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EXPANSIร“N Finanzas & Mercados Pรกgina 20 Jueves, 24 de noviembre de 2005


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CINCO DรAS Cinco Sentidos Pรกginas 36, 37 y 38 Martes, 15 mayo de 2007


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LA TRIBUNA DEL DERECHO

16 al 30 de junio de 2007

AL DÍA EN BREVE

Recursos autonómicos

Siniestralidad laboral

El Ministerio de Economía y Hacienda ha presentado el informe del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, en la que se destaca el notable incremento de los recursos obtenidos, que asciende al 13% en relación al año anterior y a casi el 72% de lo percibido en el año 1999, año base del sistema de financiación. Entre los datos recabados, destaca la importancia cuantitativa del Impuesto de Transmisiones patrimoniales y Actos Jurídicos documentados que creció en un 23,1% respecto del año precedente, superando los quince mil millones de euros, debidos tanto al crecimiento del sector inmobiliario como a los incrementos de los tipos impositivos aprobados por varias Comunidades Autónomas como Murcia, Baleares y Canarias. ❏

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha informado que el número de muertes en accidentes laboral se ha reducido en un 19% en lo que va de legislatura. Pero teniendo en consideración la elevada cifra que aún se registra en este tema, el ejecutivo está elaborando una estrategia española de seguridad y salud en el trabajo, por el cual se pretende reducir el índice de siniestralidad, básicamente implantando un sistema de premios y castigos a las empresas, que ayudará a quienes lo hagan mejor mediante una reducción en la cotizaciones sociales y penalizará a las que lo hagan peor. Entre las medidas a adoptar se prevé un plan de renovación para retirar los equipos de trabajo obsoletos y menos seguros. ❏

Ministerio de Economía y Hacienda.

Ha disminuido las muertes por accidentes de trabajo.

OPINIÓN

El futuro del principio de especialidad en la hipoteca: La hipoteca global en el proyecto de ley de reforma del mercado hipotecario

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l Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria, ha centrado su repercusión social, ya desde la fase de anteproyecto, primordialmente en dos puntos esenciales: la regulación de la hipoteca inversa y la reducción de las comisiones por cancelación. Tampoco puede obviarse la polémica suscitada alrededor de la constitucionalidad de las modificaciones que se pretenden en cuanto a la regulación de la inscripción misma de la hipoteca, sobre la que los propios registradores han expresado su inquietud. Sin embargo, poco se ha hablado de otros temas, e incluso, dentro de los mencionados, de su desarrollo en el texto del proyecto; tan sólo unas líneas en prensa al hilo de las declaraciones del Ministro, y poco más. Mientras aguardamos a que la reforma cristalice finalmente, quién sabe si recogiendo incluso junto a la hipoteca inversa algún otro de los llamados “productos de licuación del patrimonio”, como la hipoteca pensión o las operaciones de vivienda pensión, creo que con-

POR ABRAHAM NÁJERA PASCUAL Asociado Principal CMS Albiñana & Suárez de Lezo (Derecho Bancario y Financiero)

viene sacar a la luz y analizar, aunque sólo sea someramente, alguna de las otras figuras y propuestas que el proyecto contempla a día de hoy. En concreto, en esta primera aproximación a esta norma en ciernes que esconde semillas de interesantes cambios para el sector, me detendré en la hipoteca de máximo que se perfila en su artículo 10.4. Desde luego, la figura no es una novedad, por más que pudiera parecerlo como resultado de una lectura apresurada de lo que puede llegar a ser el nuevo artículo 153 bis de la Ley Hipotecaria. Hipotecas de máximo ya existen y se permiten en nuestro Derecho como modalidad más importante de la hipoteca de seguridad. Sin ir más lejos, en el actual artículo 153 de la Ley Hipotecaria se trata la más usual de todas, la hipoteca en garantía de cuentas corrientes de crédito. Y no olvidemos que nuestras hipotecas comunes suelen tener un componente de

hipoteca de máximo en cuanto se refiere a la cobertura de los intereses. Lo que tenemos entre manos es una nueva variedad dentro de la especie: lo que se ha dado en llamar hipoteca global o flotante (la denominación de “hipoteca

sumidero”, aun sumamente gráfica, parece poco grata). Se pretende con ella garantizar, idealmente, no sólo una obligación principal, sino varias y, lo que es más, no necesariamente existentes en el momento de la constitución de la hipoteca. Se limita su ámbito, eso sí, a lo estrictamente bancario, al exigir que el acreedor garantizado sea una entidad financiera. Llama la atención, por encima de otras consideraciones, el hecho de que puedan ser objeto de garantía “una o diversas obligaciones”. ¿No sigue diciendo el artículo 1857.1º del Código Civil, como una de las plasmaciones del principio de especialidad en la hipoteca, que esta ha de constituirse para asegurar el cumplimiento de una obligación principal? En una interpretación quizás excesivamente literal, se ha venido entendiendo que éste y otros artículos, como el 12 ó el 104

de la Ley Hipotecaria, impiden que una única hipoteca asegure varias deudas. Parece entonces que con la reforma pasará a la historia toda esta doctrina que ha hecho de la interpretación de un artículo indeterminado femenino singular un arte. Si es así, me inclino a pensar que estamos ante un magnífico paso adelante en nuestro sector hipotecario, necesitado ya de cierta flexibilización. Quedará por ver si es suficiente con la escueta redacción de este nuevo precepto para despejar todas las dudas que se han venido expresando en cuanto a la admisibilidad y el encaje de esta figura en nuestro ordenamiento, pero lo que está claro es que, al menos, ya no tendremos que escudarnos en el artículo 153 de la Ley Hipotecaria y en la creación artificiosa de cuentas de garantía para poder agrupar varias operaciones, aun siendo presentes todas ellas, y cubrirlas bajo el manto de una sola hipoteca. Personalmente, como práctico del derecho y apasionado confeso de las garantías reales, aplaudo y espero con ansia la aprobación de la reforma. Pero no nos engañemos: en esto, la nueva ley no redundará en un beneficio para las familias que, cada vez más, se endeudan para poder adquirir una vivienda. Eso sí, en no mucho tiempo tendrán la posibilidad de enlazar el final de su hipoteca “normal”, si son capaces de cancelarla en vida, con una hipoteca inversa. Algo es algo. ❏


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LA TRIBUNA DEL DERECHO

16 al 31 de julio de 2007

AL DÍA

OPINIÓN

CONSEJO DE MINISTROS

Basilea 2… Juventus 1 POR ABRAHAM NÁJERA PASCUAL Asociado Principal CMS Albiñana & Suárez de Lezo (Derecho Bancario y Financiero)

S

upongo que es inevitable. Pese a la sobredosis de fútbol a la que nos someten últimamente las televisiones, el deporte rey sigue ocupando un lugar en nuestros corazoncitos y en nuestro subconsciente. Es como aquello de completar la frase... Para hablar con propiedad, deberíamos escribir “Basilea II” o, mejor, aclarar que pretendemos referirnos al Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea de 2004, o, en su soporte físico, al documento denominado “Convergencia Internacional de medidas y normas de capital: marco revisado”. Así al menos ya intuimos que no se trata del equipo suizo que en su única participación en la Liga de Campeones consiguió, entre otras cosas, ganarle a nuestro Depor en segunda ronda. Basilea II es un conjunto de recomendaciones elaboradas por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea reconociendo e incorporando las mejores prácticas del sector y, por lo tanto, carente de fuerza normativa. Sin embargo, al igual que ocurriera con el primer Acuerdo de Basilea, de 1988, la Unión Europea lo ha hecho suyo a través de dos Directivas, 2006/48/CE y 2006/49/CE, objeto ahora de transposición parcial a nuestro ordenamiento mediante un Proyecto de Ley recientemente remitido a las Cortes Generales. Se acerca por tanto el momento de abordar en serio la adaptación a los principios de Basilea II, que se antoja costosa y complicada. Además, ha venido prácticamente a coincidir con otras normas de gran impacto organizativo para las entidades de crédito, como son las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros (MiFID), encontrándose la adaptación de esta última también en fase de discusión parlamentaria. Si Basilea I buscó la homogenización de los requerimientos de capital mínimo de las entidades de crédito y el incremento

sean, menor sea el consumo de capital y más ajustado a los riesgos soportados. Junto a ello, se intensifica la supervisión y se fomenta la transparencia, dejando que la propia disciplina del mercado tenga un papel destacado alentando la competitividad. Sin embargo, el coste de implementar modelos internos avanzados de medición y gestión de riesgos se antoja formidable. No es posible una estimación precisa de la probabilidad de impago si no se crean y de la solvencia y estabilidad del tratan adecuadamente bases de sistema financiero, Basilea II datos fiables. Para ello es ineluahonda en la misma idea, aun- dible la necesidad de invertir en que el enfoque ha evolucionado sistemas tecnológicos y en peren estos años. Sigue siendo im- sonal especializado, e ir dejanportante crear un marco que fa- do atrás el tratamiento manual vorezca la competencia en de la información. Esto puede igualdad en el mercado finan- acentuar las diferencias entre ciero, tratando de que no exis- las grandes entidades, cuyas potan regulaciones dispares que líticas de gestión de riesgos, no alteren ese equilibrio, pero Ba- lo olvidemos, se encuentran ya silea II propicia que se den dife- desde hace tiempo en línea con rencias entre las entidades en Basilea II, y las pequeñas, que función de su forma de gestio- ante el nuevo reto pueden verse nar los riesgos subyacentes. abocadas a mantener sistemas menos avanzados y eficientes. Por lo demás, Basilea II incentiva la mejora en la teoría dice que los enfoques la gestión que las propias avanzados redunentidades han de hacer de sus darán en una mayor objetivación riesgos, se intensifica la en la concesión supervisión y se fomenta la de crédito y una personalización transparencia, alentando la más acusada de competitividad las operaciones bancarias. Si esto fuera cierto, el impacto de BasiBasilea II toma como base la lea II iría más allá de gastos misencilla idea de partida de su llonarios en las entidades de predecesor: los recursos pro- crédito: se primaría una mejor pios de una entidad de crédito estructura financiera y de geshan de ser bastantes para per- tión, de manera que las empremitirle afrontar pérdidas ines- sas más solventes, no necesariaperadas y continuar operando. mente las más grandes, podrían Pero tan insuficiente es un nivel negociar condiciones más favobajo de capital como ineficiente rables por dar lugar a una meun exceso. Por ello Basilea II nor exposición al riesgo. Todos incentiva la mejora en la gestión tendríamos nuestro rating, aunque las propias entidades han que fuera interno en cada entide hacer de sus riesgos, permi- dad, y los productos bancarios tiendo en la medición de algu- se adaptarían a nosotros y no al nos de ellos optar entre siste- revés. Me gustaría pensar que mas más o menos sofisticados, será así. bonificándose a los primeros de De momento, Basilea II me forma que cuanto más sensibles sigue sonando a fútbol. ❏

Iniciativa para garantizar el cobro de alimentos a hijos menores En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Presupuestos del 2007 que crea un fondo para garantizar que los hijos menores que tengan reconocido por resolución judicial el derecho a alimentos puedan percibir dichos importes se ha elaborado un proyecto que desarrolla el mandato legal. MARCOS BLANCO

Se ha presentado ante el Consejo de Ministros un informe sobre el proyecto de real decreto por el cual se regula la organización y funcionamiento del fondo de garantía de alimentos a hijos menores en caso de divorcio o separación legal. El fundamento de esta norma reside en la protección que debe brindar a los menores en este tipo de casos, cuando es reconocido su derecho mediante una resolución judicial. Se exige que la resolución judicial en cuestión sea dictada por tribunales españoles.

Fondo de Garantía Esta iniciativa reconoce su origen ya en la ley de presupuestos del año 2007, en la que se prevé en una de sus disposiciones adicionales, la creación de un fondo destinado a garantizar, mediante un sistema de anticipos a cuenta, el pago de alimentos reconocido a favor de los hijos menores de edad en convenios judicialmente aprobados o resolución judicial, en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, procesos de filiación o de alimentos.

Requisitos Para acceder a esta prestación, se requiere que lo solicite quien tenga la guarda y custodia del menor que tenga reconocido el derecho al pago de alimentos, que haya

instado la ejecución de la resolución judicial que reconoce su derecho a alimentos, acreditando que no le ha sido posible obtener el pago. Asimismo se debe acreditar que la unidad familiar tenga ingresos inferiores al doble del IPREM, el indicador público de renta de efectos múltiples, (es decir que no alcance unos ingresos

El Estado podrá reembolsarse los importes pagados a través del procedimiento de apremio mensuales de 998,40 euros) o que el solicitante sea víctima de violencia de género. Respecto de los menores extranjeros se aplica el criterio de reciprocidad.

Reembolso Se contempla la posibilidad de que el Estado se subrogue y solicite el reintegro de los importes abonados, a través del procedimiento de apremio. Además de los supuestos en que el Estado proceda al pago de dichos alimentos, puede exigir el reembolso cuando el obligado a prestar alimentos pague o en caso de que se extinga el derecho o si el solicitante hubiera actuado fraudulentamente para obtener el reconocimiento del derecho. ❏


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LA TRIBUNA DEL DERECHO

16 al 30 de septiembre de 2007

AL DÍA ■ OPINIÓN

INSPECCIÓN DE TRABAJO

La protección se paga (o no) O de cómo pasar de no poder pignorar derechos de crédito a poder elegir entre dos tipos de garantías ABRAHAM NÁJERA PASCUAL. Asociado Principal CMS Albiñana & Suárez de Lezo

esulta curioso. No hace tanto tiempo que, después de luchar por el reconocimiento de la admisibilidad en nuestro Derecho de la prenda sobre derechos de crédito, la jurisprudencia llegó a permitirla y a sentar las bases para su válida constitución. Después, el legislador, tímidamente al principio, comenzó a plasmar expresamente en múltiples normas la pignorabilidad de los derechos de crédito, como queriendo evitar que un cambio de rumbo jurisprudencial diera al traste con el logro alcanzado, hasta culminar con la bendición definitiva a través de la Ley Concursal. Pese a todo, a día de hoy, aún hay quien no tiene claro si debe pignorar o ceder en garantía los derechos de crédito, ni si lo uno es un medio para lograr lo otro o son causa y efecto, y a menudo opta por hacerlo todo junto, para evitar dudas y problemas. Y entonces, por sorpresa, nos encontramos con que el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, esconde una pequeña perla que por el momento ha pasado prácticamente desapercibida entre tanta hipoteca: su Disposición Final Tercera modificará el artículo 54 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión, admitiendo que los derechos de crédito sean objeto de prenda sin desplazamiento. En el primero de los dos nuevos párrafos que introduce en dicho precepto se permite sujetar a prenda sin desplazamiento los créditos y demás derechos frente a la Administración Pública por razón de contratos, licencias,

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concesiones o subvenciones administrativas. En el segundo se extiende tal previsión a todos los derechos de crédito, incluso futuros, independientemente de quién sea su deudor, salvo los representados por valores y los que tengan la consideración de instrumentos financieros. Cuesta entender por qué, hallándose en tramitación un proyecto de Ley de Contratos del Sector Público en el que se anuncia la posterior promulgación de una ley específica sobre “las modalidades de captación de financiación en los mercados por los concesionarios de obras públicas o por los titulares de contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado, así como el régimen de garantías que

La Ley permite en determinados supuestos que la prenda sin desplazamiento se formalice en póliza en cuyo caso no se devengaría el IAJD puede aplicarse a dicha financiación”, se regula aquí una cuestión que seguramente tendría su encaje perfecto en dicha futura norma y cuya única especialidad, aparentemente, es que será el propio Registrador quien, mediante certificación, se encargue de comunicar la constitución de la garantía a la Administración deudora. Máxime cuando estamos viendo que en el propio texto del proyecto de Ley de Contratos del Sector Público se han eliminado absolutamente todas las referencias que existían a la financiación privada de concesiones, en un furor derogatorio que hará que entre la

aprobación de una ley y otra, por ejemplo, no haya previsión legal sobre el pago prioritario por la Administración concedente a los financiadores en caso de resolución de la concesión. Sin duda hubiera sido suficiente una referencia genérica a la posibilidad de gravar con prenda sin desplazamiento todo tipo de derechos de crédito, que es justo lo que hace el segundo de los nuevos párrafos. Pero lo importante es reflexionar sobre el motivo de la reforma. Es cierto que, dada la naturaleza incorporal de los derechos de crédito, seguramente tengan más fácil engarce en este tipo de garantía que en una prenda manual. Sin embargo, seguramente la limitada publicidad que proporciona el Registro de Bienes Muebles tampoco sea bastante para una prenda que es esencialmente oculta, y seguirá siendo preciso comunicar al deudor cedido la pignoración. No es fácil vislumbrar aún las ventajas de optar entre una u otra prenda, pero hay un efecto claro para quien se decida en el futuro por la prenda sin desplazamiento: su constitución, si se materializa en escritura pública, al ser ésta inscribible y con objeto valuable, determinará la sujeción de su otorgamiento al impuesto sobre actos jurídicos documentados. El susto inicial pasa cuando nos percatamos de que la Ley permite en determinados supuestos que la prenda sin desplazamiento se formalice en póliza, en cuyo caso no se devengaría dicho impuesto. Pero no nos engañemos, la excepción es básicamente para operaciones bancarias. Es el precio que hay que pagar por la protección. Lo que queda por averiguar es si la protección será mayor o menor que la que ya teníamos. ❏

Trabajo trata de luchar contra el fraude de las incapacidades temporales El Ministerio anuncia un aumento en el número de inspecciones y estudia la limitación de los encadenamientos de bajas temporales, cuyo coste ronda 650 millones de euros. MARÍA MIRANDA

El Ministerio de Trabajo, con su titular, Jesús Caldera a la cabeza ha anunciado que las bajas por incapacidad temporal están en el punto de mira por las estimaciones de fraude que se producen con las mismas. Según los datos que maneja el Ministerio, anualmente se descubren una media de 20.000 supuestos fraudulentos.

Atajar el fraude Entre las propuestas lanzadas por los técnicos del Ministerio, se encuentra la de redefinir el sistema de pensiones de incapacidad temporal (IT) para limitar la encadenación injustificada de bajas. De este modo, en determinado momento la baja pasaría a ser permanente con el consiguiente abandono del puesto de trabajo y la concesión del correspondiente subsidio. Las personas con IT tienen derecho a una pensión cuya cuantía está en relación a la base reguladora y a los porcentajes aplicables a la misma. Una vez reconocido el derecho, éste puede tener una duración de 12 meses, prorrogables por un mínimo de 6. Según se deriva de los datos del

Instituto Nacional de Empleo (INE), en este plazo, el trabajador recibe una paga sensiblemente superior a la del Salario Mínimo Interprofesional, de 641,25 euros mensuales, lo cual puede dar lugar a la picaresca, ya que de este modo los interesados se acogen a este sistema en repetidas ocasiones, y eluden así los 492,78 euros que, de media, conlleva el subsidio por incapacidad permanente. Por todo ello, los inspectores de la Seguridad Social avalan la creación de un sistema más restrictivo, pese al aviso de los sindicatos que anuncian que medidas en ese sentido podrían ser fuente de conflictividad.

Otras medidas Otras iniciativas puestas en marcha han dado lugar a la creación de una Subdirección específica para el control de las IT. Además el Ministerio ha obligado a los empresarios a comunicar las bajas mediante orden ministerial, tal y como hacen los servicios de salud, responsables de conceder o retirar los partes de baja. Los datos servirán para fijar la duración de bajas estándares según patologías y empleos. ❏

Los sindicatos advierten dela conflictividad de medidas restrictivas.


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SECTORIAL DERECHOS DEL PACIENTE

■ OPINIÓN

Unificar primero, reunificar después ABRAHAM NÁJERA PASCUAL. Asociado Principal CMS Albiñana & Suárez de Lezo (Derecho Bancario y Financiero)

Mayor poder de decisión para los pacientes.

Una Comisión de Bioética velará por el “derecho a una muerte digna” El Ministro de Sanidad y Consumo ha anunciado que su intención no es regular la eutanasia sino velar por el cumplimiento de los deseos de los pacientes a decidir. EDUARDO RIDAO y seis por las Comunidades AuTras el anuncio de la puesta en tónomas. La intención del Mimarcha de la Comisión de Bioénistro es que esta Comisión esté tica (prevista en la Ley de Bioperfectamente conformada anmedicina), el Ministro de Sanites de finalizar la presente legisdad, Bernat Soria tuvo que salir latura. al paso de las especulaciones sobre la eventual regulación de la Derechos del paciente El titular de Sanidad recordó eutanasia. que los avances tecnológicos y el El Ministro fue tajante al afirmar que se trata de garantizar desarrollo médico han generado "más formas de “el derecho a una muerte digna” lo morir", y recordó que en este cual comprende la situación de pasentido ya se han cientes que están "generado norrecibiendo cuidamativas" que "vienen desarrodos paliativos (atención al pallándose con un ciente en estado nivel alto de caliterminal que indad y de honesticluye fármacos dad por parte de que erradiquen el los profesionales dolor) y la posibimédicos". lidad de limitar En este sentido, hizo referenlos tratamientos en los últimos dí- Ministro de Sanidad, Bernat Soria. cia a la estrateas de la vida del gia desarrollada enfermo. en cuidados paliativos por su ministerio, donde las sociedaSin embargo existen una serie des científicas han hecho una de supuestos que no encajan exactamente en los anteriores exposición muy clara de cuál debe ser su desarrollo. Adeenunciados por lo que para los más, defendió la limitación del casos dudosos será necesario esfuerzo terapéutico, que "es el que se pronuncie la Comisión derecho que tiene cualquier paNacional de Bioética que emitirá ciente a decir que no quiere relos informes preceptivos para cibir un tratamiento", siempre decidir las actuaciones proceque haya "garantías" de que el dentes en estos casos. La Comipaciente comprende las consesión estará integrada por doce cuencias de finalizar dicho tramiembros, seis de los cuales setamiento. ❏ rán nombrados por el Gobierno

stos días ha entrado en vigor la Ley 22/2007, de comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores, enésima transposición tardía de una Directiva, cuyos pilares básicos se asientan en dos principios de la regulación sobre ventas a distancia: la necesidad de una adecuada información precontractual y el derecho de desistimiento. Se trata de una ley que prima fundamentalmente el elemento objetivo, los servicios financieros, por encima de quién sea su prestador u oferente, adoptando el ya habitual concepto amplio que engloba tanto servicios bancarios, de crédito o de pago, como servicios de inversión, operaciones de seguros privados, planes de pensiones y la actividad de mediación de seguros. Cuando el proveedor de este tipo de servicios es una entidad de crédito, a normas como esta Ley 22/2007 o la de crédito al consumo, que tutelan en general al consumidor en un terreno, el financiero, que por su contenido económico y a menudo altamente especializado propicia los abusos, se yuxtaponen dos niveles más de protección. De una parte, la normativa que disciplina de forma directa la actividad de las entidades de crédito en aspectos especialmente sensibles, como las operaciones hipotecarias, e impone deberes generales de transparencia en las condiciones contractuales y otras medidas de protección a la clientela. Y de otra, la propiamente bancaria, más difusa desde el punto de vista del cliente, pero más intensa, que persigue la estabilidad de la economía, evitando la quiebra de las entidades de crédito, y protege al depositante como tal, y no sólo como consumidor. En su seno se reserva paradigmáticamente a estas entidades la cap-

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tación de fondos reembolsables del público, toda vez que su inmediata disponibilidad requiere un control de la solvencia de los bancos como “deudores profesionales”. Sin embargo, en los últimos tiempos otra actividad fuertemente ligada a lo bancario, pero no reservada, como es la concesión de financiación, ha ido revelando cierta necesidad de control, al menos en su desarrollo profesional y dirigido a los consumidores. Fruto de ello y del llamamiento social a la regulación de las omnipresentes empresas de reunificación de deudas, contamos desde hace meses con un Anteproyecto de ley de protección de los consumidores en los

las entidades bancarias (en materia de folleto de tarifas de comisiones aplicables, tablón de anuncios, comisiones por cancelación, información previa, comunicaciones comerciales y publicidad, etc.), pero todo ello sujeto a un régimen sancionador paralelo, ya que se configura su inobservancia como infracción en materia de protección a los consumidores. Siendo buenas las intenciones, y dejando a un lado el caos que el anteproyecto desata, con preceptos de general aplicación, otros restringidos a empresas de reunificación de deudas o a entidades de crédito, pero que inmediatamente después se extienden también a las otras, con pervivencia de regulación Se trata de una ley que prima de diversas fuentes fundamentalmente el elemento que luego se reproduce a la que se hace objetivo, los servicios referencia indistintamente, y el rosario de financieros, por encima de medidas hiladas con quién sea su prestador escasa fortuna, uno puede dejar de Contamos con un Anteproyecto no preguntarse, en el de ley de protección de los fondo, si es necesaria esta duplicidad de consumidores en los servicios regímenes supervisode intermediación y en la res que anudan además consecuencias contratación de créditos y jurídicas distintas en préstamos función del sujeto implicado. Si el Banservicios de intermediación y co de España supervisa a emen la contratación de créditos presas que se dedican al leay préstamos. sing, factoring u otras activiLa fórmula elegida aboga, en dades con mucha menor relediferente medida, por la extenvancia social, ¿por qué no a las sión de las normas mencionaque reunifican nuestras deudas, propias de las entidades de das y nos ayudan a prolongar crédito, a estas empresas. nuestra agonía financiera? El Primero, obligando a su insproblema quizás no es ese, sicripción en un registro espeno si nuestro regulador tiene cial y a que cuenten con un selos medios materiales y persoguro de responsabilidad civil nales suficientes para ello, haque cubra posibles responsabida cuenta del cambio de bilidades frente a los consumimentalidad en el conjunto de dores, como sustitutivo del réla sociedad española en los úlgimen de supervisión de las timos veinte años, pues hemos entidades de crédito por el pasado de considerar socialBanco de España. mente reprochable no pagar Después, mimetizando y una adquisición al contado, a ampliando a estas empresas recurrir masivamente y sin buena parte de la normativa ningún pudor al crédito para sobre transparencia propia de comprar cualquier cosa.❏


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LA TRIBUNA DEL DERECHO

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AL DÍA FRAUDE FISCAL

■ OPINIÓN

With a little help from my friends De la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas a la Ley de Contratos del Sector Público ABRAHAM NÁJERA PASCUAL. Asociado Principal CMS Albiñana & Suárez de Lezo

omo todo abogado especializado en un despacho generalista, uno al final acaba por perder el contacto directo con algunas disciplinas, como el derecho administrativo o el laboral, que, además de requerir el mismo estudio intenso y continuado que cualquier otra rama jurídica, si no más, suelen quedar a cargo de otros profesionales. En mi caso, aún habiendo dejado atrás una etapa universitaria centrada precisamente en el derecho público e incluso una breve y atrevida incursión como profesor particular de derecho tributario, absorto inevitablemente por esa bestia que es el derecho bancario y financiero, hubiese sido una imprudencia y una temeridad aventurarme a escribir sobre una Ley como la 30/2007, de Contratos del Sector Público, sin contar con la inapreciable ayuda de mis amigos y compañeros de derecho administrativo. Y es que se trata además de una ley completa y compleja, que no se limita a parchear una preexistente, cosa que he de admitir que me molesta sobremanera, sino que toma la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aún vigente hasta que a finales de abril de 2008 la derogue casi totalmente, y la reformula desde el enfoque de la Directiva 2004/18/CE. Una primera aproximación inadvertida puede ofrecer la idea equivocada de que la mayoría de los artículos permanecen invariados, ya que parece sencillo identificar preceptos completos de la antigua ley en muchos casos simplemente reubicados. Sin embargo, una lectura profunda revela que, además de haberse extirpado toda la regulación relativa a la financiación de concesiones, que será objeto de una norma específi-

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ca, la ley, sutil pero definitivamente, cambia el panorama de la contratación pública. De una parte, cumpliendo el mandato comunitario, lleva a cabo una decidida delimitación de su ámbito subjetivo de aplicación que despeja las dudas acerca de la sujeción de algunos entes públicos a la normativa sobre contratación administrativa más allá de su sometimiento a los principios de publicidad y concurrencia. Después la propia ley modula y concreta el alcance que para cada uno de ellos han de tener sus previsiones, asignándoles diferentes intensidades de regulación y exigencia, sin que ello suponga una reserva en cuanto a la

ración entre el sector público y el sector privado, intento de traslación de los celebérrimos PPPs (Public-Private Partnerships) anglosajones. Sin embargo, su escasa regulación es vaga, incompleta, y únicamente siembra dudas sobre su tratamiento, fronteras y utilización. Junto con el diálogo competitivo, procedimiento de adjudicación al que aparece íntimamente ligado, dibuja un escenario en el que la administración básicamente es incapaz de definir adecuadamente sus objetivos y cómo alcanzarlos, y acude al sector privado para precisar y plantear sus propias necesidades y las correspondientes soluciones, a través de un proceso negociado que conduce, a buen seguro tras un largo camino, a un «Una figura en esta norma diseñado a la que ha despertado interés, es acuerdo medida. Su amplísiciertamente la del contrato de mo objeto, como actuación global e intecolaboración entre el sector grada, puede termipúblico y el sector privado, nar comprendiendo, junto a la financiación intento de traslación de los de las inversiones necelebérrimos PPPs (Publiccesarias, la construcPrivate Partnerships)» ción, mantenimiento, explotación, gestión utilización de algunos de los y/o fabricación de bienes, insinstrumentos o formas de talaciones u obras o prestacontratación que en origen se ción de servicios. prevén sólo para las AdminisUna indefinición que hace traciones Públicas, que puedifícil anticipar el uso, o abuden ser voluntariamente so, por más que se exija que adoptados por otras entidalas finalidades públicas persedes. guidas no puedan satisfacerse Entre estas técnicas y hea través de fórmulas alternatirramientas se contemplan vas, que se hará de esta forma precisamente algunas de las contractual en la práctica. Lo novedades de la ley, como la curioso es que mientras otros subasta electrónica, los inspaíses, como Portugal o Huntrumentos para la racionalizagría, se interesan por nuestro ción de la contratación modelo de concesión de obra (acuerdos marco, sistemas dipública aplicado fundamennámicos de adquisición o talmente a la construcción y centrales de compras) o los explotación de hospitales, contratos de colaboración ennosotros nos asomamos, dantre el sector público y el secdo un paso adelante, o atrás, tor privado. según se mire, a una forma de Si hay una figura en esta contratación carente en el denorma que ha despertado inrecho comparado de la agiliterés, es ciertamente esta últidad que otros buscan en nuesma, la del contrato de colabotros procedimientos. ❏

Se limitan los contratos para immigrantes.

Modificaciones en la contratación de extranjeros Ante las críticas recibidas por agrupaciones sindicales y por el sector empresarial, el Ministerio de Trabajo ha elaborado una serie de reformas en relación con la contratación de trabajadores inmigrantes. EDUARDO RIDAO

Desde la cartera de Trabajo se ha anunciado la modificación del actual marco de contratación y formación de extranjeros en sus países de origen, después que la actual regulación dada básicamente por la orden ministerial publicada el pasado mes de febrero, despertara importantes críticas.

Situación actual En la mencionada norma se establecían ayudas económicas y subvenciones para empresas o asociaciones que formen trabajadores en sus países de origen, a través de empresas locales de ese país y que a su vez le imponían el compromiso de contratar el sesenta por ciento del total de trabajadores que formen en ese lugar.Las críticas formuladas se centraban en que mediante esta norma se introducía una nueva vía de contratación de extranjeros, ampliando el contingente de trabajadores extranjeros susceptibles de contratación, que se fija anualmente y además utilizando los fondos de las cotizaciones dirigidos a la formación de parados en España para financiar cursos de formación para extranjeros no residentes.

Novedades Las principales modificaciones introducidas consisten en la li-

mitación de contratos que pueden efectuarse por este procedimiento, que en todo caso deberá realizarse dentro del cupo anual establecido en el contingente de extranjeros, así como la elevación del porcentaje que se debe contratar de las personas que finalicen los cursos de formación con evaluación positiva, que pasa del sesenta por ciento al cien por ciento, aunque contemplando la posibilidad de que los empresarios cuenten con mayor libertad a la hora de elegir a las personas que contraten, lo cual no sucedía con la actual regulación y que era un reclamo del sector empresarial. Además de los cursos de formación los extranjeros deberán aprobar otras asignaturas antes de desembarcar en nuestro país, como conocimientos básicos en materia de prevención de riesgos laborales, y específicos respecto de la actividad a desarrollar y también un curso de español para el supuesto de que ése no sea su idioma, y de derechos y deberes de los habitantes en España. Se establecen restricciones a la financiación de estos programas, en especial en relación a las comunidades autónomas que en ocasiones aprobaban convenios especiales para empresas que operaban únicamente en esa zona. ❏

Prensa 2003 2007