Editoriales
> LA PRENSA Sábado 8 de Septiembre de 2012 Cd. Reynosa, Tam.
El reclamo
A la mexicana \
Enrique Peña y la izquierda
Por: Manuel Clouthier
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retender un balance del sexenio de Felipe Calderón es un ejercicio necesario pero que por justicia debe hacerse integral, es decir, analizar los ámbitos político, económico, social, seguridad, el combate a la corrupción, etcétera.
Por: José Fernández Santillán
Para Alonso Lujambio, quien el domingo pasado cumplió 50 años
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na vez concluido el proceso electoral (por lo menos en lo que toca al TEPJF) con la entrega, el 31 de agosto, por parte del magistrado Alejandro Luna Ramos a Enrique Peña Nieto de la constancia que lo acredita como presidente electo, asistiremos en los próximos meses al periodo de transición en el cual el gobierno de Felipe Calderón le pasará la estafeta al gobierno entrante. Se trata de un lapso de tiempo propicio para definir las grandes líneas de acción para el próximo sexenio en materia política, económica y social. Por lo pronto la administración entrante ha anunciado tres iniciativas inmediatas: la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, el otorgamiento de mayor competencia a los órganos oficiales encargados de la transparencia y la supervisión ciudadana en la contratación de publicidad por parte de los poderes públicos en los medios de comunicación. Son medidas plausibles. No obstante, en lo que también se debe trabajar es en un acuerdo nacional en favor de la gobernabilidad democrática. En este compromiso deben participar todas las fuerzas políticas con presencia en el Congreso de la Unión. Asunto que implica la atención a por lo menos cuatro rubros fundamentales: orientar y darle certeza a la nación, restablecer el orden público, atender los mínimos de bienestar que demanda la población y garantizar mayorías estables en el Congreso de la Unión. Para llevar a cabo este último propósito considero que se necesitan instrumentar, por lo menos, dos magnas transformaciones: de una
parte pasar del sistema presidencial al sistema parlamentario; de otra parte, cambiar de modelo económico. Por lo que respecta al primer asunto debemos recordar que desde 1997 no se han podido formar mayorías parlamentarias estables. Hemos tenido gobiernos divididos que derivan con frecuencia en gobiernos bloqueados en vista del sistema presidencial prevaleciente. En contraste, el sistema parlamentario (propuesta que comparto con Alonso Lujambio) obliga a los partidos a formar mayorías para sostener al gobierno en turno, de otra manera los representantes pierden sus puestos y se llama a nuevas elecciones. Ese es el incentivo que los acicatea. Por lo que hace al modelo económico, es de sobra conocido que el neoliberalismo se desfondó en 2008 con la debacle de Wall Street. Muchos países, en consecuencia, andan buscando una alternativa económica diferente. En México es hora de que la izquierda democrática, no maximalista, adopte una actitud constructiva. Le entre al quite para equilibrar la balanza en la correlación de fuerzas en la política nacional. Hoy esa izquierda democrática
tiene la suficiente fuerza parlamentaria para impulsar una agenda que deje atrás el neoliberalismo. Adolfo Orive (“Frente Legislativo Progresista”, Excelsior, 2/IX/12) sintetizó la propuesta legislativa de la izquierda de la siguiente manera: atacar el problema del narcotráfico debilitando sus estructuras financieras y el lavado de dinero. Para esto se necesita reorientar la estrategia de combate al crimen organizado atacando las causas de la inseguridad; es decir, la inequidad social, el rezago educativo y el desempleo. Promover la inversión en infraestructura, la ampliación del mercado interno y el fortalecimiento productivo de la pequeña y mediana industria. Rechazar el incremento al IVA en alimentos y medicinas. Incrementar el presupuesto en ciencia y tecnología; promover nuestra inserción en la sociedad del conocimiento. Una alianza política entre el PRI y la izquierda democrática impulsaría esta agenda legislativa; la traduciría en políticas públicas desde el gobierno federal. Tal enlazamiento cambiaría el rumbo del país en sentido progresista y, de paso, le restaría fuerza a la izquierda neopopulista.
Lumpenobradorismo Por: Macario Schettino
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ues igual que hace seis años, el caudillo no acepta ni los resultados electorales, ni las decisiones de los tribunales. No es nuevo, por eso fue desaforado en 2005, por no respetar una decisión de la Suprema Corte de Justicia. Claro que él argumentó razones políticas, un complot en su contra, como siempre hace. Y con eso logró sumar detrás de sí a una cantidad nada despreciable de mexicanos. En 2006, López Obrador perdió la elección por un par de cientos de miles de votos. Una proporción de apenas medio por ciento del total de sufragios. Y dijo que había fraude, y para ello inventó cualquier cantidad de mentiras. Desde los 3 millones de votos que según él el IFE había escondido (aunque López sabía que mentía), a las acusaciones a sus mismos representantes de casilla, pasando por el famoso “algoritmo” y una serie de ilusiones matemáticas. En ese entonces, el Tribunal Electoral afirmó que habían ocurrido irregularidades, pero que no era posible saber cómo habían afectado la elección. Incluyó entre las irregularidades los dichos del presidente Fox, que no pueden ser calificadas de esa forma, puesto que no hay legislación al respecto. Mala idea del Tribunal, porque sólo contribuyó al mito del fraude. Usted debe recordar lo que siguió: la toma de Reforma, la defenestración de Ugalde, la reforma electoral regresiva, y
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muchos meses de tensión provocados por pequeños piquetes de seguidores de López Obrador que perseguían a los actores políticos para impedirles incluso hablar. Este lumpenobradorismo tuvo sus representantes en las Cámaras, que intentaron evitar la toma de posesión de Calderón, y que obstaculizaron el funcionamiento del Congreso todo lo que pudieron. En cada intento de reforma seria, la reactivación del conflicto, y la amenaza del estallido social. Ahora ocurre lo mismo, con sus diferencias. López Obrador pierde por un margen muy grande, seis millones de votos, pero aún así alega fraude. Como no hay forma de que éste haya ocurrido en las casillas (igual que no ocurrió en 2006), ahora se argumenta una elección inequitativa y compra de votos. El Tribunal Electoral juzgó que ninguna de las pruebas presentadas por la coalición que impulsó a López Obrador servía de mucho. El asunto del dinero los mismos partidos lo sacaron del ámbito del Tribunal y lo enviaron a la Procuraduría, que en algunos meses tendrá resultados, pero que no pueden tener impacto en el resultado de la elección. Nuevamente, López Obrador rechaza el fallo del Tribunal, como en 2006 y como en 2004 frente a la Suprema Corte. No es sólo que nunca acepte una derrota electoral, tampoco acepta las decisiones
jurídicas. Es, en toda la línea, un caudillo. Y, como decíamos, tiene muchos seguidores. Logró poco menos de 15 millones de votos en 2006 y poco más en 2012. Y deben ser casi las mismas personas, porque no hay gran variación en su votación por entidad federativa. Pierde una cantidad importante de votos en el DF, Estado de México y Michoacán, pero la compensa con ganancias en Puebla, Jalisco, Baja California y Nuevo León. Fuera de eso, los votos son prácticamente los mismos. Son seguidores leales. Un pequeño grupo de esos seguidores, sin embargo, es el lumpenobradorismo al que me refiero. Piquetes de jóvenes fanáticos que otra vez persiguen a los políticos, o que, en un acto que merece repudio general, lanzan huevos a Roy Campos (a quien no tengo el gusto de conocer personalmente). Los lumpenobradoristas incluso afirman que lo tiene merecido, porque en su simpleza, suponen que las encuestas de Roy serían parte de ese gran complot que impidió a su líder llegar al poder. El lumpenobradorismo no se limita a esos jóvenes fanáticos (que, por cierto, nada tienen que ver con el pequeño e interesante brote llamado #YoSoy132, ahora extinto). Forman parte de ese grupo fanático destacados intelectuales y políticos.
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Hoy analizaré solamente el tema que el propio Presidente dio mayor énfasis, al extremo de convertir su discurso sexenal casi en monotemático: “Su guerra contra el crimen organizado”. Lo primero que hay que reconocerle al presidente Calderón en este tema, es que sí entendió que el crimen organizado y el narcotráfico ya no eran un problema de seguridad pública solamente, sino que se habían convertido en un problema de seguridad nacional. Calderón vio con claridad que el crimen organizado había crecido exponencialmente a la caída del viejo régimen con la complacencia del gobierno de Vicente Fox, pero con la complicidad de muchos gobiernos estatales. Son los casos de Tamaulipas, Sinaloa, Nuevo León, entre otros; donde el narcotráfico creció y se apoderó del territorio durante los gobiernos de Tomás Yarrington, Juan Millán y Natividad González, respectivamente. El gobierno de Vicente Fox desestimó este fenómeno, mismo que le advertí en una carta que publiqué el 1º de octubre de 2002, donde al dirigirme “a Maquío”, mi padre, le decía: “Se gestó un nuevo modelo de político: el narcopolítico, que ya no por complacencia, ineptitud o temor, sino por complicidad fomentó este cáncer social que todo lo corrompe”. Calderón advirtió del creciente poder del crimen organizado a la incipiente democracia mexicana y la sociedad, y decidió combatirlo bajo la premisa del fiscal Giovanni Falcone de Palermo, Italia cuando decía: “El Estado tiene la fuerza para derrotar a la mafia”. Pronto el presidente Calderón se daría cuenta que las instituciones encargadas de la seguridad pública y de la seguridad nacional estaban severamente vulneradas por la acción corruptora del enemigo. Aun así decidió llevar a cabo algunas acciones de gobierno que exigía la amenaza, profundizando su colaboración con Estados Unidos a un grado nunca antes visto en la relación bilateral del combate a las drogas, y logro avances importantes. Desmanteló el Cártel de Tijuana y al grupo de los Beltrán Leyva, y debilito a la organización criminal La Familia Michoacana. Sin embargo, se cometieron muchos errores y excesos que la terquedad del Presidente no permitieron corregir oportunamente y que además permitió a otras bandas criminales fortalecerse y adaptarse a la nueva realidad. Soy un convencido que no existe crimen organizado sin apoyo institucional. Y es increíble que en el sexenio de “la guerra contra el narcotráfico” no se haya combatido la corrupción que le da sustento institucional al crimen organizado. No se combatió la narcopolítica, sino que se cometió el error de politizar “la guerra”, buscando legitimarse él, pero deslegitimando la lucha. Tampoco se emprendió una acción contra el lavado de dinero, actividad que le da soporte económico a los criminales. Y es que en México no se combate porque lava dinero no sólo el crimen organizado, sino también la clase política; entonces son los políticos los que no quieren que se combata. En esta “guerra” era necesario recuperar territorialmente tres estados de la República: Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán y no se hizo, ¿Por qué? No me lo explico. Ni Calderón siquiera emprendió una acción de recuperar el territorio de su estado natal, Michoacán. Hoy esta “guerra” lleva más de 50 milmuertes y no se ha logrado avanzar en el saneamiento y profesionalización de las instituciones de seguridad pública y de seguridad nacional. Tampoco se ha trabajado en la institucionalización del sistema judicial del país, y lo que es peor, está inundado de una gran corrupción, incluso a los más altos niveles del Poder Judicial y de la procuración de justicia. Ésta es la realidad del país ahora que concluye el sexenio de Felipe Calderón y el paso del PAN por el gobierno federal. Los órganos encargados de la seguridad y la justicia se caracterizan por la ineptitud, corrupción, abuso de poder y la impunidad, y con esto en mente repito lo que dije el viernes 29 de septiembre de 2006 a Carmen Aristegui en su programa en CNN, hace ya casi seis años: “La capacidad corruptora del narcotráfico está infiltrando tanto al Estado que no tengo la menor duda que es uno de los mayores riesgos que tiene el país, y lo grito precisamente porque quien llegue a ser presidente el próximo sexenio tiene que considerar esto, no puede ser, y lo reclamo como sinaloense, que nos echemos otros seis años sin que Sinaloa sea tocado”. Es evidente que Calderón no atendió mi reclamo y ahora los sinaloenses seguiremos esperando a ver si Peña lo escucha y lo atiende.