LOS SUPUESTOS POLITICOS
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En todo caso, el problema de la usurpación de funciones administrativas por los órganos del Poder Legislativo ha sido resuelt? acertadamente por la Corte Suprema de Justicia, al de~larar la nulidad por inconstitucionalidad de varias leyes estadales, medIante las cuales algunas Asambleas Legislativas pretendieron intervenir en la designación de funcionarios de los Ejecutivos esradales o pretendieron crear órganos administrativos fuera del control de los Ejecutivos estadales.'!" La arg u• mentación de dichos fallos sería perfectamente aplicable a todos aquellos supuestos similares que se han producido o se produzcan a nivel nacional, y se ha utilizado en relación a las Ordenanzas del Concejo MUIu, cipal del Distrito Federal que han incurrido en usurpaciones similares de las facultades administrativas del Gobernador de dicho Distrito." Pero volviendo al argumento central sobre el alcance de la separación de poderes, los órganos del poder judicial también pueden ejercer funciones administrativas. En efecto, la Corte Suprema de Justicia y los Tribunales de la República tienen atribuida la función jurisdiccional y, en forma primitiva, la adopción de decisiones acerca de pretensiones procesales de una parte frente a otra, de nulidad de actos del poder público o de condena de carácter penal, con fuerza de cosa juzgada jurisdiccíonalmente, en forma autónoma e independiente de los demás órganos del Poder Público." Sin embargo, además del cumplimiento de 60.
61.
62.
Partkularmente, V, la S~ntencia de la CS] en SPA de ]4-3-62 en GF, N" 35, 1962, pp. 177 Y ss.. por la cual la Corte declar6 inconstitucionales 105 artÍCulos de la Coostltución del Estado Atagua que atribula a la As.1mbJe:l Legislativa la desti!,;,ció~, de los Se<:;fetarios del Ejecutivo del Esta.do .1:fI algunos casos especificos, por violación del articulo 23, ord. 2. de la ConltltUClon, y del principio de la sepa" raCIón de ,=oderes, En tal sentiJ D. ]<1 Corte seiialó: "La Constitución de la Repú. blica, al se,,~lar atribuciones básicas de los poderes leg;sl.uivo y E¡<xutivo de los Estados. ha querido mantener la separación prOpia y tradicional en las privativas funciones de cada uno. a fin de evitar interferencia~ que impidan su libre desen_ "oh'imiento en las ,'ollespondielltes esfeli's de actuación". Decisiones similares fueron adoptadas por la Corte Suprema en orcos fallos. y parti(u!armente en los siguienteS: CFe en SPA, de 20·10"41 en M. 1942, p. 290; Y CS] en SPA de 14-3-62 en GF, N" 35. 1%2. pp. 117 Y ss.; de 30-7"6'> en GF, N" 41. 1%3. pp. 156 Y 157; de 27-3-67 en GF, Nc ~5. 1968, pp. 184 Y 185, Y de 30-6-66 en GF N' 52 1968 pp. 231 Y ss. En igual senlid,). la doctrina de /a PrO(ur.lduria Getle;a( de /; Repú: bliea es también constante: v., en particular. DoC/l'¡",¡ PGR, J965, Caracas, 196G, pp. 126 Y ss. Y 187 Y ss.: Doclrjll'¡ PGR 1970, Caracas, 1971. pp. 141 Y ss. Y 271 Y ss.: Doclr¡'¡,¡ PGR, 1971. Caracas 1972. pp. 281. Y ss.. 295 y 296; Y Doarrne PGR, 1972, Caracas 1973, pp. ,87 Y 388. En particular. V. las Sentencias de la eFC en SPA de 10-8-38 en M. 1939, p. 269; de 1O-2.4~ en Al. 19,;-f. pp. 12·1 a 127; )' de 11_2.4~ en M. 19-i-3, pp. 113 Y 114. V., además, las referencias en Allan-R. Brewec-CacJa.>, El RégimeN dO' Gobi..reo Mu>tíeip,¡1. _ >, cil., pp. 57 Y ss. Art. 205.