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Análisis
Guatemala, lunes 21 de abril de 2014
Gestión de bosques, un tema de Estado
Eddie Fernández Eddie.Fernandez@dca.gob.gt
E
Gran impacto
l Ejecutivo coordinó la elaboración incluyente de una iniciativa de ley para el establecimiento de un nuevo programa de incentivos forestales, con el que se pretende que la administración de la cobertura boscosa se convierta en uno de los ejes principales del desarrollo rural. Un número más amplio de beneficiarios, institucionalidad mejor establecida y fortalecida, así como la ampliación estratégica de sus funciones, son las novedades más importantes de este mecanismo que se perfecciona en beneficio del país, del mundo y de las generaciones presentes y futuras.
Probosque, igual que Pinfor, contará con un presupuesto equivalente al 1 por ciento de los ingresos ordinarios del Estado para realizar pagos en efectivo a quienes se dediquen al establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales con fines industriales o energéticos; a la administración de sistemas forestales, o al manejo de bosques naturales con fines de producción y de provisión de servicios ambientales. De este monto se prevé que se realice una inversión anual en la economía rural equivalente a Q465 millones. Durante el período 2017-2037 se registrará una inversión de Q23 mil millones: Q8 mil millones del sector público y Q15 mil millones de la iniciativa privada. Se estima además que se generarán 900 mil nuevos empleos rurales no agrícolas, solo en las labores de protección y recuperación de cobertura arbórea. Con la entrada en vigencia de Probosque incrementará el área dedicada a la producción de madera de 120 mil hectáreas a 800 mil, por lo que representantes del sector privado planifican desde ya la creación de 3 polos de desarrollo en El Progreso, Las Verapaces y Petén.
Acciones consistentes
En términos de política pública, el manejo y conservación de la cobertura forestal ha sido uno de los esfuerzos más consistentes desarrollados por el Estado de Guatemala. Evidencia de ello es la entrega, el 19 de febrero, por parte del presidente de la República, Otto Pérez Molina, al titular del Legislativo, Arístides Crespo Villegas, del proyecto de Ley de Fomento al Establecimiento, Recuperación, Restauración, Manejo, Producción y Protección de Bosques en Guatemala (Probosque), para su aprobación por parte del Congreso. Se trata de una iniciativa que, cuando sea aprobada, sustituirá a la del Programa de Incentivos Forestales (Pinfor) administrado por el Instituto Nacional de Bosques, el cual tiene una vigencia de 1997 a 2016. De manera que con 2 años y medio de antelación se ha concretado la propuesta en la culminación de un proceso participativo de más de 24 meses, en el que han aportado la mayoría de los 50 grupos de interés del sector de bosques, que incluye organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, sector privado y comunitario, academia, municipalidades, profesionales y pueblos y comunidades indígenas. Un indicador importante del grado de madurez que la gestión del tema va adquiriendo es la extensión del plazo de vigencia del Programa, de 20 años en el Pinfor a 30 con Probosque, tiempo considerado suficiente para un adecuado desarrollo y medición de cumplimiento de objetivos, metas e impactos. Por otro lado, es importante mencionar que el Probosque está debidamente articulado con otras normativas, como la Política de Cambio Climático; las políticas agrícolas, de turismo, hidroenergía y construcción; la Política Energética; la Política de Competitividad y Empleo, y con el Pacto Hambre Cero. Es así como la nación se va dotando de herramientas de gestión más adecuadas para cumplir de mejor manera con el man-
Ilustración: Esteban Arreola
dato constitucional que declara de urgencia nacional y de interés social la reforestación del país y la conservación de la cobertura boscosa.
Mayor alcance
En general, el papel del Pinfor es bien calificado por los sectores involucrados en el manejo forestal; no obstante, con el nuevo programa se pretende que los bosques se constituyan en un pilar del desarrollo rural y continúen siendo un componente estratégico para enfrentar las demandas en materia de adaptación y mitigación del cambio climático, de aprovisionamiento de madera y leña, y para brindar servicios al sistema ecológico que sirvan de base a actividades agrícolas, turísticas y de soporte a la infraestructura social y productiva del país. Entre las variaciones positivas de un programa a otro se puede destacar el hecho de que ahora podrán acceder a los incentivos no solamente los propietarios de terrenos, sino también grupos que ocupen terrenos municipales, titulares de derechos en tierras de reserva, y en territorios de cooperativas y de gru-
pos sociales e indígenas que han ocupado terrenos bajo regímenes especiales. Esto, además, responde al mandato constitucional de proteger los terrenos comunales. La nueva posibilidad de asignar recursos a tierras de reservas estatales permitirá, por ejemplo, la recuperación y conservación del sistema manglar. Asimismo, la normativa incluye una definición para el tema de restauración de tierras forestales degradadas, actividad muy importante que se estima el país requiere en un tercio de su territorio.
Gestión integral
Una característica importante de Probosque es que, además, brindará servicios de apoyo a los beneficiarios, especialmente a pequeños productores y grupos comunitarios, en aspectos como acceso a créditos, capacitación y asesoría legal. De igual manera, buscará mejorar las capacidades técnicas y logísticas de las Oficinas Forestales Municipales y de otras organizaciones gubernamentales, para la correcta aplicación de los procedimientos.
Con esta finalidad serán establecidas 4 oficinas subregionales del Programa. Todo lo anterior se logrará con un aporte único y extraordinario de Q15 millones que está estipulado en la iniciativa de ley. De aprobarse la propuesta entregada por el Ejecutivo, se crearía el Fondo Nacional de Bosques, que sería la dependencia que permitiría administrar los recursos económicos que se generen por la administración del monto para incentivos, así como diversos ingresos que la gestión forestal puede lograr, como donaciones, bonos, regalías, créditos o cualquier título otorgado al Estado. El programa de incentivos forestales vigente y el que se ha propuesto evidencian cuánto las acciones gubernamentales se pueden fortalecer y perfeccionar con la participación de los sectores interesados. Son, sin duda, acciones trascendentales que contribuyen al fortalecimiento del Estado y al mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Constituyen también una muestra incuestionable de responsabilidad internacional e intergeneracional, digna de naciones comprometidas con el desarrollo sustentable.