En los países miembros de la OCDE, las decisiones de regulación importantes están sujetas a revisión judicial, pero es prácticamente insólito que sus efectos se suspendan de manera sistemática. Los litigios en el sector en nuestro país, han significado enormes retrasos en la implementación de una sana regulación y particularmente han tenido un impacto negativo en materia de competencia. La regulación a operadores dominantes ha tenido resultados muy positivos en otros países. Por ejemplo, en Reino Unido, el órgano regulador ordenó a British Telecom la separación funcional entre su mercado al usuario final y el mercado mayorista, lo que permitió el ingreso de nuevos competidores y una reducción significativa de precios. En Estados Unidos se ordenó la división de la compañía telefónica dominante en varias empresas separadas, como remedio al monopolio que representaba, lo que también tuvo un impacto positivo en el servicio que reciben los usuarios finales. En contraste, desde agosto de 1997, la Comisión Federal de Competencia emitió una declaratoria de dominancia respecto de un concesionario en los mercados de telefonía local, interconexión, larga distancia nacional, larga distancia internacional y transporte interurbano de datos (Resolución AD-41-97 del 4 de diciembre de 1997). La resolución de la Comisión fue anulada en tribunales federales en tres ocasiones (Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, expedientes 721/2000, 493/2003, 473/2006). El resultado final fue la anulación de la declaratoria, para iniciar nuevamente el proceso en 2007, mismo que terminó con cinco nuevas declaratorias de dominancia (Resoluciones DC-002-2007, DC-003-2007, DC-004-2007, DC-005-2007), que a la fecha no han podido ejecutarse debido a que se encuentran impugnadas. Otro ejemplo es la impugnación de las resoluciones de interconexión para el periodo 2005-2010. La Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) resolvió en septiembre de 2006 (Resolución P/EXT/310806/63) las tarifas de interconexión relacionadas con tres concesionarios. Asimismo, en enero de 2008, resolvió el desacuerdo entre dos de ellos (Resolución P/090108/14). En ambos casos, las empresas impugnaron en juicio de amparo las resoluciones de la COFETEL, mismas que hasta hace unos días fueron resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las resoluciones de la autoridad reguladora fueron emitidas hace seis y cuatro años, respectivamente, y el periodo que resolvió la COFETEL para estas tarifas concluyó hace más de dos años, de donde se demuestran claramente los efectos negativos de la falta de efectividad de las resoluciones de los órganos reguladores. En el mismo sentido, en el sector de la radiodifusión se han presentado múltiples litigios en contra de actos y resoluciones de la COFETEL relacionados con la transición a la televisión digital terrestre.
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