peligrosos, prohibidos en otros países, sin equipo de protección elemental y el consumo de agua no potable, entre otros. Existen también hechos que rebasan los límites de la dignidad humana lo que conduce a la violación flagrante de los derechos humanos de los jornaleros, como la discriminación, exclusión y marginación de la que son parte estas familias indígenas jornaleras; la reconocida industria conformada por los enganchadores-contratistas que compran y malbaratan la mano de obra indígena-migrante para llevarla a los campos agrícolas de Sinaloa y mantenerla en condiciones de hacinamiento en galerones de lámina y –por que no decirlo- la utilización de menores de edad en las labores del campo, sustraídos de sus derechos más mínimos.
MIG R AR O M O R IR • c i en
Máxime cuando hablamos de derechos humanos nos estamos refiriendo, no a derechos diversos, si no, más bien, a la denotación que los derechos de todos adquieren en el momento en que pretenden ejercerlos, háblese de varones, mujeres o menores de edad, y más aún si se refiere a la condición étnica y migrante de las familias indígenas jornaleras, debido a que su condición los lleva a no poder hacer realidad ese ejercicio en condiciones de igualdad. México como país firmante de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948, se comprometió a establecer un régimen de Derecho en donde se respetan los principios de Libertad, Igualdad, Justicia y se reconozcan la dignidad intrínseca y los Derechos Inalienables de los mexicanos. Al igual que todos los países firmantes de la Declaración de los Derechos Humanos, México se ha declarado resuelto a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida de sus habitantes dentro de un concepto amplio de libertad e igualdad. Pero es contrastante la realidad social que viven los jornaleros agrícolas, es decir, los tratados firmados y ratificados sexenio tras sexenio por nuestros mandatarios, son como cheques sin fondos.
Es prioritario que se legisle respecto a los jornaleros agrícolas, para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, pero lo más importante es que se respeten y se apliquen las leyes que ya están contempladas en los ordenamientos antes descritos. Pero no es sólo una cuestión de modificar o no las leyes, sino que también debería de ser un asunto prioritario de las políticas públicas. Por ello, es necesario reconocer la importancia estratégica de la migración en tanto problema y potencialidad y, del otro, repensar el proceso de desarrollo con el concurso de los migrantes. Al plantear la necesidad de diseñar políticas públicas en materia de migración no pretendemos ingenuamente sugerir que el Estado mexicano las adoptará como suyas a sabiendas de que sigue una agenda neoliberal que abona al proceso de integración vigente. Más bien nuestro planteamiento refiere a un proceso social en ciernes que se nutre y reclama a la vez de la participación de múltiples actores políticos, sociales y económicos interesados y comprometidos con el desarrollo del país. Sin entrar en muchos detalles, y sin desconocer que el tema migratorio ha ganado presencia en el ámbito de las políticas públicas mexicanas, lo cierto es que hasta ahora sus alcances han sido muy limitados y no atienden la raíz del problema. En el fondo impera una lógica adaptativa que no rompe con la racionalidad inherente al proceso de integración impuesto“desde arriba”. Es posible sostener en este sentido que, en la actualidad, México no dispone de una política en materia de migración (tanto interna como transnacional), si bien, se han implementado programas o proyectos, estos apuntan en dirección opuesta al desarrollo y no atacan las causas de la migración, en ocasiones son una amalgama de programas asistenciales focalizados en la extrema pobreza o se reducen generalmente en una proclama de buenas intenciones desdeñando el tema migratorio y los problemas del desarrollo que afrontan las zonas de alta migración. Más aún, lejos de atender una estrategia de desarrollo para las regiones de fuerte expulsión migratoria, las políticas migratorias en México siguen una lógica adaptativa a través de programas inconexos y abocados a cubrir aspectos parciales relacionados con los efectos de la migración. La pretensión básica del