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“votantes”, sin mencionar su ciudadanía,17 y esas formas de expresión se usan indistintamente a través de esos estatutos. En definitiva, conforme dichas leyes Puerto Rico no podría negar el derecho al voto a ciudadanos de Estados Unidos que sean residentes de Puerto Rico.18 Pero esas leyes no impiden que Puerto Rico amplíe el derecho al voto, y lo extienda a personas que no tengan esa ciudadanía americana. Hay que recordar, además, que el artículo 35 del Acta Orgánica de 1917 (Ley Jones) disponía expresamente que los electores en Puerto Rico tenían que ser ciudadanos de Estados Unidos. Ese fue uno de los artículos de la Ley Jones que quedó derogado cuando entró en vigor la Constitución de Puerto Rico, y en la actual Ley de Relaciones Federales no aparece ninguna disposición similar. Ello demuestra un reconocimiento del Congreso de los Estados Unidos de que el requerir o no la ciudadanía de Estados Unidos como condición para votar en Puerto Rico no es un asunto que compete a los estatutos federales, sino uno a ser resuelto bajo el derecho puertorriqueño. De nuevo, es clara la conclusión de que el reclamo del recurrido a un derecho constitucional a ser elector aquí, como corolario necesario de su condición de ciudadano de Puerto Rico, puede ser resuelto por este Tribunal como un asunto de derecho constitucional puertorriqueño. VI A base de todo lo anterior, resolvemos expresamente que nada hay en la Constitución o en las leyes de Estados Unidos que impida que en Puerto Rico se reconozca el derecho a votar de todos los ciudadanos de Puerto Rico, según quedan definidos tales ciudadanos en el primer inciso del artículo 10 del Código Político, aun cuando éstos no sean ciudadanos de Estados Unidos por haber renunciado a la ciudadanía americana. Ciertamente, el dictum en Sugarman y en Ambach al efecto de que los estados pueden limitar el derecho al voto a aquellos que son ciudadanos americanos no implica que los estados estén obligados a imponer una limitación tal. El que una cosa sea permitida es lógicamente algo muy distinto a que sea obligatoria. Por tanto, y como ya anticipado, este Tribunal puede proceder a considerar el reclamo constitucional del aquí recurrido bajo un análisis limitado a lo que ordena la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. VII Dispone expresamente el preámbulo a la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que la misma es creada “por el pueblo de Puerto Rico… en el ejercicio de nuestro derecho natural”, con el fin de “organizarnos políticamente sobre una base plenamente democrática, promover el bienestar general y asegurar para nosotros y nuestra posteridad el goce cabal de los derechos humanos”. Continúa declarando el preámbulo que “el sistema democrático es fundamental para la vida de la comunidad puertorriqueña”, y que se entiende por sistema democrático “aquel donde la voluntad del pueblo es la fuente del poder público, donde el orden político está subordinado a los derechos del hombre, y donde se asegura la libre participación del ciudadano en las decisiones colectivas”. 17

Véase, como ejemplo de ello, 42 USCA §1972 § 1973b (incisos (b), (c) y (e)), y § 1973h. Ello es de todos modos académico, ya que bajo el segundo inciso del artículo 10 del Código Político todos los ciudadanos de Estados Unidos que residen en Puerto Rico son también ciudadanos de Puerto Rico, y por tanto tienen derecho a votar bajo las disposiciones aplicables de la Ley Electoral. 18

Revista volumen vi  

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