86 derechos humanos en argentina. informe 2011 reclutan jóvenes para delinquir, homicidios en ocasión de robo de automotores, robos a bancos o camiones de caudales, responsabilidad policial en casos de protesta social,54 desaparición de personas como en el caso Arruga, torturas en ámbitos policiales y carcelarios.55 Las causas de esta incapacidad para reorientar el trabajo judicial tienen raigambre histórica y en muchos casos pueden explicarse por problemas de cultura organizacional.56 Sin embargo, es clave debatir sobre esas causas en el marco de un debate más amplio sobre el funcionamiento y el uso del sistema penal. En definitiva, en aquellos casos que involucran redes ilegales u organizaciones criminales, las investigaciones se limitan a los eslabones más débiles de la cadena, en función de su escaso capital económico, cultural y social. Se pretende mostrar, así, una investigación eficaz, con responsables identificados, pero se esconde un funcionamiento inercial, burocrático y desigual. Es en este punto donde las políticas de seguridad se articulan con las políticas de persecución penal. El trabajo de los fiscales y de las agencias de seguridad debe reconducirse hacia los puntos de mayor capacidad de acción de las redes delictivas. Es necesario concentrar la acción de la justicia criminal en aquellas áreas en las que puede ser efectiva, con intervenciones destinadas a trabajar sobre estos nichos de impunidad, que muestran un trabajo policial y
Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE), a cargo del fiscal Marcelo Colombo. Para más información véase CELS, “La investigación judicial de la trata de personas con fines de explotación sexual en Argentina”, ob. cit. 54 Casos como la investigación por los crímenes cometidos durante la represión de la protesta social en la ciudad de Buenos Aires el 20 de diciembre de 2001 son una clara muestra de las deficiencias en la acción de los operadores judiciales. Transcurren los años y las investigaciones judiciales no evidencian esfuerzos por identificar a los responsables y poner fin a la impunidad. Los pocos avances suelen darse a partir de reiterados planteos de las querellas, y las respuestas llegan de manera tardía y arbitraria. Los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, ocurridos en 2002 en la estación de Avellaneda, son otro ejemplo que demuestra las dificultades para avanzar en la identificación de los autores intelectuales y responsables políticos. 55 CELS, Derechos humanos en Argentina. Informe 2009, Buenos Aires, Siglo XXI, 2009, e Informe 2010, ob. cit.; Comité Contra la Tortura-Comisión Provincial por la Memoria, “El sistema de la Crueldad IV”, en Informe anual 2009, La Plata, 2009; Procuración Penitenciaria de la Nación, Informe anual 2009, Buenos Aires, 2010. 56 Véase Luciano A. Hazan, “Desafíos para la persecución e investigación de los delitos en las Américas. Estudio sobre la investigación y persecución penal de delitos de alta connotación social en la Argentina”, en Persecución de delitos complejos: capacidades de los sistemas penales en América Latina, Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), en prensa.
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