292 derechos humanos en argentina. informe 2011 carácter suspensivo y se remite a lo que decida la CSJN sobre la inconstitucionalidad de la práctica denunciada. De manera simultánea, el Estado intentó recuperar algo del desdibujado papel que había desempeñado a lo largo de la historia en las decisiones de la empresa, pero las barreras administrativas y judiciales consolidadas luego de años en los que la práctica estatal se limitó a convalidar lo decidido por los privados impidieron mayores avances. A esto se sumaron las limitadas estrategias oficiales, que incluyeron, entre otras cosas, la llegada del secretario de Comercio Interior Mario Guillermo Moreno a una asamblea de la empresa con guantes de boxeo y casco. La puesta en escena tenía, sin embargo, un objetivo clave: impedir que los socios privados modificaran la conformación de la Comisión Fiscalizadora de la compañía, último reducto del Estado para controlar las decisiones del directorio. Este tipo de acciones le valieron a Moreno y al titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Daniel Reposo, una inhibición para participar de las reuniones de directorio y otras “actuaciones sociales” de Papel Prensa, dispuesta por el Juzgado Nacional en Primera Instancia en lo Comercial nº 2, a cargo del juez Eduardo Malde. Mientras se desarrollaba la pelea por el reposicionamiento estatal en el interior de la compañía, el Ejecutivo presentó a fines de agosto el resultado de la investigación llevada adelante por una comisión especial de la Secretaría de Comercio Interior. El informe, que se conoció como “Papel Prensa. La verdad”, dio origen a la mencionada querella por crímenes de lesa humanidad durante la apropiación de la compañía. Al mismo tiempo, el gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que declaraba de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios. La iniciativa también preveía la creación de una comisión bicameral permanente “de seguimiento de la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa de papel para diarios”, que tendría a su cargo la evaluación de un nuevo proyecto de ley que precisara el marco regulatorio de esta actividad. Ese segundo proyecto fue elaborado también por iniciativa del Ejecutivo, luego de la realización de más de una decena de foros en todo el país y de la celebración de audiencias públicas en la Cámara de Diputados, y se presentó en el Congreso a mediados de octubre. A lo largo del trabajo en comisión, los diputados oficialistas sumaron las propuestas realizadas por los bloques de Nuevo Encuentro y Proyecto Sur, incluidos muchos puntos de un proyecto redactado por la diputada Cecilia Merchán, para lograr un dictamen de mayoría, que se votó el 19 de octubre en el plenario de las comisiones de Comercio, Comunicaciones, Libertad de Expresión, Asuntos Constitucionales y Peticiones y Poderes. El proyecto, que quedó en condiciones de ser tratado en el recinto en el próximo período de sesiones, contempla la declaración de interés público para la actividad y fija un precio igualitario para todos los compradores de
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