Medios y Políticas Públicas de Comunicación

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Capítulo 3 | En Defesa del Interés Público

Ombudsman

La creación del cargo de ombudsman (u defensor ciudadano) todavía constituye una iniciativa poco común en los principales medios de comunicación brasileños. La Folha de S. Paulo, pionera en 1989, O Povo (de Fortaleza), el Jornal da Cidade (de Bauru, Sao Paulo), la TV Cultura, la Radiobrás, la Radio Bandeirantes (de Sao Paulo) y el portal Universo Online ya disponen o disponían de un profesional cuya tarea principal consistía en recibir reclamaciones, criticar el material transmitido y establecer un canal de comunicación con el público. A pesar de estar poco extendido en Brasil, el disponer de un ombudsman ya es una práctica antigua en algunos países. El Yomiuri Shimbun, de Tokio, fue el primer periódico que constituyó un comité de ombudsmen, en 1951. Tres décadas más tarde, en 1980, se había creado ya la Organization of News Ombudsmen, una entidad que nació con el objetivo de congregar a los profesionales del área y que reúne actualmente a más de 60 profesionales de los medios de comunicación de todo el mundo, aunque se localicen, en mayor cantidad, en los Estados Unidos y en Europa. Una experiencia alternativa, aunque dotada de una lógica parecida a la que rige la idea del ombudsman, en el área de la supervisión y la responsabilización de los medios la llevó adelante el periódico O Povo, de Fortaleza, entre el 2000 y el 2005. La idea original consistía en la creación de una instancia que congregara a los lectores del diario y permitiera semanalmente que se celebrara un debate entre ellos y los periodistas. Según la directora de la redacción en aquella época, Ana Márcia Diógenes, el Foro “O Povo” tenía el objetivo de “crear un espacio de reflexión centrado en las cuestiones sociales, cualificando los debates y dándoles una mayor visibilidad a los actores sociales”. En cada edición del foro se reunían cerca de cien personas, muchas de ellas adolescentes, y cinco entidades representativas de la sociedad civil organizada. Los debates eran moderados por estas entidades civiles – lo que, claro está, era una limitación, aunque fuera innegablemente más interesante que si el periódico no hubiera ni siquiera escuchado a un conjunto reducido de organizaciones – y cada semana daban lugar, por lo menos, a dos textos en los periódicos. No era raro que os temas tratados estuvieran relacionados con la infancia y también la adolescencia.

Los códigos de ética

Otro instrumento de responsabilización fundamental por lo que respecta a las iniciativas de autorregulación de la práctica periodística, así como de la programación de entretenimiento, han sido los códigos de ética de la profesión y de las empresas. Tales mecanismos tienden a variar de acuerdo a su alcance y los pueden haber adoptado los medios (como en el caso emblemático del Washington Post), ciertos sectores específicos de la actividad (como en el caso de la entidad norteamericana Associated Press Managing Editors), o incluso organismos brasileños o internacionales (como el Consejo de Prensa alemán o la Federación Internacional de los Periodistas, respectivamente). La Asociación Brasileña de las Emisoras de Radio y Televisión (Abert) también posee, desde 1993, un Código de Ética, que trata principalmente sobre las cuestiones relativas a los contenidos. No obstante, la existencia de dicho documento, además de no formar parte de la práctica de las emisoras, prácticamente no fue divulgada por parte de esta asociación – ni siquiera es posible encontrarlo en la página web de la Abert. En el libro Clasificación por edades: Construyendo la Ciudadanía en la Pequeña Pantalla, se lo reproduce íntegramente.

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De acuerdo con la investigación Medios de Comunicación y Políticas Públicas en esta área, sólo un parco 0,2% de los textos menciona la existencia de un Código de Ética Periodística. Ello puede denotar un fallo grave en el discurso de las empresas, dado que suelen afirmar que están intensamente empeñadas en adoptar estrategias de autorregulación y, por lo tanto, serían contrarias a una “innecesaria” regulación estatal.


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