Bajo acuciosa investigación sobre la documentación histórica del terreno…
Procuraduría General promueve legalmente construcción de sede de la Defensoría Pública En días pasados, el Gobierno Bolivariano del estado Yaracuy, a través de la Procuraduría General de la entidad, previo un exhaustivo estudio de las condiciones legales, en cuanto a su documentación se refiere, sobre un terreno de 8.539 metros cuadrados, ubicado en la llamada “zona cultural” de la ciudad de San Felipe, procedió a entregar a las autoridades de la Defensoría Pública nacional dicho espacio en calidad de “comodato”, para la construcción de la edificación oficial de éste despacho, encargado de velar por la defensa judicial de los ciudadanos más desposeídos del país. Al no encontrarse de manera exacta la documentación originaria de éste terreno, la Procuraduría General del Estado Yaracuy, designó un equipo de trabajo, encabezado por el propio Procurador del estado, Abogado José Mujica, para realizar una revisión e investigación histórica de gran impacto, sobre la documentación legal de ésta extensión de terreno, el cual fue adquirido por el estado a comienzos de los años ochenta (1980). “Dicha propiedad llegó a manos del Gobierno Regional bajo distintos procedimientos legales, tales como la compra, expropiación y permuta. El sustento de estas negociaciones jurídicas no reposaban en los archivos del estado, por tal motivo, se tuvo que acudir al Registro Inmobiliario de San Felipe y a la notaría para verificar y constatar los linderos exactos y la constitución física del terreno”. Informó el Dr. Mujica. De esos 8.539 metros cuadrados que se estudiaron y analizaron para darle una utilidad productiva, sólo 5.000 metros, fueron destinados para la construcción de una infraestructura idónea para la defensa gratuita de los ciudadanos ante cualquier eventualidad judicial que tenga a bien realizarse en la región, obra que sin duda tendrá un gran impacto social para el estado. Asimismo, el Procurador, comentó que la destinación del resto del lote de terreno en cuestión (3.539mts2.) será para la construcción de la escuela regional de danza, proyecto que ya cuenta con la aprobación del primer mandatario regional, en cuanto su disposición legal y económica
Firma de Comodato para la construcción de la sede de la Defensoria Pública
Abogada Omaira Camacho Carrión
Defensora Pública General
La Asamblea Nacional cumpliendo con el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública, sancionada por el parlamento en agosto del 2008, fue designada la ciudadana Ramona Omaira Camacho Carrión como Defensora Pública General, un cargo público que le garantizará a la población de escasos recursos la defensa en materia judicial. La Dra. Omaira Camacho Carrión nace en Aguasay estado Monagas el 30 de mayo de 1962, fue criada en la Mesa de Guanipa en el estado Anzoátegui, aunque es mirandina por adopción. Con apenas 12 años emprende y lidera luchas estudiantiles, en el Liceo Jesús López Castro, de Mesa de Guanipa. Luego, en la Escuela Técnica Agropecuaria y en el Instituto Universitario Tecnológico de El Tigre asume retos y luchas estudiantiles. Siempre atraída por las luchas sociales y por la justicia entre los hombres, decidió estudiar Derecho y llega a Caracas, incorporándose a la Universidad Santa María, obteniendo el título de Abogada en el año 1990. Posteriormente inicia estudios de especialización en Derecho Laboral en la Universidad Católica Andrés Bello, la cual culmina en el año 1998, complementa su formación superior con el Componente de Formación Pedagógica en la Universidad Santa María de Caracas. Como defensora de los derechos laborales fue la primera mujer que integró un sindicato laboral en la ciudad de El Tigre. Siempre inmersa en la realidad que le rodea, abre sus horizontes profesionales hacia la lucha social, se une al movimiento que formó la Fundación Casa de la Mujer Rosa Daría Gimón de Castillo en San José de Guanipa. Cónsona con los vertiginosos cambios que vivía el país y plenamente identificada con el liderazgo político e ideológico del Presidente Hugo Chávez Frías, llega a Caracas e inicia su actividad política en las zonas más necesitadas del municipio Baruta, lo que la consolida como Segunda Jefe del Comando Maisanta en 2004. Paralelamente ha desarrollado una actividad gremialista, buscando siempre el mejoramiento de los abogados, para ello, en el año 2003 funda y preside la Asociación de Abogados Revolucionarios del Estado Miranda (ASOAREMI) Como Procuradora del estado Miranda, no sólo rescató la institución del olvido y la inercia en que se encontraba, sino que le dió una nueva visión al trabajo del abogado servidor público, para sacarlo de su escritorio y llevarlo a las comunidades mirandinas. El Gobernador del Estado le designó en el año 2007 como Coordinadora del Proceso de Inscripción de Aspirantes a Militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el Área Metropolitana, donde se obtuvo un resultado de 35.213 aspirantes inscritos, superándose las metas previstas para estos municipios y en general para el estado Miranda
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