Rafael Donaire
3. Alcanzar una óptima modernización de las instituciones que conforman el Sistema de Justicia Penal. En ese mismo contexto, con el fin de asegurar la sostenibilidad del proceso de implementación del Nuevo Código Procesal Penal y contribuir a alcanzar los desafíos que se plantea, se hace necesario considerar —siempre con una visión y enfoque conjunto y sistémico— los siguientes aspectos: a. Mantener el respaldo y compromiso político del más alto nivel de las instituciones que conforman la Comisión Especial de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal, para promover, ejecutar y concretar adecuadamente la implementación del citado código. b. Garantizar oportunamente la disponibilidad de los recursos financieros necesarios de manera integral, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, para el proceso de implementación del Nuevo Código Procesal Penal. c. Fortalecer constantemente las instancias y acciones de coordinación, así como la visión sistémica que requiere la Reforma Procesal Penal, puesto que debemos generar una nueva institucionalidad sobre la base de nuevas prácticas y reglas para un mejor servicio de justicia penal, en coordinación permanente —hacia dentro y fuera de las instituciones— y con orientación al ciudadano. d. Generar en las instituciones involucradas, las suficientes capacidades de gestión moderna para poder impulsar y lograr una adecuada estructura organizacional, infraestructura, recursos humanos, capacitación, difusión y demás que se requieran para la correcta implementación del Nuevo Código Procesal Penal. En este contexto, también resulta relevante implementar un sistema de información integrado del seguimiento y monitoreo de la aplicación del citado Código. e. Continuar capacitando de manera permanente, no solo a los operadores de los distritos judiciales en los que progresivamente entrará en vigencia el NCPP, sino también fortalecer la capacitación en los lugares en los que ya se encuentra vigente el Código. f. Realizar mayores esfuerzos mediante el desarrollo de acciones, estrategias y campañas —de corto y largo plazo— en el ámbito de la difusión y sensibilización con el objeto de lograr un cambio de paradigmas en cuanto a la justicia penal, dirigido no solo a los operadores del sistema de justicia penal, sino de manera especial a la ciudadanía en general.
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