Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011
PEMEX de 0.5% del PIB, porcentaje que fue rebasado en 0.1% del producto (19,973.1 mdp). Se alcanzaron las metas para el balance presupuestario, al representar 2.5% del PIB, porcentaje igual al programado, ya que la inversión en PEMEX fue menor en 6.7% (19,077.3 mdp) a lo previsto, lo que refleja un incumplimiento de la disciplina presupuestal. La participación de los ingresos petroleros en relación con los ingresos totales, al contrario de la tendencia de disminución que se venía observando en los últimos años, para 2011 fue de 33.7%, superior en 0.8 puntos porcentuales a la obtenida en 2010, originada por el alza en los precios del petróleo. La SHCP deberá establecer mecanismos para determinar con exactitud los ingresos excedentes brutos previstos en el artículo 19, fracción I, de la LFPRH, que para 2011 fueron de 20,730.9 mdp, así como para su presentación en la Cuenta Pública. Los montos que el SAT está devolviendo a los grandes contribuyentes (219,161.1 mdp) representaron el 77.0% de lo recaudado (284,854.2 mdp), por lo que la autoridad fiscal debe de considerar este impacto en los montos netos de la recaudación y determinar si sus políticas son acordes con el marco fiscal integral. Respecto del presupuesto de gastos fiscales (PGF) para el ejercicio 2011, el Gobierno Federal estimó que dejaría de recaudar 529,605.0 mdp; sin embargo, esas proyecciones no correspondieron al monto real ya que no se cuantificaron correctamente el impacto en el IEPS, por subsidios a la gasolina, ni los estímulos fiscales. Además, no se incluyeron en las estimaciones del PGF los subsidios al consumo de energía eléctrica y al precio del gas LP. Los esquemas de apoyo a los precios y tarifas de las gasolinas y el diesel, del gas LP y del consumo de energía eléctrica, que en 2011 significaron un impacto a las finanzas públicas de 280,910.7 mdp, deben ser revisados a la luz de los beneficios que generan a los consumidores, ponderando su efecto en la inflación. De los estímulos fiscales aplicados por 48,972.9 mdp, la ASF considera que la SHCP debe presentar 94
una evaluación integral del impacto de los resultados económicos y sociales en los diferentes sectores que los conforman, a fin de tener un análisis que apoye las decisiones sobre su continuidad o mejora y evitar su opacidad. El SAT debe vigilar el cumplimiento del decreto mediante el cual se otorgaron diversos beneficios fiscales en materia del ISR a las entidades federativas. A partir de 1995 se observa una mejora en la gestión de la deuda, se han establecido objetivos, metas e indicadores de riesgo; sin embargo, desde 2008 los indicadores muestran que la relación de la deuda externa con el total ha crecido, y la proporción de la deuda con el PIB se ha incrementado. La política pública de deuda establecida en el PND y en el PRONAFIDE debe observarse, a efecto de disminuir los riesgos que implica mantener una deuda no sustentable que vulnere las finanzas públicas. En 2011, la deuda del Sector Público Federal se incrementó en 1.3 puntos porcentuales con respecto del ejercicio fiscal de 2010, al ascender a 35.3% del PIB (5.1 billones de pesos), cuando se agrega la deuda del IPAB, y la de los PIDIREGAS de la CFE, la relación es de 43.2%; porcentajes superiores al sugerido por el FMI (entre 25.0 y 30.0%). El Gobierno Federal debe disminuir paulatinamente el monto de la deuda para ajustarse a las mejores prácticas internacionales. De 2006 a 2011, la deuda pública registrada de las entidades federativas y municipios se incrementó de 48.7% a 79.1% como proporción de sus participaciones, por lo que es necesario que los gobiernos federal y estatales analicen posibles soluciones estructurales que mejoren su capacidad recaudatoria y coadyuven a un prudente uso del endeudamiento. A fin de contribuir a regular el crecimiento de la deuda pública subnacional, la CNBV debe normar que el financiamiento que otorgan las instituciones financieras a los gobiernos locales se ajuste a las sanas prácticas bancarias, independientemente de la garantía real sobre participaciones federales. Respecto del financiamiento a la vivienda, la excesiva discrecionalidad en el otorgamiento de créditos y otras concesiones a las IFNB con problemas financieros, por parte de SHF y el FOVI,