poco sofisticada del proceso judicial. La primera pregunta que se suscita es: ¿qué quiso decir el legislador cuando usó el término “revoca[r]”? ¿Se requiere que el Circuito revoque por completo a instancia? ¿O procede la apelación siempre que el Circuito altere en algún extremo la sentencia original? La primera solución produciría un número de apelaciones mucho menor que la segunda. Me atrevo a predecir que el Tribunal adoptará la primera alternativa, e interpretará que “revocación” significa dejar sin efecto alguno la sentencia de instancia. Varias interpretaciones que el Tribunal ya ha hecho de la nueva Ley sugieren que, en caso de la menor duda, acogerá la opción que reduzca el tamaño de su competencia obligatoria. Otro problema con este recurso es que al incluir el término “resolución”, el legislador obligó al Tribunal Supremo a resolver ciertos asuntos sobre cuya atención dio discreción al Circuito. Sólo concibo dos explicaciones para tan terrible dislate. Primero, que en esta disposición el afán por congestionar al Tribunal Supremo halló su máxima expresión. Segundo, que quien incluyó la palabra “resolución” en la Asamblea Legislativa no conoce la diferencia entre ese término y el de “sentencia”. Una resolución es, por definición, interlocutoria.110 En nuestro sistema, distinto del federal,111 siempre se ha permitido la revisión de los incidentes interlocutorios. Pero, en reconocimiento de las razones que apoyan la regla federal de sentencia final -evitar dilaciones y costos innecesarios-, esa revisión interlocutoria siempre ha sido discrecional para todo tribunal revisador. El criterio rector para ejercer esa discreción es si la revisión adelantará el proceso en instancia o si, por el contrario, significará un retraso porque no afectará el resultado final.112 La nueva ley privó al Tribunal Supremo de discreción sobre si conviene revisar una decisión apelativa que “revocó” una decisión interlocutoria de instancia. El potencial de esta norma para dilatar la adjudicación final de los pleitos es enorme, máxime si se considera que el Tribunal Supremo ya está extraordinariamente recargado de toda otra serie de asuntos. 6) Sentencias del Tribunal de Circuito que hayan confirmado condenas penales que conlleven restricción de libertad. Este último recurso113 promete ser la doble apelación más popular de nuestra historia. Quien sea hallado culpable de delito y reciba una sentencia que restrinja su libertad,114 goza del derecho a apelar dos veces. Primero, ante tres jueces de circuito. Si esos jueces no la liberan, esa persona tiene derecho a que otros siete jueces opinen. En total, 109

Ley de 1994, supra nota 2, art. 3.002(f). Véase, e.g., Asociación de Propietarios v. Santa Bárbara Co., 112 D.P.R. 33, 41-43 (1982); Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 D.P.R. 642, 651-59 (1987). En palabras del Juez Belaval en Rodríguez v. Tribl. Mpal. y Ramos, 74 D.P.R. 656, 664 (1953): No es muy difícil concluir que existe una diferencia conceptual categórica entre una “resolución” y una “sentencia”. Ninguna de las dos constituye un término genérico dentro del cual pueda entenderse comprendida la otra específicamente. Una resolución pone fin a un incidente dentro del proceso judicial, mientras una sentencia pone fin a la controversia entre las partes mediante una adjudicación final. 111 Véase, 28 U.S.C. § 1291. 112 Véase, Reglamento del Tribunal Supremo, R. 33(9) y (10) (1995), que corresponde a la Regla 19a (9) y (10) del anterior Reglamento del Tribunal. Reglamento del Tribunal Supremo, R. 19a (9) y (10), 4 L.P.R.A. Ap. I-A (1994). 113 Ley de 1994, supra nota 2, art. 3.002(g). 114 Eso incluye las condenas mediante sentencia suspendida, que constituyen restricciones a la libertad. Véanse, Pueblo v. Vélez, 76 D.P.R. 142, 149 (1954); Martínez Torres v. Amaro Pérez, 116 D.P.R. 717, 723-24 (1985); Pueblo v. Pacheco Torres, 91 J.T.S. 59, a la pág. 8712. 110

Revista volumen vi  

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