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abrilinforma

mayo 2012

derecho del entretenimiento Novedades Legislativas Entrada en Vigor de la Ley Sinde

Las comunicaciones comerciales electrónicas

El pasado 1 de marzo entró en vigor el Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual para, entre otros fines, la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito de internet, también mal llamada Ley Sinde. Ha comenzado a funcionar por tanto el procedimiento de denuncias y cierres de páginas web vulneradoras de derechos de propiedad intelectual que tanta polémica ha suscitado desde su inclusión en la Ley de Economía Sostenible. Desde la entrada en vigor del Reglamento se han cursado más de 300 denuncias contra páginas web que supuestamente infringen derechos de autor, aunque todavía no se ha producido ningún cierre. De forma paralela el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de la Asociación de Internautas impugnando la Ley Sinde, si bien no ha admitido la suspensión cautelar del reglamento que la desarrolla tal y como pedían los recurrentes.

El 31 de marzo de 2012 se publicó en el BOE el R13/2012, por el que se transponen Directivas Europeas en materia de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. La transposición de estas Directivas modifica la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y la Ley General de Telecomunicaciones. Respecto a la LGT, entre otras modificaciones, se incluyen novedades que refuerzan el derecho de los operadores a la ocupación de la propiedad pública y privada. Respecto a las modificaciones de la LSSI cabe destacar la necesidad de recabar el consentimiento previo para la implantación de las cookies, así como la obligación de informar de los mecanismos existentes para que los usuarios puedan preservar su intimidad. Además, la modificación exige que cuando se remitan comunicaciones comerciales electrónicas se deberá facilitar una dirección de correo electrónico para que el usuario pueda revocar su consentimiento.

Comisión de Propiedad Intelectual

La Comisión Europea y el ACTA

El 24 de marzo de 2012 entró en vigor la Orden Ministerial ECD/576/2012 que regula el establecimiento de precios públicos por la prestación de servicios de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual. Respecto de los procedimientos de mediación, la tarifa por admisión a trámite del procedimiento es de 100 €, siendo la tarifa por sesión de 1.316 € hasta un máximo de 5 sesiones. En cuanto a los procedimientos de arbitraje, la tarifa por admisión es de 100 € y cada sesión 1.616 € hasta 5 sesiones. Los gastos que pueda ocasionar la práctica de prueba en los procedimientos de mediación y arbitraje serán satisfechos por la parte que lo hubiera solicitado, o por ambas partes si así lo aceptan, o a la prorrata cuando haya sido propuesta por los miembros de la Sección Primera salvo que las partes acepten que sean satisfechos por una de ellas.

El pasado mes de enero, España junto con el resto de países de la UE firmó el tratado ACTA. Se trata de un acuerdo comercial internacional que pretende combatir el tráfico de falsificaciones y la violación de la propiedad intelectual. La firma del tratado por parte de la UE debe ser ratificada por el Parlamento Europeo en junio. Con el fin de garantizar la claridad del ACTA, la Comisión Europea llevará el acuerdo ante el TJUE para que tras un análisis detallado, el tribunal se pronuncie sobre la consonancia del ACTA con los derechos fundamentales europeos, como la libertad de expresión, la protección de la información o de los datos y el derecho a la propiedad intelectual, entre otros.

Interno Abril Abril Abogados en los rankings y nueva imagen corporativa Un año más los principales rankings de despachos de abogados incluyen a Abril Abogados entre los referentes en Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías. Tanto Chambers & Partners como Legal 500 consideran a Abril Abogados como uno de los despachos más importantes de España en las materias en las que somos especialistas. Además, comenzamos el año 2012 con una nueva imagen corporativa, modernizando nuestro logotipo y próximamente nuestra página web. M A D R I D

V A L E N C I A

M U R C I A B A R C E L O N A w w w . a b r i l a b o g a d o s . c o m

A L I C A N T E

V I G O


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Internet y Nuevas Tecnologías Filtrado de Redes

Videojuegos

Las grandes operadoras de cable de EEUU empezarán el próximo 12 de julio a vigilar lo que se descargan sus clientes a través de su banda ancha, tal y como ha anunciado la Asociación Americana de la Industria Discográfica (RIAA). Se trata del programa llamado respuesta gradual, y enviarán a los clientes que descarguen archivos con derechos de propiedad intelectual avisos preventivos indicando la ilegalidad de su conducta y si persisten podrían incluso cortarle el servicio. En la UE, sin embargo, el TJUE en su reciente Sentencia en el asunto SABAM vs Netlog ha venido a determinar que si un órgano jurisdiccional nacional adoptara un requerimiento judicial por el que se obliga al prestador de servicios de almacenamiento de datos a establecer un sistema de filtrado con el fin de bloquear la transmisión de archivos cuyo intercambio vulnere los derechos de autor, no respetaría el requisito de garantizar un justo equilibrio entre, por un lado, el derecho de propiedad intelectual y, por otro, la libertad de empresa, el derecho a la protección de datos de carácter personal y la libertad de recibir o comunicar informaciones.

La Corte de Apelación de París ha declarado que la venta y distribución de los denominados “cartuchos flash”, dispositivos que permiten la ejecución de juegos no originales en la videoconsola NINTENDO DS, vulnera los derechos de propiedad intelectual e industrial al permitir desactivar los mecanismos de seguridad antipiratería. Sin embargo, en España existe jurisprudencia contradictoria en torno a si la venta de estos dispositivos se considera un delito o no. Así. la Audiencia Provincial de Asturias ha declarado la licitud de su venta, considerando que la función de estos cartuchos va más allá de la ejecución de juegos no originales pues permiten realizar múltiples tareas lícitas, frente a la sentencia del Juzgado de lo Penal de Madrid, que había desestimado esta defensa, al declarar, que a pesar de que estos dispositivos no sirvan únicamente para permitir la ejecución de juegos no originales, constituye un delito contra la propiedad intelectual tipificado en el artículo 270 del Código Penal.

El Reino Unido contra la Piratería El Reino Unido ha comenzado una dura lucha contra la piratería en internet. Por un lado, la agencia contra el crimen organizado de Reino Unido, SOCA, ha cerrado el sitio web RnBXclusive a través del cual se ponían a disposición de los usuarios archivos musicales protegidos por derechos de autor, en algunos casos antes incluso de su lanzamiento al mercado, produciendo unas pérdidas a la in-

dustria de 15 millones de libras al año, según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica. Por otro lado, una semana después, el Tribunal Supremo británico ha considerado que el portal The Pirate Bay infringe derechos de autor al permitir la descarga de obras protegidas, permitiendo a los ISP bloquear el acceso a dicho portal desde el Reino Unido.

Publicidad Ryanair y la publicidad engañosa FACUA-Consumidores en Acción denuncia de nuevo a RYANAIR por publicidad engañosa como consecuencia de su nueva campaña publicitaria de vuelos a 10,99 €, ya que tras analizar alguna de las rutas ofertadas, el precio final aumenta desde un 28% hasta un 391%. La organización de consumidores considera que la publicidad de esta oferta vulnera

tanto la Ley de Competencia Desleal al inducir o poder inducir a error a los consumidores, como la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, conforme a lo dispuesto en el articulo 60.2.b. al no informar al consumidor sobre el precio final completo, desglosando cualquier incremento o gastos adicionales por servicios accesorios.

Derechos de Autor Campus virtuales Tras más de siete años de negociaciones infructuosas, finalmente el Centro Español de Derechos Reprográficos, CEDRO, ha emprendido el ejercicio de acciones judiciales contra las

Universidades por el uso de obras protegidas por derechos de autor a través de los conocidos campos virtuales, que la mayoría de las Universidades están realizando sin disponer de la necesaria autorización. Así, un juzgado de Madrid y otro de

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Barcelona han admitido a trámite sendas demandas interpuestas por CEDRO contra la UC3M y la UAB respectivamente, por la digitalización y puesta a disposición de los alumnos de partes de libros o libros completos y artículos de revistas.


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Derecho al Honor a la Intimidad y a la Propia Imagen Uso de Cámaras Ocultas

Libertad de Expresión vs Derecho al Honor

Por primera vez, el Tribunal Constitucional ha declarado ilegitimo el uso de cámaras ocultas en el ámbito periodístico, al entender que la utilización de estos medios de grabación están constitucionalmente prohibidos independientemente de la relevancia pública del objeto de investigación. La sentencia declara que el “carácter oculto” de la técnica utilizada para obtener la información, constituye una ilegitima intromisión en los derechos fundamentales a la intimidad personal y a la propia imagen al no existir un consentimiento previo del filmado que le impide ejercer su legitimo poder de exclusión frente a dicha grabación y en su caso, posterior publicación.

A pesar de la reiterada jurisprudencia de nuestros Tribunales sobre la posición preferente del derecho al honor frente a la libertad de expresión, el Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) contra la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en el que se establece la prevalencia de la libertad de expresión, tras la publicación en la página web de la primera de un artículo titulado “Por la desaparición de la SGAE, a las barricadas”. La sentencia declara que se trata de un asunto de un elevado interés público, al plasmar el conflicto sobre las retribuciones económicas que la SGAE obtiene

por la aplicación del llamado “canon” a determinados soportes y que a pesar de la gravedad de las palabras utilizadas, determina que no son suficientes para desvirtuar la prevalencia de la libertad de expresión atendiendo al contexto del asunto y a la falta de alusiones personales.

Derecho Audiovisual Titularidad de los derechos sobre las obras audiovisuales El TJCE ha dictado una sentencia que resuelve la cuestión prejudicial planteada por un tribunal austríaco acerca de la titularidad de los derechos sobre obras audiovisuales con objeto de resolver el conflicto planteado por un director cinematográfico que demandó al productor con el que había firmado un contrato por entender que el productor había infringido la reserva de derechos realizados a favor del director en el contrato. El TJCE entiende que, según la legislación comunitaria, los derechos de explotación de la obra cinematográfica corresponden de pleno derecho, directa y originariamente, al director

principal, por lo tanto, esto se opone a cualquier legislación nacional que atribuya esos derechos de explotación, de pleno derecho y con carácter exclusivo, al productor de la referida obra. Sin embargo, el Derecho de la Unión reconoce a los estados miembros la facultad de establecer a favor del productor de la obra cinematográfica una presunción de cesión de los derechos de explotación de la obra cinematográfica siempre que dicha presunción no tenga una naturaleza absoluta que excluya la posibilidad de que el director principal de dicha obra pacte otra cosa. Por otra parte, respecto a los dere-

chos de remuneración, el TJCE entiende que el director principal debe disfrutar de pleno derecho, directa y originariamente del derecho a la compensación equitativa por copia privada, no pudiendo lo estados miembros establecer una presunción de cesión a favor del productor de la obra cinematográfica de este derecho, tanto si se trata de una presunción absoluta o se permite excluirla.

La Comisión Nacional de la Competencia multa a EGEDA

Como consecuencia de la denuncia formulada por la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), la Comisión Nacional de la Competencia ha impuesto a la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) una multa de 478.515 € por abuso de posición de dominio en el otorgamien-

to de autorizaciones a los establecimientos hoteleros para la comunicación pública de obras en las habitaciones. En su Resolución, el Consejo de la CNC considera que cobrar un precio en función de la plazas disponibles del hotel y no de los datos de ocupación, es abusivo por inequitativo, al no tener en cuenta la intensidad ni el valor del uso de las obras. Además, el Consejo de la CNC considera que la despro-

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porción existente entre las tarifas generales y las tarifas pactadas por Egeda con distintas asociaciones de hoteleros o con hoteleros individuales muestra una estrategia abusiva de Egeda que distorsiona la negociación que impone la Ley de Propiedad Intelectual, por fijar unilateralmente un precio base desproporcionado, que de acuerdo con la Ley será supletorio en caso de incumplimiento, con la intención de forzar una negociación.


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La opinión de los expertos Propiedad Intelectual

Envíos comerciales publicitarios: Spam

Clínicas de nt ales y com unicac ión públi ca. A s unt o C - 135/ 10

El cons e nt im ie nt o par a e l e nvío de com unicacione s com e r ciale s

La reciente Sentencia del Tribunal de Justicia, de 15 de marzo de 2012 viene a resolver la cuestión prejudicial planteada en el marco del litigio surgido entre la entidad de gestión italiana de los productores fonográficos y una clínica dental, ofreciendo una cuanto menos sorprendente interpreRubén Canales tación del concepto de comunicación pública conAbogado Propiedad Intelectual tenido en las Directivas Comunitarias. El Tribunal ya había precisado que el “público” debe estar constituido por un número indeterminado y considerable de destinatarios potenciales, así como la relevancia del “...los pacientes de una clínica dental no se trata de “personas papel del usuario de las obras y en general”, sino de un del carácter lucrativo o no de la “conjunto de personas cuya comunicación. En este caso composición es bastante estaconcreto, respecto a una clínica ble y, por tanto, constituyen un dental, en la medida en que el conjunto de destinatarios podentista interviene deliberadatenciales determinado...” mente en la difusión de los fonogramas, la cuestión clave gira en torno al concepto de “público” así como al carácter lucrativo o no de la comunicación. Así, el Tribunal de Justicia entiende ahora que los pacientes de una clínica dental no se trata de “personas en general”, sino de un “conjunto de personas cuya composición es bastante estable y, por tanto, constituyen un conjunto de destinatarios potenciales determinado”, así como que el número de personas que simultáneamente pueden oír el mismo fonograma es bastante escaso e insignificante. Conceptos poco precisos, que previsiblemente darán mucho que hablar, pues el Tribunal incluso va más allá, y excluye la aplicación de la “teoría del público sucesivo”, al entender que a pesar de que los pacientes se sucedan, al estar presentes por turnos no son, por lo general, destinatarios de los mismos fonogramas, especialmente en el caso de los radiodifundidos. Respecto al carácter lucrativo o no de la comunicación, al tratarse de música ambiental, entiende el Tribunal que tal difusión no puede repercutir, por sí sola, en los ingresos de la clínica y por tanto, entiende que carece de carácter lucrativo. Así, entiende el Tribunal de Justicia que no puede presumirse que el conjunto de pacientes de un dentista sea receptivo respecto la difusión de que se trate, pues los pacientes acuden a la consulta con el objetivo de que les atiendan, accediendo de manera fortuita y con independencia de sus deseos a determinados fonogramas en función del tiempo de espera y de la duración del tratamiento. Por ello, viene a concluir que una clínica odontológica que lleva a cabo actos de difusión gratuita de fonogramas para sus pacientes, quienes los disfrutan con independencia de su voluntad, no supone un acto de comunicación pública, y por ende, tal difusión no confiere a los productores de fonogramas el derecho a percibir una remuneración. Tras esta resolución, habrá que ver cómo las entidades de gestión asumen esta nueva situación ante aquellas clínicas que podrían verse beneficiadas por esta sentencia del Tribunal de Justicia.

Recientemente la Agencia Española de Protección de Datos ha archivado unas actuaciones iniciadas por la denuncia presentada por un particular que había recibido un correo electrónico comercial sin haber Alvaro Ramos consentido su envío y sin mantener Abogado Asociado ninguna relación con la empresa Nuevas Tecnologías denunciada. En la resolución del expediente (E/01842/2011) la AEPD considera como hechos probados : 1. La empresa denunciada remitió un correo electrónico publicitario en el que ofrecía servicios de diseño en el que se facilitaba el enlace a la página web de la denunciada. 2. Que en dicha página web existía un aviso legal así como un formulario de recogida de datos para darse de alta en el envío de newsletter. La AEPD resuelve la denuncia archivando las actuaciones sobre la base, entre otros, de los siguientes argumentos:

M A D R I D V A L E N C I A C/Amador de los Ríos,1,1º Av/CortesValencianas,37-31b 28010Madrid 46015Valencia Tfn.917020331 Tfn.963465373 Fax.913083705 Fax.963465374

M U R C I A C/Princesa12,1ºAOf.3 30002Murcia Tfn.968350018 Fax963465374

“En este caso, procede resaltar que la página web que contiene la información relativa dispone de un formulario en el que se recaba, entre otros datos, la dirección de correo para remitir información a quienes lo cumplimentan. Además en el correo electrónico que usted recibió consta información sobre el procedimiento habilitado para oponerse al envío de comunicaciones comerciales. Por ello, y a fin de evitar dudas razonables sobre la existencia de consentimiento en la remisión de los correos comerciales, usted puede utilizar el procedimiento indicado en el correo electrónico objeto de denuncia para no recibir nuevos envíos comerciales, pudiendo dirigirse a esta Agencia Española de Protección de Datos si su petición no fuera atendida aportando la documentación acreditativa de haber solicitado la oposición.” Por tanto, en esta resolución la AEPD no considera obligatorio que el remitente del correo electrónico pruebe que cuenta con el consentimiento del titular, en contra de lo establecido por el RD 1720/2007, y considera suficiente para archivar las actuaciones el hecho de que el emisor cuente con un formulario de recogida de datos para el envío de la publicidad y que en la web exista la información necesaria para oponerse al envío de la información comercial. Texto resolución en: www.abrilabogados.com

B A R C E L O N A C/Viladomat319,1º-4ª 08029Barcelona Tfn.933634241 Fax934302998

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A L I C A N T E C/CapitánDema,1-3º-1 03007Alicante Tfn.966596974 Fax963465374

V I G O C/Colón,10,5ª 36201Vigo Tfn.986442838 Fax:986226110

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