LAS PERSONAS EN EL CENTRO DEL SISTEMA POR SU VALOR Y DIGNIDAD by Trabajo Social Canarias

Las PERSONAS en el centro del sistema por su VALOR y DIGNIDAD

MANIFIESTO DEL COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE LAS PALMAS ANTE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES LOCALES

Las PERSONAS en el centro del sistema por su VALOR y DIGNIDAD EDITA: Colegio Oficial de Trabajo Social de Las Palmas DISEÑO Y MAQUETACIÓN: factoriacanarias.com Islas Canarias, marzo de 2015

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1. Algunos datos para la reflexión Conocer la realidad es el primer paso para poder transformar. En este sentido el Colegio Oficial de Trabajo Social de Las Palmas, junto con Redesscan, ha difundido recientemente los resultados de la última investigación realizada que pone sobre la mesa, un actualizado análisis de la situación social en Canarias en general y de los servicios sociales en particular. En dicha investigación, donde algunos de sus datos se incluyen en el presente manifiesto, se constata que ha aumentado la precariedad en las condiciones de vida de la mayoría de las personas, se recrudecen las situaciones de empobrecimiento, y el Sistema Público de los Servicios Sociales no está dando respuesta adecuada a las necesidades y derechos de la población en Canarias, lo cual contribuye directamente en el aumento de la desigualdad. Crece la desprotección social, con un aumento de la demanda en Servicios Sociales, una reducción del personal y de los servicios, y una disminución de la financiación en este sistema público, aumentando los niveles de privatización de los servicios, empeorando la calidad de la atención. Esta situación genera desigualdades territoriales e incumplimiento de la legislación vigente en esta materia, sin lograr alcanzar los principios de universalidad, cercanía y proximidad. Como consecuencia de esto, se incumplen dos de sus funciones principales: la redistribución justa y equitativa de la riqueza y la satisfacción de las necesidades y el acceso a los derechos de todas las personas. 2. Reivindicar la promoción de la Igualdad Social y Económica

Se constata que ha aumentado la precariedad en las condiciones de vida de la mayoría de las personas, se recrudecen las situaciones de empobrecimiento, y el Sistema Público de los Servicios Sociales no está dando respuesta adecuada a las necesidades y derechos de la población en Canarias

En el mes de julio de 2014 en Melburne (Australia) con motivo de la XI Conferencia Conjunta Mundial de Trabajo Social, Educación y Desarrollo Social, se establecieron como líneas de intervención de la profesión: el fortalecimiento del bienestar social y cultural de los individuos, las familias y las comunidades, la promoción de la resiliencia, el empoderamiento, la seguridad y el respeto, el abordaje de las desigualdades en la salud y sus desventajas para los individuos y las comunidades el fomento de iniciativas sociales y económicas que promuevan la seguridad y la protección, la creación de entornos físicos sostenibles y seguros y educar para el cambio, los derechos humanos y la igualdad. Para ello se hace necesario conocer la población que vive en una comunidad, y en nuestra realidad canaria, contamos con una población cuyo crecimiento se ha ralentizado en los últimos años, donde el 52% del total de la población se concentra en 8 municipios. En el que vivimos una inversión en la pirámide poblacional, donde aumentan las personas mayores de 40 años, y disminuye la población joven. Estas 3

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tendencias provocan un escenario donde la igualdad social y económica deben promoverse desde los servicios públicos. 3. Contra una Reforma Local que atenta contra los Servicios Sociales Municipales. La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, está siendo la espada de Damocles, para los Servicios Sociales ya que: a. Atenta directamente contra la permanencia del Sistema Público de Servicios Sociales en la administración más cercana a la ciudadanía como son los municipios. Con esta normativa, los servicios municipales en los municipios quedan reducidos a su mínima expresión excluyendo servicios que fijan y unen más al territorio (atención a la infancia y la familia, , ayuda a domicilio, pequeñas residencias para mayores, atención a personas con diversidad funcional….), lo que puede provocar el abandono de los municipios más pequeños para acceder a servicios básicos en Es una vuelta a un estado municipios más grandes con el consecuente el desarraigo de asistencial de beneficencia las personas y la pérdida del estilo de vida de nuestros pueblos. no de derechos sociales, al Estamos hablando de 430.193 personas en Canarias (un 20% quedar éstos desdibujados de la población) que se van a ver afectadas directamente en la por la imposición de prestación de servicios básicos, y entre ellos los Servicios políticas públicas alejadas Sociales.

del ciudadano/a.

b. Entra en colisión directa con la estructura y la distribución de competencias que recogen las legislaciones vigentes en materia de Servicios Sociales. De esta forma la Ley desprecia absolutamente la trayectoria histórica del Sistema de Servicios Sociales y la legislación sectorial que los concreta y desarrolla en cada CCAA, donde se ha regulado un primer nivel funcional de atención primaria (competencia de la Administración Local) y un segundo nivel funcional especializado (competencia de Cabildos y CC.AA.).

c. Significa un retroceso en el fondo y en la forma en la concepción de las Políticas Sociales y en lo que ha significado y significa para la ciudadanía el Sistema Público de Servicios Sociales que se ha ido construyendo en los últimos 30 años y en el que ha estado implicado de manera especial nuestra profesión. d. Es una vuelta a un estado asistencial de beneficencia no de derechos sociales, al quedar éstos desdibujados por la imposición de políticas públicas alejadas del ciudadano/a. La participación ciudadana en la creación, gestión y evaluación de los servicios sociales desaparece. La fortaleza en la proximidad de los servicios y la mejora de la gobernanza se elimina. 4

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e. La nueva ley aumenta e institucionaliza la desigualdad entre la población, ya que las políticas sociales de Atención Primaria no pueden depender de la voluntad de delegar o gestionar que tenga en cada momento la Comunidad Autónoma. Esta medida supone, además, una recentralización de la atención social a la ciudadanía, la pérdida de capacidad de proyección social futura de los municipios, dejando la cohesión social que tanto depende del territorio en manos de actores ajenos al mismo. f. Existe una indiscutible contradicción entre las políticas de austeridad que proclama esta ley y el incremento de demandas gestionadas en los servicios sociales municipales, estando en Canarias contabilizado en un 86% g. Se constata una evidente incompatibilidad de competencias entre administraciones en un Estado muy heterogéneo en su ordenamiento territorial, imposible de resolver si no es mediante un pacto de mínimos (lo que ha sido el Plan Concertado desde el año 1987). h. Se aprecia una extrema ambigüedad en la determinación de funciones y prestaciones en esta ley que incluye como competencia única municipal relacionada con los SS.SS. la “Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación de riesgo o exclusión social”. i. La ley atenta contra la autonomía local y la incapacita para ejercer las funciones que la Constitución española y la Carta europea de autonomía local le asignan.

Se constata una evidente incompatibilidad de competencias entre administraciones en un Estado muy heterogéneo en su ordenamiento territorial, imposible de resolver si no es mediante un pacto de mínimos

j. La atención primaria desde la administración local ha sido un freno a la marginación social y exclusión social siguiendo los mandatos del Parlamento europeo. Eliminarla en pro de la estabilidad presupuestaria, supone un grave peligro para la cohesión y la paz social. k. La Recomendación de la Comisión europea del 26 de abril de 2006 (Bruselas: “Aplicación del programa comunitario de Lisboa: Servicios sociales de interés general en la Unión Europea”) establece la necesidad de unos servicios sociales de proximidad con una “integración marcada en una tradición cultural (local); en particular, esto se advierte en la proximidad entre el servicio y los/as usuarios/as, lo que permite tener en cuenta las necesidades específicas de estos últimos.” La aprobación de esta ley contradice las recomendaciones de la comisión europea. l. La supresión de servicios establecidos en la ley incrementa de forma desmesurada el despido de

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empleados públicos: las y los profesionales de los Servicios Sociales. Despidos que ya se han ido sufriendo en los últimos años donde el personal adscrito al Plan Concertado, ha sufrido un recorte del 19% desde 2009, perdiendo su puesto de trabajo un total de 441 personas 4. La superación de la crisis actual no tiene cabida en este Sistema Porque ha sido el propio Sistema el que la ha provocado y el que la necesita para mantener un excedente de mano de obra que le permita seguir enriqueciendo a unos pocos a costa de muchos. La precarización del empleo junto con un intenso proceso de devaluación salarial y de reducción del poder adquisitivo de la población trabajadora, como consecuencia de las políticas de austeridad y reformas laborales, ha provocado que entre 2009 y 2013 la renta media anual de los hogares canarios se haya recortado en 2.300 €, situándose en 22.037 euros, es decir, una reducción de la renta media por hogar del 10% en apenas 4 años y que en los últimos años la brecha en la desigualdad entre ricos y pobres ha aumentado un 25%.

Se nos ha planteado que éste es el único Sistema posible y así se ha pretendido relegar cualquier debate al respecto e intento de superarlo

Se nos ha planteado que éste es el único Sistema posible y así se ha pretendido relegar cualquier debate al respecto e intento de superarlo. Un sistema que actualmente mantiene al 35% de la población en Canarias en riesgo de pobreza y exclusión social y donde se ha incrementado sólo en 4 años la pobreza material severa en 5 puntos, pasando de un 3,5% a un 8,5% de la población.

El Trabajo Social no puede menos que denunciar esta realidad y sumarse a la reflexión y a la acción ahondando en las causas profundas de la misma y trabajando en la búsqueda de propuestas que nos pongan en el camino de construir otro modelo de sociedad, economía, política y cultura, ante un sistema que genera pobreza, exclusión y desigualdad como expresión del fracaso de este modelo donde se destruye lo público, donde no se reparte la riqueza y se pone al centro la acumulación de capital y no a las personas. Desde esta perspectiva, planteamos a las distintas opciones políticas que se presentan en el mes de Mayo a las elecciones autonómicas y locales a que tengan en cuenta las siguientes medidas tendentes a defender por encima de todo la dignidad de las personas, el valor de lo público y la lucha por la igualdad de oportunidades. En este sentido se insta a los distintos partidos políticos a que promuevan las siguientes medidas:

A. DEFENSA INDECLINABLE DE LO PÚBLICO Trabajar denodadamente porque el Estado, la Comunidad Autónoma de Canarias, Los Cabildos y los Ayuntamientos asuman la responsabilidad del cumplimento de los derechos de las personas, los 6

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colectivos y la comunidad. Y, de entre ellos, del Sistema Público de Servicios Sociales. Y, si por necesidad, es preciso que sean gestionados por otras entidades, que se garantice el carácter de Servicio Público, se haga un exhaustivo seguimiento de dicha delegación y se evalúe de forma sistemática y eficaz. Desde el Trabajo Social lo defendemos decididamente y solicitamos así de todos el carácter público de las respuestas a las necesidades sociales. En este sentido queremos hacer especial mención al Sistema Público en el que somos profesionales de referencia: El Sistema Público de Servicios Sociales. Por ello instamos al desarrollo y fortalecimiento del mismo a través de las siguientes medidas: a. Priorizar los Servicios Sociales en todas las Administraciones de Canarias, a través de un pacto de mínimos de este Sistema Público, con un compromiso de financiación de al menos el 17% del presupuesto de cada entidad. b. Asegurar que cada Ayuntamiento de las islas ofrezcan las Prestaciones Básicas, con dotación financiera suficiente e incremento y estabilidad en los equipos de trabajo. En los últimos años ha habido un incumplimiento del Gobierno estatal y del Gobierno de la Comunidad Autónoma en los porcentajes distributivos de financiación del Plan Concertado, suponiendo una sobrecarga a los Ayuntamientos de Canarias alcanzando el 80%.

Asegurar que cada Ayuntamiento de las islas ofrezcan las Prestaciones Básicas, con dotación financiera suficiente e incremento y estabilidad en los equipos de trabajo

c. En este sentido las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales comprenden todas aquellas ayudas, fundamentalmente de carácter público, reguladas y sujetas a derecho, que se instrumentalizan para garantizar unos mínimos socialmente reconocidos por todo ciudadano. Tienen carácter universal, sujeto a los límites que definen las situaciones originarias de los potenciales destinatarios dentro del Sistema de Servicios Sociales e incluyen: Información y orientación, ayuda a domicilio y otros apoyos de la unidad de convivencia, alojamiento alternativo, prevención e inserción social, cooperación social y fomento de la solidaridad, ayudas de emergencia social. El hecho es que la financiación por proyectos ha caído un 9,5% entre 2009 y 2013, a excepción de un leve pero insuficiente incremento en los centros de acogida. Se ha pasado de una financiación total de 68 millones y medio en 2009 a 62 millones en 2013. Este recorte contrasta significativamente con las 80 mil personas más atendidas que en 2009, y por supuesto con la reducción de personal del 20% en este período de tiempo, factores estos que repercuten directamente en la calidad de los servicios, en la merma de los derechos sociales y como consecuencia de ello en el aumento de la desprotección social.

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d. Elaboración de una cartera de prestaciones y servicios de Servicios Sociales y reconocimiento como Derecho Subjetivo. e. Aumento de plantilla y de servicios de atención en los Servicios sociales, llegando a contar con una persona trabajadora social para la atención primaria por cada 3.000 habitantes. En la actualidad la tasa de población por Unidad de Trabajo Social, o lo que es lo mismo, el nº de personas susceptibles de ser atendidas por cada profesional se sitúa alrededor de las 16 mil por profesional. No queremos olvidar al resto de sistemas que componen el Estado de Bienestar: Salud, Educación, Garantía de Rentas, Vivienda… todos ellos deben también desarrollarse y fortalecerse para que den plena cobertura desde lo público a toda la población y den respuesta efectiva sus necesidades. B. AUMENTO DE LAS PARTIDAS ECONÓMICAS PARA LOS SERVICIOS SOCIALES.

Priorizar la inversión social, dedicando entre el 7% y 15% del Presupuesto General de la Comunidad Autónoma para Servicios Sociales

Los presupuestos son el eje central de la política actual ya que dentro de los mismos se recoge y cuantifica las iniciativas que realmente quiere llevar a cabo una administración, y que en muchas ocasiones dista de lo que se traslada a través de los medios de comunicación. En los presupuestos se reflejan los gastos, la inversión y la financiación de los mismos y es en este sentido donde se puede determinar qué partidas son consideradas prioritarias y cuales no para la administración que los elabora. En este sentido una verdadera apuesta por las Políticas Sociales conllevaría:

a. Priorizar la inversión social, dedicando entre el 7% y 15% del Presupuesto General de la Comunidad Autónoma para Servicios Sociales. Partidas presupuestarias como la relativa a las “Actuaciones de protección y promoción social (que engloba los servicios sociales, el fomento de empleo y vivienda), ha tenido este año un recorte del 30% respecto al 2010 (unos 233 millones de euros menos). b. Presupuestar las partidas para el 2016 con un aumento de la financiación de cada programa, especialmente las partidas más recortadas: Infancia y familia, migrantes, atención a las emergencias sociales, escuelas infantiles, dotación de Servicios Sociales... En este sentido la partida de servicios sociales y programas de promoción social en los presupuestos generales del Gobierno de Canarias se ha incrementado hasta llegar a los 281.849.576 de euros en el año 2015, lo que supone un incremento del 3,7% respecto al año anterior. Sin embargo, en 2007 se invertía un 6% más. c. Implantar fórmulas de financiación objetivas, estables, justas y adaptadas a las características territoriales de Canarias. Por lo tanto, se debe garantizar la responsabilidad pública en las

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prestaciones sociales básicas a toda la ciudadanía en situación de necesidad, para lograr la universalización de los derechos sociales, además, al igual que otros sistemas de bienestar social, la financiación debe garantizarse por Ley. d. Garantizar la existencia de créditos suficientes para sufragar los servicios, programas y prestaciones que engloban el Sistema Público de Servicios Sociales, respetando los derechos básicos consolidados a partir de la aprobación de distintos marcos normativos y legales en materia de política social y que integran los distintos sectores: mayores, infancia y familia; diversidad funcional, inmigración, exclusión social, drogodependencias, cooperación internacional, igualdad, etc. Para ello, se propone iniciar un proceso de regularización de la financiación económica de los servicios mediante una comisión de trabajo interadministrativa que incorpore a todos los niveles de la Administración para idear un plan que procure la sostenibilidad económica y financiera del Sistema Público de Servicios Sociales. Mientras tanto, evitar la reducción presupuestaria en las partidas del área de política social, en tanto Garantizar la existencia de que ya éstas han sufrido de manera continuada serios recortes créditos suficientes para que han afectado no sólo a la calidad y estabilidad de los sufragar los servicios, programas y servicios existentes en todas las Islas, sino también programas y prestaciones a su permanencia en el transcurso del tiempo. que engloban el Sistema C. GARANTÍA DE RENTAS PARA TODAS LAS PERSONAS

Público de Servicios Sociales, respetando los derechos básicos consolidados

La falta de ingresos de la población se está viendo agravada por las políticas de recorte del gasto público que queda reflejado, entre otras cuestiones en la reducción de la cobertura de la protección social. Las rentas mínimas de inserción están reduciendo su capacidad de protección tanto desde una perspectiva cualitativa como cuantitativa dado que las diferentes administraciones ponen sus propios requisitos para acceder y mantener las diferentes prestaciones y éstos cada vez son más estrictos.

En relación a la ley 1/2007 que regula la Prestación Canaria de Inserción (PCI), las personas perceptoras titulares han aumentado un 30% desde 2009 a 2013, pasando de 4.500 a 5.860. Sólo 1 de cada 1.000 hogares sin ingresos cobra la PCI. Tras las últimas modificaciones realizadas a finales de enero, después de 8 años de denuncias por sus incumplimientos y deficiencias, queremos seguir reiterando que: · Sobre su finalidad a. La inclusión social requiere de la voluntad de las instituciones para trabajar desde la coordinación, la colaboración y el apoyo mutuo, y de los/as profesionales desde la potencialidad y la creatividad.

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b. Los importes actuales establecidos mantienen a las personas por debajo del umbral de la pobreza, una verdadera apuesta de las administraciones públicas por la igualdad tendría como eje central el aumento de las cuantías establecidas para esta prestación. · Sobre el procedimiento a. Los nuevos plazos aprobados deben ser cumplidos, ya que la experiencia nos ha dicho que hasta el momento el incumplimiento de los plazos es una realidad cronificada. Solventado este incumplimiento, la administración pública debe seguir trabajando por continuar reduciendo los plazos. b. Introducir mejoras en la dotación y organización del personal relacionado con la gestión de la PCI a nivel de la DGPS y de los servicios sociales de los ayuntamientos.

Se deben implementar procesos de intervención continuos, en el marco de la formación ocupacional para la inserción sociolaboral de las personas, a partir de la creación de estructuras formativas completas y estables, hoy inexistentes en Canarias

c. Mejorar la aplicación informática empleada para la tramitación y gestión de la PCI. · Sobre los Planes de Actividades de Inserción (PAI) a. Se ha de realizar un PAI en combinación con los intereses y las necesidades reales de las personas atendiendo a todas sus dimensiones (personal, familiar, social…).Para ello es imprescindible tanto que se dote de los recursos y servicios públicos necesarios como que se garantice al acceso normalizado a los mismos.

b. Se deben implementar procesos de intervención continuos, en el marco de la formación ocupacional para la inserción sociolaboral de las personas, a partir de la creación de estructuras formativas completas y estables, hoy inexistentes en Canarias. c. Establecer espacios permanentes de coordinación, abiertos para los distintos recursos implicados en las medidas de integración (consejerías de empleo, educación, sanidad, igualdad, etc.). · Sobre los/as profesionales a. Es imprescindible que se revise y refuerce la ratio de profesionales necesarios, según población afectada, avanzando en fórmulas de colaboración técnica y económica entre las distintas administraciones responsables, que permitan la incorporación inmediata de personal suficiente para la gestión de la prestación conforme a los plazos establecidos. b. Garantizar la estabilidad del personal contratado por parte de la DGPS y de los ayuntamientos para la

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aplicación de la PCI, respetando de este modo: los procesos de intervención social con las personas usuarias, la ética profesional y la filosofía de la propia ley. · Las competencias y la financiación. a. Es urgente consolidar fórmulas de financiación estable y suficiente entre las distintas administraciones responsables, estableciendo prioridades y contando con el criterio técnico a la hora de prever las necesidades presupuestarias anuales para poder dar cobertura a todas las solicitudes en tiempo y forma. Continuar con la medida de ampliación de presupuestos durante el año supondrá que siga ocurriendo que se agote el dinero presupuestado a mitad de año. b. Aumentar la defensa del sistema público de Servicios Sociales, fortaleciendo y reestructurando dicho sistema. · Los órganos de seguimiento y coordinación. a. Se exige que la Comisión Técnica de Coordinación y la Comisión de Seguimiento asuman y ejecuten las competencias previstas por Ley.

El lenguaje es primordial para la percepción del mundo y en este sentido palabras como pobreza y exclusión social, son términos etiquetadores que promueven una forma de intervención desde el asistencialismo y la beneficencia. Por este motivo se defienden otros términos como son derechos, igualdad o reparto de la riqueza, que hagan posible pasar de Planes de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social a Planes por la Igualdad y la Justicia Social. En este sentido estos planes deben surgir de procesos participativos y de trabajo conjunto entre todos las/os agentes sociales y políticos de las islas, con diagnósticos, objetivos, fases, responsables, metodologías, partidas presupuestarias... a través de un pacto por unanimidad entre todos los agentes sociales y políticos, que supere los periodos electorales y cuente con una financiación estable y suficiente. Sin embargo, tras todos estos años en los que se ha constatado la despreocupación institucional por trabajar por la Igualdad y la Justicia Social, en respuesta a que toda persona tiene que vivir con dignidad, ya que cada vez se restringe más la posibilidad de tener un trabajo estable y que se respeten las condiciones necesarias para el desarrollo individual y colectivo, damos un paso más y abogamos por una Renta Básica a la que tenga derecho toda la ciudadanía. La Renta Básica es individual, universal, no tiene contrapartidas y es incondicional, pudiendo constituirse como un instrumento para elaborar un nuevo sistema de protección e intervención social. Recomendamos por lo tanto, la apertura de un profundo debate sobre la Prestación Canaria de Inserción y 11

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su repercusión en la mejora de la calidad de vida de las personas, así como la promoción de estudios para la implantación de la Renta Básica Universal en Canarias. El objetivo de cualquier gobierno es que ningún hogar se quede sin prestación ni sin ingresos económicos. En Canarias 80.000 familias se encuentran en situación de pobreza severa y más de 52.000 familias no tienen ingresos ni prestaciones. D. HACIA UNA NUEVA LEY DE SERVICIOS SOCIALES Esta nueva Ley debe partir de una investigación rigurosa y un diagnóstico previo y completo de la realidad social canaria que recoja su historia, todo lo vivido desde la aprobación de la actual Ley (1987), la experiencia profunda y diversa desarrollada en estos años, cuáles son las necesidades que tenemos y desde ese punto de partida promover la aprobación de una nueva Ley de SS.SS desde el consenso, la participación dentro de un proceso claro, compartido y Toda persona, consensuado.

independientemente de su situación o condición, tendrá derecho a los recursos y prestaciones que establece la Ley y los poderes públicos tendrán la obligación de garantizar ese derecho

Así mismo la futura Ley de Servicios Sociales debe partir de los siguientes principios a. Los Servicios Sociales como Derecho Subjetivo: Toda persona, independientemente de su situación o condición, tendrá derecho a los recursos y prestaciones que establece la Ley y los poderes públicos tendrán la obligación de garantizar ese derecho, que podrá ser ejercido ante los tribunales si fuere conculcado. b. Sistema Público de Servicios Sociales: EI principio de responsabilidad pública es la garantía del derecho de la población canaria a los servicios sociales, en el que se debe

sustentar el propio objeto de la Ley. c. Universalidad: Garantizar el derecho de la ciudadanía, sin discriminación por razones de sexo, orientación/identidad sexual, etnia, discapacidad, ideología, creencia o cualquier otro factor, a acceder a los servicios del citado sistema. d. Igualdad: Garantizar la atención a todas las personas independientemente de su lugar de residencia y su situación y/o condición personal o social. e. Justicia social: Apostar decididamente por la redistribución de la riqueza y por el concepto de la Renta Básica Universal, un ingreso suficiente para vivir con dignidad y aplicable a toda la ciudadanía de las islas.

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f. Globalidad: Actuar de forma integral y no parcializada, insertándose los servicios sociales en el conjunto de aquellas acciones que desarrollen los distintos poderes públicos para el bienestar social de los ciudadanos y ciudadanas en su dimensión individual y social. g. Descentralización y Proximidad: Garantizar la atención cercana, accesible y de calidad que la población requiere. h. Prevención e inclusión social: Superar la función meramente asistencial y actuar sobre las causas que generan vulnerabilidad y exclusión social, garantizando la inclusión de la ciudadanía pero evitando procesos de asimilación o aculturación que menoscaben o impidan el libre ejercicio de la identidad de las personas, siempre que este ejercicio no vulnere los Derechos Humanos fundamentales. i. Promoción de derechos: Promover que las personas sean conscientes de sus derechos y los ejerzan con total garantía. j. Normalización e integración: Las personas que acceden a los servicios sociales deberán mantener un régimen de vida tan común como sea posible, procurando mantenerlas en su entorno social, familiar y cultural, fomentando para ello los recursos comunitarios y la articulación del tejido social.

Los Servicios Sociales públicos han de ser para todas y todos: infancia y adolescencia, jóvenes, mayores, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género y en otras situaciones de vulnerabilidad

k. Atención a la diversidad poblacional: Los Servicios Sociales públicos han de ser para todas y todos: infancia y adolescencia, jóvenes, mayores, personas con diversidad funcional, mujeres víctimas de violencia de género y en otras situaciones de vulnerabilidad, población drogodependiente, inmigrantes y personas refugiadas (independientemente de su situación legal), población reclusa y exreclusa, población LGTBI con problemática específica derivada de su orientación o identidad sexual o de género, transeúntes y personas sin hogar, y en general, para cualquier persona, familia, grupo o comunidad que precise de una prestación o recurso ofrecido por el sistema público de Servicios Sociales. l. Planificación de una cartera de Servicios con financiación estable y suficiente: Garantizar un nivel primario de Servicios Sociales comunitarios y un nivel de Servicios Sociales especializados para aquellas personas que necesiten apoyos más precisos. m. Cooperación: Las administraciones públicas tienen el deber de cooperar entre ellas para garantizar una óptima atención del sistema y podrán establecer convenios con Entidades privadas sin fin de lucro cuyo objeto estatutario esté en consonancia con estos principios.

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n. Participación: Garantizar la plena participación de todas las personas en el sistema en la planificación, gestión y evaluación de aquellas decisiones y procesos que les afecten. Asimismo es necesario que se definan niveles de participación efectivos de las entidades y organizaciones sociales en todas las estructuras del Sistema. o. Control de calidad y evaluación: Las administraciones públicas velarán por la calidad del sistema ejerciendo funciones de inspección, evaluación y control de la calidad del mismo, y de aquellas entidades de iniciativa social prestadoras de servicios sociales. Asimismo los propios servicios sociales públicos deben someterse a sistemas de gestión de calidad cuyos resultados sean públicos. Establecer la obligatoriedad de elaborar y aprobar Planes Autonómicos de Servicios Sociales y, a partir de ellos, los consiguientes Planes locales o comarcales.

La participación activa en la elaboración de una nueva Ley de Servicios Sociales es una de las tareas prioritaria de los Trabajadores Sociales de Canarias pues se trata de nuestro ámbito específico de actuación

p. Calidad en el empleo: El factor humano es un elemento decisivo en los Servicios Sociales. Es obligación de todas las entidades implicadas en la prestación de servicios. tanto públicas como privadas, garantizar un empleo de calidad, tanto en la estabilidad, como en las retribuciones, condiciones de trabajo, participación, prevención de riesgos, supervisión, formación y reciclaje. En el sistema público de Servicios Sociales hay profesionales clave y la ciudadanía tiene derecho a tener un/a trabajador/a social de referencia que atienda y acompañe los procesos de inclusión social. Se establecerán ratios y perfiles profesionales integrantes de los Servicios Sociales para atender las distintas necesidades de los colectivos poblacionales diversos que acceden al sistema.

La participación activa en la elaboración de una nueva Ley de Servicios Sociales es una de las tareas prioritaria de los y las profesionales del Trabajo Social de Canarias pues se trata de nuestro ámbito específico de actuación en el que hemos de aportar toda nuestra historia y nuestra experiencia profesional. E) CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. En Canarias más de 163.000 personas están en una situación de dependencia, ya que tienen alguna limitación en la actividad diaria (alrededor del 8% de la población total de las islas); de las cuales el 65% necesita ayuda y cuidados de otras personas, y de ellas unas 6.000 personas no tienen acceso a los mismos, y el 42% no tiene reconocimiento oficial de su situación. Además de ser la Comunidad autónoma que menos invierte en todo el Estado español en dependencia, llegando a 39 euros persona al año en el 2013, mientras que la media estatal era de 109,6 euros.

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Los parches no sirven. No se puede seguir llamando erróneamente el cuarto pilar a la mal llamada Ley de la Dependencia, porque sencillamente no lo es. Entendemos que la gestión de la Ley 39/2006 ha de integrarse en la macroestructura del Sistema Público de Servicios Sociales como un elemento normativo complementario y no como un sistema aislado, ya que de esta forma no sólo se merma la visión global que caracteriza a las políticas sociales, sino que además, se dificulta la adecuada distribución y optimización de los recursos sociales y sociosanitarios. Por ello se debe trabajar por: a. Cumplimiento de la ley en todas sus dimensiones. Acabar con los plazos más largos del Estado y el mayor número de personas en el limbo de la dependencia. Garantizar la tasa de reposición. b. Establecer plazos para la modificación del PIA y tenerlos en cuenta para lista de espera de plazas en caso necesarios. c. Desarrollar la figura del Asistente Personal. d. Acceso inmediato al derecho, prestación o servicio. Cuando no exista plaza, la concesión de otro servicio o prestación, a la vez que se incluye a la persona en lista de espera para el recurso idóneo. e. En relación a las prestaciones económicas, que exista dotación presupuestaria para recuperar la convocatoria de carácter anual para la Adquisición de Ayudas Técnicas y Eliminación de Barreras.

Entendemos que la gestión de la Ley 39/2006 ha de integrarse en la macroestructura del Sistema Público de Servicios Sociales como un elemento normativo complementario y no como un sistema aislado

f. En relación al Servicio de Ayuda a Domicilio, que se conceda la prestación económica vinculada al SAD, contratando el servicio cuando se reciba el dinero. g. Ampliar y mejorar la infraestructura de recursos y servicios que den cobertura al incremento de la demanda que aumenta de forma sustancial. F. EL TRABAJO SOCIAL, UNA PROFESIÓN PARA LA JUSTICIA SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS El Comité Ejecutivo de la Federación internacional de Trabajadores Sociales y la Junta de la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social, tras un periodo largo de revisión, presentaron a los miembros de ambas organizaciones en sus respectivas Asambleas/Juntas la definición global del Trabajo Social consensuada en Melburne en julio de 2014 para adaptarla tanto a la situación actual del Trabajo Social en el mundo como a nivel nacional y/o regional, por ello: “El Trabajo Social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los 15

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principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos, el trabajo social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar.” El Trabajo Social, tal como se recoge en nuestro Código Deontológico, está fundado sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad y la igualdad tal y como se contemplan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho. En ellos se basa la actuación profesional, por medio de la aceptación de los siguientes principios. Principios básicos: 1.- Dignidad. La persona humana, única e inviolable, tiene valor en sí misma con sus intereses y finalidades.

Promover mecanismos de reparto de la riqueza en Canarias, implementando políticas de redistribución de la riqueza, no familiaristas ni asistenciales

2.- Libertad. La persona, en posesión de sus facultades humanas, realiza todos los actos sin coacción ni impedimentos. 3.- Igualdad. Cada persona posee los mismos derechos y deberes compatibles con sus peculiaridades y diferencias. Principios básicos que siempre deben estar en la agenda política y tenidos en cuenta por los partidos políticos que tengan la responsabilidad en algún momento de dirigir un municipio, cabildo, comunidad autónoma o estado. En conclusión los responsables políticos deben trabajar: a) Ante la actual situación económica y condiciones de vida de la población

· Por un modelo de sociedad, de economía, de política y cultura que promuevan la igualdad social y económica, que ponga en el centro a la población. · Adaptar las políticas sociales para dar respuestas efectivas a la misma, reforzando la atención a los distintos colectivos, sin descuidar a la infancia. · Promover mecanismos de reparto de la riqueza en Canarias, implementando políticas de redistribución de la riqueza, no familiaristas ni asistenciales. Entre ellos, el desarrollo de políticas sociales que garanticen la renta básica a todas las personas, estrechando de esta forma el incremento constante de la desigualdad socio-económica, y a través del acceso a rentas económicas, por encima del umbral de la pobreza, para todas la personas.

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· Eliminar los mecanismos de acumulación de la riqueza. · Reducir los precios y aumentar los ingresos en los hogares canarios, lo que generará mayor renta disponible en el hogar, lo que supondría un desahogo para las familias al límite de la exclusión, aumentaría el consumo y a su vez fomentaría la creación de empleo. · Equiparar en percepción y legalmente los derechos sociales a otros derechos considerados fundamentales. Que las políticas sociales sirvan para mejorar las condiciones económicas de todas las personas y sus accesos a todos los bienes necesarios para una existencia digna. · Aumentar las transferencias económicas a la población que sufre la desigualdad, mediante mecanismos unificados en las Administraciones Públicas y equilibrados, que lleguen eficazmente a los colectivos con mayor dificultar, para los cuales ya existen recursos técnicos y humanos adaptados a tal fin. · Desde una defensa real del acceso a los derechos sociales a toda la población a través de la consolidación y crecimiento de los servicios públicos en general y de los Servicios Sociales en particular. · Aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. En especial la inmediata prestación a las más de 12.000 personas en el limbo, desarrollo del asistente personal y su incorporación completa dentro del Sistema Público de Servicios Sociales

Que las políticas sociales sirvan para mejorar las condiciones económicas de todas las personas y sus accesos a todos los bienes necesarios para una existencia digna

· Por una nueva Ley de Servicios Sociales basada en los principios y valores que deben sustentar la misma y en un diagnóstico profundo de la realidad social. b) Por la continuidad del Plan Concertado de Prestaciones Básicas · Que la Reforma de la Administración Local no suponga la progresiva desaparición de los servicios públicos de los Ayuntamientos de Canarias, en especial de los servicios sociales. · Aumentar la financiación en consonancia con la realidad actual, para que garantice los derechos de acceso a los servicios sociales y del resto de sistemas de bienestar. · Equidad en la distribución y cumplimiento de los porcentajes en la financiación por parte del Gobierno Central, Comunidad Autónoma y Entidades Locales. 17

MANIFIESTO DEL COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE LAS PALMAS ANTE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES LOCALES

· Mejorar en el reparto de los fondos para Servicios Sociales y otros Servicios Públicos Básicos, poniendo en valor su eficiencia y equidad. · Implantar el Sistema de Información de usuarios y usuarias de los SS.SS. para entre otras cuestiones: mejorar los diagnósticos, la planificación, la evaluación, etc. · Aumentar el número de Centros de Servicios Sociales y Unidades de Trabajo Social, así como de otro tipo de equipamientos y recursos descentralizados y adaptados a la situación específica del municipio, para mejorar la eficacia de las prestaciones básicas, haciéndolas más próximas y cercanas a la población. · Aumentar la inversión en las prestaciones, no sólo de las económicas, sino de aquellas que propicien una atención integral y coordinada, donde la prevención cobre una mayor

Que los SS.SS. lleguen al 100% de la población para alcanzar su vocación universal como principio fundamental, o como mínimo doblando sus actuaciones a aquellas personas con unas condiciones de vida inestables o precarias

relevancia. · Adecuar el número de servicios a la demanda de personas con necesidades de atención en los SS.SS. actuales y potenciales. · Que los SS.SS. lleguen al 100% de la población para alcanzar su vocación universal como principio fundamental, o como mínimo doblando sus actuaciones a aquellas personas con unas condiciones de vida inestables o precarias. · Incrementar las plantillas de personal en los Centros de SS.SS., U.T.S., Albergues o Alojamientos alternativos para dar una mejor respuesta a los derechos sociales, fomentando su estabilidad laboral, tan importante no sólo para las y los

profesionales, sino para las personas atendidas. c) En relación a los presupuestos de la Comunidad Autónoma Canaria · Facilitar el debate de los presupuestos en el Consejo General de Servicios Sociales, antes de llevarlos a Pleno del Parlamento de Canarias, para que sean tenidas en cuenta las propuestas basadas en diagnósticos y en la experiencia directa con los servicios y la población atendida. · Crear una mesa de seguimiento trimestral en la que participe el Gobierno y agentes sociales ligados a los SS.SS., velando por el cumplimiento en la ejecución y adecuando los gastos a la realidad social. · Promover la estabilidad y suficiencia presupuestaria acorde con la demanda, y que aumente lo

Las PERSONAS en el centro del sistema por su VALOR y DIGNIDAD

necesario para que sea suficiente para el gasto anual. Las partidas que deben aumentar el gasto son: Cooperación al desarrollo, Actuaciones de Protección y promoción social (Servicios Sociales y promoción social, fomento del empleo, acceso a la vivienda), Instituto de Igualdad y todos aquellos programas sociales en general (en especial los relacionados con infancia y familia, además de los consabidos aumentos en las partidas para la Inclusión social (PCI) y Personas en situación de dependencia. · Proponer el aumento de la inversión social como valor de avance y mejora en la calidad de los servicios y la percepción social, y cumpliendo así con los objetivos, funciones y actuaciones del propio sistema de los Servicios Sociales. De esta forma proponemos que aparezca como derecho subjetivo: cartera de prestaciones, catálogo de recursos, la financiación suficiente, exigibles por vía judicial. d) En relación a los presupuestos de las entidades locales de la Provincia de Las Palmas · Incrementar del porcentaje de gasto en actuaciones de protección y promoción social en un mínimo del 17% (teniendo en cuenta el presupuesto total, las competencias y actuaciones o la población susceptible de acudir a los SS.SS.). · Trabajar por la equidad territorial entre municipios generando unos baremos comunes que favorezcan la dedicación de un mayor presupuesto en materia social a quienes más lo necesiten.

Todo ello con el objetivo de que el Sistema Público de los Servicios Sociales en Canarias sea universal, cercano, próximo, redistribuya la riqueza, facilite la satisfacción de las necesidades y el acceso a los derechos de todas las personas. Partiendo de estos principios básicos, erradicando las situaciones de desigualdad y cumpliendo con los objetivos marcados por la propia Ley de Servicios Sociales de Canarias. Para ello se hace necesario un aumento de la financiación pública, una reorganización e incremento de los servicios y de todos los recursos necesarios para una atención de calidad, donde la participación se convierta en un elemento clave y se mantenga la responsabilidad y gestión pública de los SS.SS., frenando y revirtiendo la privatización de los mismos.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de marzo de 2015.

C/ Luis Doreste Silva, 107 - 1ยบ A 35004 Las Palmas de Gran Canaria Tel: 928 29 26 10