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EL DIARIO DE LOS JUICIOS EN CÓRDOBA

PUBLICACIÓN INDEPENDIENTE · DISTRIBUCIÓN GRATUITA

A IX · N 59 · N 2017

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La continuidad de los juicios en la Argentina del cambio UN DEBATE SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LAS POLÍTICAS DE DERECHOS HUMANOS Páginas  y  · P A O Páginas  y  · P C P

LA PRIMERA SENTENCIA QUE CONDENA A MIEMBROS DE LA JUSTICIA EN CÓRDOBA

Juicio a los Magistrados y a la “sagrada familia”

Alexis Oliva

EL EXTENSO PROCESO JUDICIAL QUE LLEVÓ A JUICIO A MIEMBROS DE LA JUSTICIA FEDERAL CORDOBESA FUE EL PRIMERO EN SU TIPO Y TERMINÓ CON UNA SENTENCIA MÁS DÉBIL DE LA ESPERADA. LOS IMPUTADOS ESTABAN ACUSADOS DE ENCUBRIR EL ASESINATO DE TREINTA PRESOS POLÍTICOS DURANTE 1976. Absuelto. El ex juez federal Carlos Otero Álvarez a la salida de la última audiencia.

P.  y  · P A O

EN PROFUNDIDAD

¿Qué pasó con Santiago? UNA CAUSA CON MÁS INTERROGANTES QUE CERTEZAS.

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EDITORIAL

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Nuestro trabajo es defender los logros que se han conseguido.

La situación regional “Es necesario un disciplinamiento social, para bloquear cualquier atisbo de protesta social”.

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EL JUICIO POR DENTRO

Noviembre de 2017 | Será Justicia

Con las libertades en riesgo En medio del avasallamiento sobre derechos y garantías de este gobierno, nosotros seguimos trabajando en la defensa de los logros acumulados en estos años de lucha. Hemos concluido un juicio históricamente representativo de lo que llamamos “complicidades jurídicas”. Haber sentado en el estrado a parte del Poder Judicial cómplice de la dictadura, legitima nuestros objetivos. Empezar un nuevo juicio en este contexto nos fortalece como organizaciones representantes de una parte de la sociedad que no renunciará a las banderas de Memoria, Verdad y Justicia. Las medidas económicas adoptadas por el gobierno –reformas tributarias, laborales y previsionales– son las herramientas con las que intenta dominar las voluntades y disciplinar a la pobla-

EDITORIAL • Por Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba

ción, mientras nos endeudamos en cifras escalofriantes. Avanza rápidamente el deterioro del Estado de derecho con la anuencia del Congreso. El miedo a la pérdida de empleos, la fragilidad del salario y el debilitamiento de las instituciones crean en la población la incertidumbre necesaria para paralizar la conciencia. A esto se le suma el cercenamiento de la información con el cierre y la precarización de los medios de comunicación. El monopolio mediático no es sólo propietario de la palabra y de un discurso único, sino que a través de mentiras y silencios va creando una realidad funcional a las grandes corporaciones. Mientras un grupo de poderosos empresarios acumulan ganancias acá y en el exterior, los sectores medios se van empobre-

ciendo y los más humildes quedan excluidos. Las libertades y garantías constitucionales están en riesgo. En estos momentos, las organizaciones de DDHH junto a las organizaciones sociales, estudiantiles y de trabajadores tenemos que poner freno al avance para preservar la democracia y poner un límite a los ajustes, como así también estar atentos a las violaciones de derechos de las que somos víctimas cotidianamente. Nuestros objetivos están puestos en la promoción y protección de los derechos humanos, si por tales se entiende el reclamo de respeto a la dignidad de todas las personas, seguiremos intentando un modelo de inclusión y nunca de exclusión como el que intenta el neoliberalismo.

CAUSAS GONZÁLEZ NAVARRO Y VERGEZ • INCLUYEN A 61 VÍCTIMAS CAUTIVAS EN EL CAMPO DE LA RIBERA Y EL D2

Comenzó el décimo juicio de lesa humanidad 21       C    , , ,            .

Varios acusados con sentencias anteriores pidieron el cómputo de x en las condenas. En todos los casos, la Justicia Federal de Córdoba lo rechazó por inconstitucional.

Ana Mariani

El Tribunal Oral Federal Nº 1 (TOF Nº 1) de Córdoba comenzó a juzgar el martes 21 de noviembre desde las 9.30 horas a 21 represores de la dictadura cívicomilitar, por crímenes de lesa humanidad cometidos por el Ejército y la Policía de Córdoba contra 61 víctimas en los centros clandestinos de detención de Campo de la Ribera y el Departamento de Informaciones (D2). En las causas González Navarro y Vergez figuran Luciano Benjamín Menéndez, Héctor Pedro Vergez, Jorge González Navarro, Ernesto Barreiro, Jorge Exequiel Acosta, Luis Gustavo Diedrichs, Yamil Jabour, Luis Alberto Choux, Mirta Graciela Antón y Calixto Luis Flores, entre un total de 21 acusados por los delitos de privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos, homicidio, homicidio en

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Otra vez al balquillo. La mayoría de los imputados ya tienen condenas anteriores.

grado de tentativa, abuso deshonesto y violación, en todos los casos agravados por la condición de funcionario público del victimario y de perseguido político de la víctima. El TOF Nº 1 está integrado por los jueces Julián Falcucci, Jaime Díaz Gavier y Juan Carlos Reynaga, el fiscal Maximiliano Hairabedian representa al Ministerio Pú-

blico Fiscal y se espera que declaren unos cincuenta testigos. C  . El de las causas González Navarro y Vergez es el décimo juicio de lesa humanidad que se realiza en Córdoba, desde que en 2005 la anulación de las leyes de impunidad permitiera reiniciar el juzgamiento al terrorismo de Estado.

LUIS M. BARONETTO · CLAROSCUROS DE UNA CAUSA SENSIBLE AL PODER

“Llegar a este juicio fue un logro” que deriva en una “condena social” Luis Miguel Baronetto, ex preso poa los ex magistrados acusados. lítico y esposo de Marta Juana GonEn ese sentido, su balance refleja zález, una de las víctimas fusiladas los claroscuros de un proceso que por “ley de fugas” en octubre de afrontó resistencias: “Visto en pers, fue el denunciante de la causa, pectiva, este juicio no logra reconciquerellante particular y testigo en el liar a la Justicia con la comunidad. El juicio oral. Consultado por Será Justicia, consideró que las condenas fallo sigue abonando la falta de credibilidad de ese poder. Por otro lafueron “leves e incompletas” y cuesdo, fue un logro, porque no es fácil tionó: “A pesar de la gravedad de los Testigo. “Se trató de invisibilizar la causa”. que el Poder Judicial haga justicia hechos y la contundencia de la prueba, el tribunal fue extremadamente complaciente con los im- con los poderosos y menos con sus congéneres. Más allá de putados para que no tengan que ir a la cárcel a compartir la que hubo una reacción corporativa desde el inicio de la causa, es posible encontrar resquicios y plantear una investigasuerte de los delincuentes”. En una conferencia de prensa previa al inicio del juicio, Ba- ción contra todos los molinos de viento del poder”. Por otra parte, refutó la idea de que un secretario penal era ronetto había denunciado un intento de “invisibilizar” este proceso: “Cuanto más rápido pase y menos se vea, mejor” pa- “un simple fedatario”, que parece haber estado en la base de ra los acusados, que “tienen redes muy asentadas en la so- la absolución a Otero Álvarez –se sabrá con la lectura de los ciedad cordobesa”. Una vez finalizado, valora como una con- fundamentos, el  de diciembre–. Para Baronetto, “se demosquista que se haya podido arribar a la instancia del juicio, lo tró que era un activo constructor de los expedientes”.

En julio de 2008, el TOF Nº 1 condenó por primera vez a Menéndez y otros siete represores en la causa Brandalisis. Desde entonces, se juzgó a los autores materiales e intelectuales de las Fuerzas Armadas y de seguridad en grandes procesos, como el de los fusilamientos de la ex Unidad Penitenciaria Nº 1 –que tuvo a Jorge Rafael Videla como principal acusado y condenado–, la Megacausa La Perla-La Ribera y el reciente proceso a los magistrados acusados de complicidad. Entre los acusados del juicio que recién se inicia, varios fueron condenados en otras causas y pidieron el cómputo de 2x1 de

las penas, que la Corte Suprema concedió a un condenado por crímenes de lesa humanidad. Hasta ahora, el criterio de la Justicia Federal de Córdoba ha sido negar el 2x1 por inconstitucional. “N    ”. Cuando el juez Falcucci preguntó al ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército si tenía antecedentes penales, Menéndez respondió: “¿Antecedentes penales? Lo único que tengo en mi haber son estos juicios, que son ‘artificiales’. Ni siquiera he pasado un semáforo en rojo en mi vida. (...) No voy a decir nada porque estos juicios son inconstitucionales. He decidido no hablar más”.

UN EJERCICIO DE FANTASÍA • POR A. O.

La escena que no fue D    -            Cuando en 2007 se presentó la denuncia contra los magistrados por complicidad con el terrorismo de Estado, la jueza de instrucción Cristina Garzón de Lascano decidió investigarla por separado de la causa donde se juzgarían los hechos: las torturas y fusilamientos a presos políticos en la Unidad Penitenciaria Nº 1 en 1976. Así evitó que fueran juzgados en 2010 y nos privó de esta escena: • Los ex funcionarios judiciales comparten el banquillo de los acusados con Videla, Menéndez y sus subalternos militares y policías, protagonistas de asesinatos alevosos, torturas, secuestros y violaciones. • El juicio se realiza en la amplia sala del TOF Nº 1, donde más de un centenar de personas mira a

los acusados a través de un vidrio; donde los ex magistrados pueden ver desde el banquillo los retratos que ponen rostro a los nombres de tanto habeas corpus rechazado. • La multitud sigue desde la calle jornadas claves del juicio. • La prensa local, nacional e internacional comunica al mundo las alternativas del proceso. • María Elba Martínez representa a varias víctimas. • La tríada Memoria, Verdad y Justicia es política de Estado. • La sentencia es ejemplar, como en Mendoza. Entre el 25 de julio y el 7 de noviembre de 2017, asistimos a la escena real, con rotundas diferencias. Pero el juicio a los Magistrados finalmente se realizó, y no fue poca cosa.


EL JUICIO POR DENTRO

El diario de los Juicios en Córdoba| Año IX · Nº 59

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EL PODER JUDICIAL EN EL BANQUILLO • FINALIZÓ EL PRIMER PROCESO A CÓMPLICES CIVILES DE LA DICTADURA EN CÓRDOBA | Por Alexis Oliva

Una sentencia condicionada por los anticuerpos de la “sagrada familia” E TOF N> 2   C O Á  R H       M Á P  A C  “    ”. F           .

L  . Los crímenes encubiertos fueron secuestros, torturas y violaciones perpetradas por miembros del Ejército y la Policía contra 75 presos políticos a disposición de la Justicia Federal; entre ellos, tres acribillados en el Departamento de Informaciones (D2), 25 sacados de la Unidad Penitenciaria Nº 1 (UP1) y fusilados en simulados intentos de fuga, y otros dos asesinados en los patios de la prisión ante decenas de testigos. La masacre se dosificó en diez episodios, entre el 20 de abril y el 11 de octubre de 1976, tal como anunciara el general Juan Bautista Sasiaiñ. Cuando el Ejército asumió el control de la UP1 en abril de 1976, el segundo de Luciano Benjamín Menéndez en el Tercer Cuerpo de Ejército les anunció a los presos políticos del Pabellón 8: “Los vamos a matar de a poco, como a las ratas”. Amenazas, detenciones sin orden judicial, torturas y fusila-

L  Los ex funcionarios de la Justicia Federal estaban acusados de encubrir los asesinatos de treinta presos políticos, dosificados en una decena de episodios entre abril y octubre de  y justificados con el mentiroso y repetido pretexto del intento de fuga. “Tenía que haber un complot de los magistrados”, aseguró el ex preso político David Lanoscou.

Alexis Oliva

“Con esto, el juicio ha terminado”, dijo el juez Julián Falcucci, en medio de un rumor de protesta que crecía desde la calle. Segundos después, Ricardo Haro, ex defensor oficial, juez camarista y conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recibía el efusivo abrazo de su abogado Benjamín Sonzini Astudillo. Al mismo tiempo, el ex secretario penal y luego juez federal Carlos Otero Álvarez se levantaba del de banquillo de acusados, besaba a su esposa y en voz no tan baja le decía: “Se terminaron cinco años de persecución”. Ambos habían sido absueltos, pero también tenían motivos para celebrar el ex juez Miguel Ángel Puga y el ex fiscal Antonio Cornejo, condenados a tres años de prisión en suspenso por el Tribunal Oral Federal Nº 2 acusados de encubrir crímenes del terrorismo de Estado. Los fiscales Carlos Gonella y Facundo Trotta habían pedido siete años de prisión para Otero Álvarez, cinco para Puga y Cornejo y dos para Haro, las máximas posibles que habilitan las figuras penales que quedaron en pie tras una instrucción erosionada por los vientos corporativos del Poder Judicial: abuso de autoridad, violación de funcionario público, incumplimiento de la obligación de perseguir delincuentes y encubrimiento.

Abucheados. La salida de los ex funcionarios judiciales de la sede de Tribunales Federales fue acompañada de gritos de justicia.

mientos de presas y presos, eran permanentemente denunciados a los funcionarios judiciales que los tenían a cargo, según recordaron varios testigos en la fase testimonial del juicio. Pero los funcionarios preferían creer las mentirosas versiones que el Ejército hacía publicar a la prensa. 31 años más tarde, Otero Álvarez integraría el tribunal que en 2008 le impuso al ex jefe del Tercer Cuerpo su primera condena a prisión perpetua. Si bien en abril de 2009 renunció como juez, dos años después el Consejo de la Magistratura reprocharía su “actitud colaboracionista” con los delitos de lesa humanidad. E  . El ex secretario penal absuelto habló de “cinco años de persecución”, aunque son diez los años que pasaron desde la denuncia presentada el 27 de septiembre de 2007 por Luis Miguel Baronetto, Juan Miguel Ceballos y Rubén Arroyo, en el contexto de la investigación de los fusilamientos de la UP1. Una decena de apartamientos y recusaciones agotó a los jueces y fiscales cordobeses en condiciones de instruirla. La instrucción parecía naufragar. En 2010 derivó en el juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, y en abril de 2011 la Cámara Federal de Córdoba rechazó la prescripción. Esto habilitó un punto de infle-

xión impensado, cuando a instancias de los fiscales Gonella y Trotta el juez Herrera Piedrabuena procesó y ordenó detener a los por entonces cinco acusados: Puga y Otero Álvarez en la cárcel; Cornejo, Haro y el ex defensor oficial Luis Molina, en prisión domiciliaria. Desde aquel 1º de septiembre de 2012, cuando una camioneta del Servicio Penitenciario lo trasladó al complejo carcelario de Bouwer, cuenta Otero Álvarez los cinco años. Luego Molina fue apartado por razones de salud –como antes el ex fiscal Alí Fuad Alí–. Los demás procesados recuperaron la libertad y la instrucción volvió a estancarse, hasta que en mayo de 2015 la Cámara Federal confirmó los procesamientos, al considerar que los crímenes incluidos en la investigación “no habrían podido cometerse sin el auxilio o cooperación de los magistrados o, al menos, no habrían tenido lugar con la impunidad con la que se llevaron a cabo”. No obstante, en esa instancia se cambió la figura de “complicidad”, que proponía la instrucción y hubiera habilitado penas de entre diez y veinte años, por los delitos autónomos funcionales con que llegó a juicio, que prevén penas menores. La causa quedaba en el umbral del juicio, pero las contramarchas para conformar el tribunal demoraron otros dos años.

La mañana del 24 de julio de 2017, los acusados y sus abogados VIP llegaron al TOF Nº 2 de Córdoba, se acomodaron sus elegantes trajes y miraron con extrañeza las multicolores siluetas de madera que evocan a los fusilados de la UP1. Al iniciarse el hasta ahora único juicio vinculado al plano civil de la dictadura, en la pequeña sala donde se apretaban jueces, fiscales, querellantes, defensores, acusados y unos pocos familiares de las víctimas, de no ser por la bandera detrás del tribunal, no se podía saber quién juzgaba a quién. “H  ”. El 25 de enero de 1976, David Lanoscou y su esposa Patricia Machado fueron secuestrados, torturados durante 15 días en el D2, y luego legalizados y trasladados a la UP1. Primer testigo del juicio, Lanoscou relató que en marzo de ese año tuvo una primera entrevista con el juez Zamboni, su secretario Otero Álvarez y el defensor Molina, a quienes denunció los tormentos sufridos. A Cristian Funes, compañero de celda, los militares le dijeron que iba a “mirar crecer los rabanitos desde abajo”. El 30 de junio del 76 lo fusilaron junto a Marta Rosetti. “Para sacarlo de una cárcel legal, tenía que haber un complot de los magistrados”, dedujo. El testigo Manuel Cannizzo na-

rró que en junio del 76 denunció ante Otero Álvarez las torturas, golpizas y asesinatos de sus compañeros de cautiverio. En otra entrevista mantenida en julio, le comunicó que Hugo Vaca Narvaja “estaba bajo permanente amenaza de muerte”. “Me respondió que no podía hacer nada, que no podía intervenir porque Vaca Narvaja no tenía ninguna causa”, recordó Cannizzo. El 12 de agosto, Vaca Narvaja fue asesinado junto a Higinio Toranzo y Gustavo De Breuil. E  . Escuchados los alegatos de las querellas, fiscalía y defensas, al momento de las réplicas, Marcelo Brito, defensor de Otero Álvarez, advirtió al tribunal: “Si, sólo en una hipótesis que yo no acepto desde la razón, vuestra excelencia llegara a dictar una sentencia condenatoria contra mi asistido, yo solicito se remitan las copias de los antecedentes del fiscal por omitir la mención de otros funcionarios y empleados que intervinieron”. El fiscal Gonella respondió que a él le tocó actuar recién después de que muchos otros se apartaran. A las 12.45 del 7 de noviembre, la sentencia fue acorde a la “razón” del abogado Brito. Al abandonar por última vez el palacete de Hipólito Yrigoyen y Crisol, los absueltos y condenados leves cambiaron el gesto serio del primer día por el de satisfacción. Se abrazaron con sus familiares, intercambiaron alguna mirada con sus custodios y caminaron los escasos metros hasta sus autos, fingiendo ignorar los insultos y ese cántico repetido, propio de tiempos sin justicia y con escrache: “¡Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar!”.


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ACTUALIZACION DE UN DEBATE NECESARIO: CUAL ES LA REAL VAL

Noviembre de 2017 | Será Justicia

INFORME ESPECIAL • DIVERSAS MIRADAS SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN ARGENTINA | Por César Pucheta

La continuidad de los juicios, una carrera contra el tiempo

Ilustración: Hernán Cappelletti

L            DDHH   A. C           J                   . ¿P  E    ?

esde la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, los procesos por delitos de lesa humanidad se multiplicaron en el país, haciendo de la Argentina un ejemplo en el mundo. Pese a las dificultades que se sortearon en más de una década de continuidad procesal, las políticas de memoria, verdad y justicia se mantuvieron como una política de Estado incuestionable, recibiendo el beneplácito de la mayor parte de la sociedad argentina. Las estadísticas advierten una curva ascendente que alcanzó un pico de 25 juicios finalizados en los años 2012 y 2013, para luego descender en modo constante, hasta llegar al pico más bajo en este 2017. Según datos del Ministerio Público Fiscal, desde el 2006 hasta octubre de este año se dictaron 193 sentencias por las que fueron detenidas 1064 personas. 533 están en prisión domiciliaria y 449 en cárceles federales. También hay 38 prófugos, mientras que 754 están procesados. De un tiempo a esta parte, algunos discursos que parecían haber quedado en las etapas más oscuras del pasado reciente

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resurgieron con la intención de instalarse en la escena de la discusión pública. Pese a eso, los procesos continuaron y las estrategias para acelerarlos ingresaron en un terreno de tensiones complejo, donde se combinan intereses políticos, factores coyunturales, pases de factura y un aparente “viraje” jurisprudencial. Hace un mes, la Cámara de Casación Penal anuló las condenas al empresario Marcos Levín. Así, la primera condena a un cómplice civil quedó suspendida en un fallo en el que, incluso, se cuestionó a los testigos que relataron la presencia de Levín en el lugar de las torturas. Un par de semanas atrás, la Cámara Federal ordenó la liberación de ocho policías procesados por crímenes cometidos entre 1976 y 1977 argumentando que pudieron no reconocer su accionar delictivo. En la causa, se probó que los disparos efectuados por los acusados provocaron la muerte de todas las víctimas. Todas recibieron tiro de gracia, todas fueron fusiladas y acribilladas. ¿Qué pasará con los juicios por delitos de lesa humanidad en nuestro país?

GUSTAVO TISSERA | Familiares de Desaparecidos Córdoba

“La Justicia de Córdoba ha seguido una conducta digna” La situación de derechos humanos en la Argentina pinta muy fea, más allá de los juicios. Al día de hoy, tenemos presos políticos y una desaparición forzada seguida de muerte sin esclarecimiento. Todo indica un retroceso. Hay gente del partido gobernante que está tratando a los genocidas como si fueran unos pobres ancianitos que tienen que irse a su casa. Dicen que han sido condenados sin pruebas y cosas por el estilo. Sin duda ese pensamiento representa a un sector de la sociedad (y también del gobierno) que quiere retroceder. Pero también estamos las organizaciones socia-

les para evitar que eso suceda. Vamos a luchar contra viento y marea para que esto no se detenga. En Córdoba. La Justicia de Córdoba ha seguido una conducta digna. A tal punto que ha juzgado a sus propios pares y sigue juzgando a los responsables del genocidio. Pero también tenemos que decir que a nivel nacional hay fallos que preocupan. Finalmente, pareciera apropiado decir que Córdoba es un caso especial con particularidades únicas. Esperemos que, en este aspecto, Córdoba siga siéndolo y se sigan desarrollando los juicios como hasta ahora.


LORACION QUE TIENEN LOS DDHH EN LAS POLITICAS DE ESTADO

MARIANO FRIDMAN | Programa Verdad y Justicia, Sec. de DDHH de la Nación

“Tenemos que pensar estrategias para acelerar los procesos” Un compromiso de la Secretaría es continuar y profundizar las políticas de memoria y justicia, que son la base fundamental de los juicios por delitos de lesa humanidad. Esto se pone de manifiesto en las 222 causas que nos tienen como querellantes a lo largo del país. Ese número ha crecido en comparación con 2015. Por ejemplo, la Secretaría es querellante en las dos causas que se le siguen a Milani, que antes no estaban. El programa Verdad y Justicia hace un seguimiento exhaustivo de los procesos en curso, desde el contacto con los testigos-víctimas hasta los informes de cada causa particular. Esto se complementa con otras tareas que realiza la Secretaría en cada una de sus áreas, que tienen que ver con la comprensión del universo de los DDHH desde diferentes problemáticas de la actualidad. Dificultades. Una preocupación es la dificultad que tiene la Secretaría para conformarse como parte querellante en diferentes puntos del país, ya que no hay abogados en todas las juridicciones.

Atendemos ese problema y buscamos solucionarlo. Demoras. Hay problemas con el funcionamiento de la Justicia en general. La celeridad (o no) de los procesos tiene que ver con los cuellos de botella que genera el propio sistema. Puntualmente, se relaciona con las formas de elevación a juicio de las causas. Si se clasifica por centros clandestinos o por planes sistemáticos, por ejemplo. Si se analizan los picos y descensos en la cantidad de casos de los últimos años, se verá que eso no responde a cuestiones políticas, sino a la forma en que se constituyen los tribunales. Los casos se elevan, pero cuando las causas se empiezan a acumular, los juicios que ya estaban para arrancar se demoran. Eso es un problema porque la realidad es que ya no hay mucho tiempo para seguir esperando. Tenemos que pensar estrategias para acelerar los procesos, para pensar cómo evitamos que los factores externos y que tienen que ver con la vida interna del Poder Judicial dejen de interferir. La perspectiva de acá en adelante debería ser esa.

CLAUDIO OROSZ | Abogado querellante por H.I.J.O.S y Familiares Cba.

“Hay que definir quién sigue instruyendo causas en Córdoba” En Córdoba hay un inconveniente que pone un signo de interrogación sobre la continuidad de los juicios. Es la indefinición con respecto a las numerosas causas que se están instruyendo, promovidas por Graciela López de Filoñuk en el Juzgado Federal N° 3 a cargo del doctor Vaca Narvaja, quien ha sido recusado y luego confirmado en la Cámara Federal en esa instrucción. Pero sucede que cuando esas causas llegan a juicio, en los tribunales orales se ha decretado la nulidad de su intervención porque no cumpliría con la imparcialidad que exigen la Constitución y la Convención Interamericana de DDHH (CIDH). Es una situación compleja que llegó a manos de la Corte Suprema de la Nación, y aún no se ha resuelto. Nosotros conocemos la idoneidad, la hidalguía y la capacidad profesional del juez Vaca Narvaja, pero tenemos la certeza de que el problema se dará si esta situación llegase a una instancia internacional. La CIDH es clarísima con respecto a la imparcialidad y la independencia de los jueces. Procesalmente hablando, este es el principal inconveniente que, de ser saldado, allanaría el camino hacia nuevos juicios. Si tomamos el ejemplo de estos años de lucha, sabemos que nadie es imprescindible. El juez debe ser removido y debe aceptarlo con humildad.

Dificultades. El sistema judicial es el más aristocrático y menos democrático de todos. Tiene un timming con respecto a los contextos políticos que es admirable. Más allá de honrosas excepciones, se están sucediendo hechos increíbles. En La Rioja se auto-apartaron dos jueces porque “están cansados de intervenir en estos juicios”, una verdadera locura. Ese es un ejemplo, pero hay fallos muy preocupantes que han llegado hasta la Corte Suprema, que esperamos mantenga los criterios utilizados durante todos estos años y no se impongan otros nuevos. Continuidad. En el área jurídica de la Secretaría de DDHH en la que participamos, tenemos reuniones periódicas para seguir todas y cada una de las causas. No ha habido hasta ahora ningún indicio que permita suponer que eso va a cambiar. Son todas causas en las que ya se había comenzado a trabajar, incluso la Secretaría tuvo participación en instancias de casación contra el fallo del 2x1. Fue una decisión del área jurídica nacional sin que haya habido una indicación en sentido contrario. Más allá de lo que opinen políticamente las autoridades de turno, el conjunto de los abogados que venimos trabajando desde otras administraciones no tuvimos ninguna advertencia que suponga algún parate.

El diario de los Juicios en Córdoba | Año IX · Nº 59

ALAN IUD | Abogado de Abuelas de Plaza de Mayo

“Vivimos un panorama complejo y cargado de tensiones” Uno de los aspectos más preocupantes es que por primera vez en los últimos 20 años hay una ofensiva mediática muy fuerte en contra de los organismos de DDHH, que encuentra cierto eco en funcionarios públicos y personas relacionadas con el oficialismo. Eso preocupa por el efecto que genera en la opinión pública y por su repercusión en la Justicia. En lo que respecta a los juicios, vemos que hay una notoria ralentización. También aparecen fallos muy preocupantes de instancias como la Cámara Federal de Casación Penal, que se hace eco del discurso de la teoría de los dos demonios y de cierta relativización del terrorismo de Estado. Hay sentencias absolutorias que no se basan en la falta de pruebas, sino en la idea de que quienes actuaron lo hicieron para defender al país de la subversión. Esto lo empezamos a notar también en sentencias de tribunales orales que han dictado absoluciones bajo el argumento de lo que en Derecho se conoce como “error de prohibición”. En términos coloquiales, eso quiere decir que las personas que cometieron los crímenes no pudieron comprender que su conducta era delictiva. Eso es una forma de reintroducir la obediencia debida de una forma solapada. Ya no se dice que recibieron órdenes, sino que por recibir órdenes no comprendieron que estaban cometiendo crímenes. Que eso se aplique a casos de secuestro y de tortura es demasiado preocupante. El punto más alto de todo esto es el fallo de la Corte, el fallo del 2x1. Esa jurisprudencia no fue abandonada por la Corte, aunque por suerte eso no se replicó en fallos de tribunales inferiores, hubo un gran repudio popular y eso, in-

cluso, se replicó en un proyecto de ley en el Congreso. Es un panorama complejo cargado de tensiones, donde la sensación es que los organismos de DDHH están obligados a estar permanentemente a la defensiva. Dificultades. La lentitud de la Justicia siempre estuvo presente, pero creo que desde la asunción del presidente Macri eso se profundizó por la proliferación de discursos que van desde el negacionismo hasta la relativización del terrorismo. Ese mensaje llega a los jueces que lo decodifican planchando las causas. Además, si no hay un actor político de peso empujando esos procesos, el resultado es el estancamiento. Continuidad. No hay que menospreciar que las autoridades públicas sigan diciendo que los juicios deben seguir siendo una política de Estado. Ahora bien, hay una serie de medidas que no se condicen con eso. Hay programas que han sido cerrados, como la dirección de derechos humanos del Ministerio de Seguridad y la del BCRA. Y otros cuyos alcances han sido diluidos, como el centro que proveía asistencia psicológica a las víctimas de crímenes de lesa humanidad que ahora amplió su competencia a las víctimas de otros delitos, sin incorporar personal. Nadie dice que esas víctimas no merezcan apoyo estatal, pero si se hace con los mismos recursos no termina siendo conveniente ni para uno ni para otros. De todas formas, es cierto que los juicios continúan. Hay que advertir que eso es cierto aunque nada es tan lineal, ya que hay políticas que se contradicen con las políticas que se pregonan.

FACUNDO TROTTA | Fiscal Federal de Córdoba

“Más allá del momento político, el crimen es el mismo” Lo primero que debe advertirse es que los juicios continúan. Después de la Megacausa La Perla, en Córdoba se llevó adelante el proceso que juzgó a ex funcionarios judiciales, e inmediatamente ya ha comenzado otro. Al menos en la jurisdicción de Córdoba, yo no advierto una merma. Por otro lado, uno encuentra fallos de instancias superiores que antes no existían y ahora aparecen de modo preocupante. Hay elementos claros y hechos probados en contextos de terrorismo de Estado que son considerados de modo diferente. Parece que se usan otros criterios, que llevan a descartar la existencia de crímenes en situaciones en las que son evidentes. Son llamados de atención, aunque no puedo afirmar a qué

responden dichas decisiones. Si uno piensa que los jueces están fallando distinto porque hubo un cambio de gobierno, tiene que pensar que antes (o ahora) estos jueces están haciendo mal su tarea y no están actuando conforme a la ley, sino de acuerdo con el clima político. Lógicamente que la pregunta que surge es por qué ahora parece modificarse el criterio. Y cuesta entenderlo, porque desde que la Corte falló en torno a la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, el criterio ha sido uniforme. No puede ser que porque cambia un presidente cambien las consideraciones con respecto a lo que es un delito de lesa humanidad. Antes y ahora, el crimen juzgado es el mismo.

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EN PROFUNDIDAD

Noviembre de 2017 | Será Justicia

LUEGO DE CUATRO MESES SE CONOCIERON LOS RESULTADOS DE LA AUTOPSIA • UNA CAUSA QUE NO TERMINA DE RESOLVERSE | Por Agostina Parisí

“Santiago no estaba de turista”

Hernán Cappelletti

L   S M          . U        . Hay una pregunta que hace cuatro meses no tiene respuesta en nuestro país. Un interrogante que la Justicia no sabe responder, como tampoco los peritos judiciales, las Fuerzas Armadas ni los ministros del actual Gobierno nacional: ¿qué pasó con Santiago Maldonado el 1° de agosto de 2017 en la Pu Lof de Cushamen? Los estudios complementarios a la autopsia, realizados por una junta de peritos encabezada por el Cuerpo Médico Forense y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), concluyeron con unanimidad en que Santiago murió por asfixia por sumersión “coadyuvado por hipotermia”, a causa de las bajas temperaturas del agua en el río Chubut –donde fue hallado el 17 de octubre– y que además su cuerpo nunca estuvo en tierra. Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que interviene en la causa como querellante, “la autopsia reveló que la muerte fue un proceso que se fue dando por la permanencia en el agua helada que llevó a que se le vayan adormeciendo los miembros y reduciendo la capacidad de moverse, que luego derivó en un desvanecimiento que terminó en la sumersión”. Esta conclusión de los expertos no alcanza para determinar las circunstancias en las que murió Santiago. ¿Cómo llegó hasta el río?, ¿qué pasó minutos antes de fallecer?, ¿cómo fue?, ¿cuándo?, ¿dónde? Todavía queda mucho por conocer. Y en medio de estas preguntas, una sola certeza: Santiago desapareció durante un operativo represivo de Gendarmería Nacional, tal como lo expresa hasta el día de la fecha la carátula de la causa bajo el nombre “desaparición forzada”.

“Hablamos de desaparición forzada seguida de muerte porque hay violencia institucional, y vamos a continuar sosteniéndolo”, dijo a la prensa la abogada de la familia de Santiago, Verónica Heredia, tras conocerse los resultados. “Ahora tenemos más dudas que antes. Santiago no estaba de turista, estaba en una represión ilegal de Gendarmería”, dijo su hermano Sergio. C   . La primera vez que el presidente Mauricio Macri habló con la prensa sobre Santiago Maldonado

fue cuando ya llevaba diez días desaparecido. El 11 de agosto aseguró que su gobierno estaba trabajando “a destajo para tratar de ver qué había ocurrido” con el joven de 28 años. Y apuntó contra la comunidad mapuche: “Se declara con lineamientos bastante poco democráticos y bastante violentos”. La misma línea fue compartida por todos los miembros del gabinete nacional durante los 77 días de la desaparición de Santiago y hasta después de que se encontrara el cuerpo sin vida. “No vamos a permitir una república mapuche independiente y autónoma en medio del territorio argentino”, dijo en su momento la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando faltó a la cita en Dipu-

OCURRIÓ EN LAGO MASCARDI· ALERTAN A LOS ORGANISMOS DE DDHH

Asesinan a un mapuche en el sur Sobre el cierre de esta edición de Será Justicia y mientras los restos de Santiago Maldonado fueron velados en  de Mayo en una ceremonia abierta a toda la comunidad, la Policía Federal Argentina implementó un operativo represivo sobre la comunidad Lafken Winkul Mapu cercana a la zona de Lago Mascardi, que terminó con la muerte de un joven mapuche de  años. De acuerdo a los primeros testimonios de quienes estuvieron presentes durante el accionar de las fuerzas de seguridad, Jorge Nahuel –así se llama la víctima– llegó sin vida al Hospital Ramón Carrillo de la ciudad de Bariloche, junto a otros dos mapuches heridos con balas de plomo. Habría muerto luego de un disparo en el estómago. “La Policia Federal disparó e hirió con balas de plomo a varios mapuches que bajaban de la montaña luego de haber sido perseguidos en el mega operativo de desalojo del jueves . Según informan desde el Lof las tres personas volvían de la montaña luego de resguardarse por días y prote-

PFA. Otra vez, fuerzas de seguridad en la mira.

ger su integridad física en la ‘mega-cacería que desplegaron los grupos especiales GEOP y Albatros de fuerzas federales con el apoyo aéreo de un helicóptero de Gendarmería Nacional”, denunció la Red de Apoyo a las Comunidades en ConflictoMAP, apenas ocurrido el hecho que sacudió la tranquilidad de esta ciudad turística.

tados convocada por legisladores para dar respuestas sobre el tema. Y es que el caso de Santiago Maldonado puso en escena algo que no es nuevo: el conflicto entre las comunidades mapuches y el Estado, la represión a través de las fuerzas de seguridad como una manera de apalear y ocultar los reclamos, el eurocentrismo argentino y la disputa por la propiedad de las tierras. De hecho, la represión en la Pu Lof de Cushamen no fue la única irrupción violenta de Gendarmería en una comunidad que lucha contra el robo de tierras de la multinacional Benetton. La misma situación viven las comunidades mapuches en Río Negro contra Lewis o en Corrientes contra Tomkins. Dentro de este escenario se encontraba Santiago, el artesano y tatuador que desde abril de este año vivía en la Patagonia argentina y el 1° de agosto acompañaba a los mapuches en Chubut, en medio de una arremetida de las fuerzas de seguridad. Quitar este elemento de vista implica sacar de escena la responsabilidad de Gendarmería en la muerte del joven. En medio de todo, los medios de comunicación. “Tres días después de la desaparición de Santiago Maldonado, asistimos a una suerte de ‘endemoniamiento’ de la comunidad mapuche, especialmente en el programa de Jorge Lanata –luego repetido y refrendado mediáticamente por la propia ministra de Seguridad–, donde se acusaba a esa comunidad de poseer armas de guerra y explosivos para realizar acciones violentas contra la integridad de la Nación argentina, cuando en realidad nunca se logró secuestrar nada de eso en los numerosos allanamientos realizados antes y después de la desaparición de Maldonado”, afirma a Será Justicia el licenciado Javier Chilo, ex-jefe de División del Gabinete de Análisis del Comportamiento Cri-


EN PROFUNDIDAD

El diario de los Juicios en Córdoba | Año IX · Nº 59 minal de la Policía Judicial, del Ministerio Público Fiscal de Córdoba. U  . La causa de Santiago Maldonado lleva en su carátula el nombre de uno de los delitos más aberrantes de nuestra sociedad: la desaparición forzada. Según la Convención Internacional de la ONU, se trata del arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sea obra de agentes del Estado, o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. El especialista en criminalística Javier Chilo centra su mirada en los protocolos de búsqueda que existen en nuestro país para sistematizar los pasos esenciales y lógicos que los responsables de la investigación deben seguir ante un nuevo caso. Protocolos que “existen tanto a nivel del Ministerio Público nacional o como el de la Fiscalía General de Córdoba”. En cuanto a la aplicación, uno de los aspectos comunes más relevantes –afirma Chilo– es activar todos los procedimientos de investigación física y digital para poder establecer o descartar, antes de las primeras 72 horas de conocido el hecho, los indicadores y factores de riesgo en que podría encontrarse la persona ausente. “Se debe explorar y analizar información en tres ejes: situacional, relacional y de salud, con el objetivo de poder registrar aquella información presente en el caso que constituya un factor de riesgo. Dicho registro debe ser realizado por la instrucción, posterior e inmediatamente a la recepción de la denuncia”, explica. En el caso de Santiago, la denuncia fue presentada por la comunidad mapuche y la familia del joven, que en un primer momento, barajaron la posibilidad de que Santiago hubiera sido detenido luego del operativo de Gendarmería. “Los organismos de DDHH nos enteramos de que una persona que había participado de una protesta estaba desaparecida. En ese momento, el CELS activó dos vías de acción: visibilizar la denuncia e intentar que las dependencias oficiales buscaran a Maldonado, ya que en casos como

«Para la familia de Santiago Maldonado, sólo una investigación independiente puede hacer posible llegar a la verdad sobre lo que ocurrió. Mientras tanto, un grito infinito de justicia» este, sin presión social y sin insistencia sobre los funcionarios, no hay una iniciativa estatal de búsqueda inmediata y sistemática”, explicó el CELS a través de un comunicado oficial. En las primeras semanas –según señalaron miembros de esta organización–, el Poder Ejecutivo Nacional respondió de tres formas. Primero, planteó hipótesis infundadas que buscaban instalar que Maldonado no estaba en el lugar, que estaba ausente por propia voluntad o que había fallecido antes de la represión. En segundo lugar, ocultó cómo había actuado la Gendarmería en el operativo. En tercer lugar, no se buscó de manera eficiente. Por su parte, el Poder Judicial, con una historia conflictiva con la comunidad Pu Lof, demoró en activar la búsqueda y la investigación de las posibles responsabilidades de la GNA. Pasaron semanas hasta que comenzó a acumular información sobre el operativo y tener una estrategia eficaz para rastrillar la zona. Para Javier Chilo, pese a la existencia de protocolos basados en estándares internacionales para la búsqueda de personas ausentes por motivos desconocidos, en el caso de Santiago Maldonado “asistimos a 50 días de naufragio investigativo, hasta que la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia debió sacarlo del caso al juez Otranto, y pasó a encabezar la investigación el juez federal de Rawson, Guillermo Gustavo Lleral, quien abrió el expediente y ordenó medidas técnicas que llevaron al hallazgo del cuerpo sin vida”. Con los resultados finales de la autopsia, los interrogantes más importantes siguen sin tener respuesta. “La experiencia internacional y local ha demostrado que las pericias médicas del cuerpo de las víctimas no siempre pueden esclarecer todas las preguntas”, señala Chilo. Para la familia del joven, sólo una investigación independiente puede hacer posible llegar a la verdad sobre lo que ocurrió con Santiago. Mientras tanto, un grito infinito de justicia.

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UNA MEMORIA POLÍTICA ACTIVA • DENUNCIAN A SUS PADRES GENOCIDAS

Hijos que rompen el silencio F                      70.

Cada vez que en nuestro país conocemos la noticia de un nuevo nieto recuperado, como el último caso de Lucía Tartaglia –la nieta recuperada 125– una gran parte del conjunto de la sociedad celebra este acontecimiento que tiene que ver con nuestro pasado reciente. La lucha es compartida, por lo tanto también lo es la celebración. En este escenario, en los últimos años ha surgido una voz pública cada vez más resonante que integran hijos e hijas de militares que cometieron crímenes de lesa humanidad, quienes rechazan a sus familiares por haber sido partícipes de estos actos. El relato de la hija de Miguel Etchecolatz fue uno de los más conmocionantes, pero también hay otras expresiones de repudio que a veces toman visibilidad en las redes sociales. Las “Hijas e Hijos de Genocidas” –así se denomina una de las diversas organizaciones– vienen a contrarrestar el dis-

curso de familiares de represores que calan hondo en la teoróa de los dos demonios. Su expresión tiene que ver con una búsqueda de justicia y denuncia por los delitos cometidos por sus seres queridos. “Somos un grupo de familiares de imputados en causas de Lesa Humanidad, que venimos denunciando desde 2008, como Hijos y Nietos de Presos Políticos, distintas irregularidades y violaciones a los derechos humanos sufridas por nuestros padres y abuelos durante los procesos judiciales”, se presenta la organización “Puentes para la Legalidad”, creada en 2005. Lo curioso es que desde mediados de 2016, hijos de desaparecidos e hijos de militares se reúnen en círculos íntimos para compartir las experiencias de sus vidas, sus recorridos y una agenda política de lucha en común, que tiene que ver con Memoria, Verdad y Justicia para nuestra sociedad.

ELIZABETH REYES GODOY · HOMENAJE A UNA PERIODISTA CORDOBESA Desde el equipo de Será Justicia homenajeamos la memoria de Elita Reyes Godoy, productora y periodista de Radio Nacional, comprometida con la lucha de los organismos de Derechos Humanos. Su partida causó un profundo dolor en el periodismo cordobés. “Detrás de cada periodista y de cada programa hay un gran equipo de trabajo. Cada día Elita Reyes formaba parte de ese equipo como una gran profesional, periodista y productora”, la recordó su compañero de vida, el periodista Aldo Blanco.


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CONTRATAPA

EL AVANCE DE LA MILITARIZACIÓN EN EL CONO SUR

Por Mariano Saravia

Noviembre de 2017 | Será Justicia Mariano Saravia es escritor y periodista. Magister en Relaciones Internacionales. Autor de los libros La sombra azul y El grito armenio, entre otros.

Una violación sistemática y selectiva de los DDHH a pronunciada involución que experimentan hoy Argentina y la región tiene su punto de mayor impacto en la preservación de los derechos humanos, tema clave para el resto de la realidad social. Es en Suramérica donde se produjeron los mayores cambios políticos y sociales del mundo desde el inicio del siglo XXI. Y en Suramérica también viene avanzando una reacción liberal conservadora que apela a distintos métodos para recuperar el poder total. En Argentina este cambio se dio por la decisión del pueblo en las urnas, y encima ratificada y potenciada en las últimas elecciones legislativas de octubre. Y esta derecha legitimada en las urnas, avanza como una topadora, contra los que preveían que su estrategia iba a ser más paulatina. En dos años entregó la Patria al poder financiero internacional, abrió desenfrenadamente las importaciones, transfirió sin pausa recursos de los sectores del trabajo a los sectores del capital concentrado, suspendió las paritarias, inició la destrucción del aparato productivo y favoreció la timba financiera y la especulación en todos sus modos. Un programa económico bastante parecido al de Martínez de Hoz en la dictadura. Y obviamente, ahora como entonces, es necesario un disciplinamiento social, para bloquear cualquier atisbo de protesta. No hay un plan masivo y sistemático de violaciones a los derechos humanos, como en la dictadura genocida, pero sí hay un plan selectivo. Y el objetivo es el mismo: disciplinar socialmente a los argentinos para que acepten sin chistar esta nueva entrega de la Patria y del pueblo. El primer golpe selectivo fue el encarcelamiento de Milagro Sala y demás militantes de la Túpac Amaru. Tener presos políticos es un mensaje muy claro a los militantes sociales, sobre todo si son negros, pobres, indios y mujeres. Luego, el decreto 70/2017 de Macri que modifica la ley migratoria, y que persigue y permite la expulsión arbitraria de inmigrantes. Abre la puerta a que cualquier antecedente penal sea motivo de expulsión en 48 horas, sin derecho a defensa. Pero un antecedente penal puede ser cualquier cosa: resistencia a la autoridad si a un policía no le gustó mi cara, una denuncia falsa por robo, lo que sea. Se está usando para expulsar selectivamente a peruanos, bolivianos y paraguayos que son incómodos o molestan, so-

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Ilustración: Hernán Cappelletti

bre todo si se meten en sindicatos u organizaciones sociales. Exactamente lo que propició Miguel Cané a principios del siglo 20 con su Ley de Residencia. Ya bien entrado este año, el Régimen Macri-Durán Barba avanzó en instalar la discusión sobre algo que creíamos no podría discutirse más: los avances de los últimos años en materia de memoria, verdad y justicia. Lo hizo reinstalando el debate sobre la cantidad de desaparecidos, tirando la idea de la prisión domiciliaria e incluso del 2x1 para los genocidas. Esa también es una estrategia permanente y sistemática. A mitad del año, nos dimos conque podíamos volver a tener desaparecidos en la Argentina. En el marco de una represión feroz al pueblo mapuche, desapareció Santiago Maldonado. Y estuvo desaparecido durante 78 días. Todavía hoy no está claro quién lo mató, pero sí la responsabilidad de Gendarmería en su muerte por ahogamiento, cuando él trataba de escapar a esa verdadera cacería humana. En las últimas semanas lo del submarino San Juan, desaparecido en nuestras aguas. No voy a darles entidad a las infinitas teorías que circulan. Pero lo cierto es que esta

tragedia le vendrá como anillo al dedo al régimen Macri-Durán Barba para actuar con los hechos consumados y conseguir lo que busca desde el mismísimo 10 de diciembre de 2015: instalar bases militares extranjeras en nuestra Patria. La ‘doctrina del shock’, de la activista canadiense Naomi Klein, explica muy bien cómo una tragedia (puede ser natural o no) sirve para hacer tabla rasa y luego imponer lo que de otra manera no se podría. Es difícil para el régimen explicar públicamente por qué quiere dos bases militares de Estados Unidos, una en Iguazú y otra en Usuhaia. Pero ahora tendrá la excusa perfecta: como las Fuerzas Armadas están desfinanciadas, producto de ‘la pesada herencia’, para que no vuelva a pasar nada parecido a lo del submarino, aceptamos la ayuda generosa del Tío Sam que tendrá una (o más) base militar aquí. El sábado 25 de noviembre, en otra muestra de este plan sistemático de violaciones selectivas a los Derechos Humanos, el régimen de Macri-Durán Barba, a través de una policía militarizada como el Grupo Albatros de la Prefectura, asesinó a otro mapuche: Rafael Nahuel, de 22 años. Un disparo por la

espalda terminó cobardemente con su vida. Lo que hay es una nueva Doctrina de la Seguridad Nacional en el continente. La de los años 50, 60 y 70 tenía como excusa el peligro comunista. Hoy nos dirán que el peligro es el narcotráfico y el terrorismo. Pero el objetivo es el mismo: disciplinar a nuestras sociedades y ocupar militarmente nuestros territorios. Antes las violaciones a los derechos humanos eran masivas. Ahora selectivas. Antes la fuerza de choque eran los militares que se instruían en la Escuela de las Américas. Ahora las fuerzas de choque son los periodistas y los magistrados. Hoy hay persecución política y proscripción en Argentina, pero también en Brasil y en Ecuador. Hoy hay represiones feroces en Argentina, pero también en Paraguay y en Uruguay. Hoy resurgen de sus cenizas los dinosaurios que ponen en tela de juicio a nuestros 30 mil desaparecidos, y llegan a reivindicar a los militares, con el discurso de que la democracia es corrupta. Pero también pasa en Chile, donde en las recientes elecciones José Antonio Kast sacó casi el 10 por ciento de los votos, con un discurso profundamente pinochetista. Hoy Colombia tiembla de terror pensando que se puede repetir el genocidio político de los 80 contra la Unión Patriótica. Porque las FARC firmaron el acuerdo de paz, se desarmaron y se convirtieron en partido político, pero los paramilitares no dejan de asesinar a sus militantes, a campesinos y a dirigentes sociales. Hoy Venezuela se desangra por la locura asesina de una derecha antidemocrática que al no poder terminar por las urnas con la Revolución Bolivariana, prefiere llevarse el país al mismo infierno. Hoy si en Venezuela tenés cara de negro y de chavista, corrés el riesgo de que te quemen vivo los que siempre fueron dueños de todo, incluso de la vida y de la muerte. Esos son los que volvieron en toda la región. Esos son los que gobiernan en Argentina, los dueños de todo. Ellos mismos, ya no a través de sus emisarios o cipayos. Son ellos quienes componen el régimen MacriDurán Barba. Los que en los 70 apelaron a un proceso de violaciones masivas a los derechos humanos y hoy en cambio, están aplicando uno de violaciones selectivas, pero con los mismos objetivos.

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Consejo Editor: Betty Argañaraz, María del Carmen Torres, Olga Acosta. Director: Sebastián Puechagut • Coordinadora Editorial: Agostina Parisí · Redacción: Alexis Oliva, César Pucheta • Corrección: Victoria Picatto Fotografía: Archivo Será Justicia · Ilustración: Hernán Cappelletti · Distribución: Julia Soulier, Rosario Rodríguez • Colaboraron en este número: Mariano Saravia, Matilde Nasser, Ana Mariani, Rossana Moré, Carolina Rojo Administración: Mario Toranzo • Impresión: Comercio y Justicia Editores • Producción gráfica y editorial: Usina Creativa - agencia de comunicación - Tel: (0351) 4271736 - usinacreativa.com.ar - info.usinacreativa@gmail.com

Tirada de esta edición: 10.000 ejemplares de distribución gratuita · ISSN: 1853-8290 · Será Justicia es propiedad de Familiares Córdoba (Personería Jurídica 234-A-1992) Avales y reconocimientos: Beneplácito del Concejo Deliberante de Córdoba (2010) • Declaración de Interés Legislativo por la Legislatura de la provincia de Córdoba (2010) • Declaración de Interés por el Senado de la Nación (2010) • Reconocimiento institucional del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (2010) • Aval Institucional de la Escuela de Ciencias de la Información (2010 y 2011). Distribución: en red de organizaciones y con los siguientes diarios y periódicos: La Mañana, Comercio y Justicia y Energía Positiva (Córdoba) · Tribuna (Bell Ville), Sumario (Alta Gracia), Megáfono (Río IV), El Despertador (Jesús María), El Ciudadano (Va. Dolores), Tortuga (Alta Gracia), El Diario (Carlos Paz), Informarte (Mina Clavero)

Santa Fe 11, Bº Alberdi · Córdoba · Tel: (0351) 425 6502 Correo electrónico: famdesapcba@yahoo.com.ar

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Será Justicia Nº 59  

Será Justicia es una publicación impulsada por uno de los organismos de Derechos Humanos de Córdoba -Familiares de Desaparecidos y Detenidos...

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