La sociedad de control

fortalecer estas libertades. En muchas ocasiones se legisla directamente en contra de nuestros derechos. Esta tendencia se ha agudizado desde el inicio de la «guerra contra el terror». En el resto de ocasiones, cuando no se legisla en contra, lo habitual es que no se legisle nada en absoluto, lo que posibilita la existencia de lagunas y vacíos legales importantísimos que constituyen un caldo de cultivo para nuevos abusos, como la ambigüedad con la que se definen determinados términos. Un ejemplo es la referencia a la «autoridad competente» introducida en la última Ley de Medidas para el Impulso de la Sociedad de la Información (LISI), aprobada en diciembre de 2007 y que desató un gran número de protestas contra los grupos parlamentarios y la clase política en general.

Las leyes que se elaboran sobre diferentes asuntos en nuestro país y en la Unión Europea están dictadas por los grupos de presión empresariales, generalmente estadounidenses, de los distintos sectores. Esto, que sucede pese a que en diversos asuntos la oposición social haya sido realmente notable, podría suceder incluso aunque nos organicemos y pidamos la rectificación y revisión de numerosas leyes. Sin embargo, la única posibilidad de saber si las instituciones democráticas que nos representan ignoran nuestra voluntad es recurriendo a dicha organización y haciendo llegar a las mismas todas estas peticiones.

De gran importancia resulta comprender que la sociedad digital ha revolucionado el modo en que funcionaban nuestras instituciones y ha modificado gran parte de los paradigmas que regían nuestro derecho. El cambio es tal, que se hace necesario un análisis de la nueva situación para poder adaptarnos al nuevo entorno sin que la estabilidad de nuestras democracias corra peligro. Los grupos de presión empresariales y políticos, oligárquicos por naturaleza, intentan trasponer el sistema anterior a la nueva sociedad digital, sin modificarlo ni un ápice; muchas personas se han rebelado contra esta situación haciendo saltar los candados impuestos. Se podrá discutir si lo que hacen es legal o no, pero no parece descabellado que lo hagan: lo cierto es que la sociedad digital necesita leyes que la protejan y estabilicen, algo que en democracia se hace defendiendo los derechos 188