CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 1. A manera de conclusiones y reflexiones para el debate. En la realidad salvadoreña y particularmente en la vida política y social del país ha prevalecido una cultura política autoritaria que ha sido heredada desde los tiempos del nacimiento de El Salvador como Nación. Esta cultura autoritaria ha sido fundamentalmente ejercida e impuesta desde las estructuras políticas y del ejercicio gubernamental de los Órganos del Estado, quienes han excluido a la ciudadanía del hacer de la política y la ciudadanía se ha autoexcluido de la política al no haber encontrado respuestas eficientes y efectivas al conjunto de sus derechos que para una parte importante de la sociedad siguen desatendidos o escasamente atendidos.
Se han cumplido dos años de ejercicio de gobierno del Presidente Mauricio Funes, es decir, el 40% de la gestión presidencial y se considera que en el desempeño de éste ha habido influencia de rasgos de esa cultura política autoritaria. La poca tolerancia a la crítica pública, la polarización política, la poca moderación, la negociación entre grupos de interés, la resistencia a perder el control del poder gubernamental, el no brindar garantías para el efectivo ejercicio de los derechos ciudadanos y humanos, son solo algunos ejemplos de esos rasgos de cultura autoritaria en el ejercicio de gobierno no solo del Presidente sino también de las cúpulas partidarias. El poco interés por la política, la visión pragmática ante una realidad llena de problemas y necesidades que lleva a una indiferencia de la mayoría de la población ante la forma de cómo se conduce el poder, es decir la sumisión al poder, son solo algunos rasgos de esa cultura autoritaria que prevalece en la ciudadanía.
En diversas instituciones del gobierno se ha comenzado por abrir espacios y crear normativas e instrumentos que incorporan la transparencia como política transversal en el trabajo que se realiza en cada dependencia como resultado de la voluntad política de los funcionarios; el interés y preocupación mostrado por la mayoría de las entidades públicas del Órgano Ejecutivo para desarrollar las condiciones que viabilicen la puesta en marcha de la Ley de Acceso a Información Pública, las iniciativas de institucionalizar la transparencia a través de políticas o mecanismos específicos como la rendición de cuentas, las OIR, los Comités de Transparencia o la creación de 144