VIII. Libertad de expresión y derecho a la información Tensiones y desafíos en torno a la democratización de la palabra*
1. introducción El año 2010 confirmó el cambio de escenario que había comenzado a consolidarse en 2009 con medidas como la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley 26 522) y la despenalización de las figuras de calumnias e injurias para expresiones referidas a temas de interés público. El reposicionamiento del Estado como garante del ejercicio de la libertad de expresión para todos los ciudadanos y la militancia activa de una sociedad civil organizada, que desde hace décadas brega por una efectiva democratización de las comunicaciones, son factores clave de esta nueva etapa. Como consecuencia, existe un proceso de reconocimiento de las asimetrías que enfrentan amplios sectores de la sociedad en su acceso al debate público y una profunda discusión acerca de las causas de esas inequidades y la naturaleza de las acciones encaminadas a revertirlas. La presencia casi permanente de estas cuestiones en la agenda de los tres poderes del Estado ha configurado una situación inédita. Sin embargo, las tomas de posición de los distintos actores estatales no resultan para nada homogéneas. A lo largo del año que pasó fue posible reconocer diversas tensiones entre los poderes públicos y dentro de cada uno de ellos, en torno a ejes centrales de la agenda de libertad de expresión, como las medidas tendientes a desmontar posiciones dominantes en el sistema de medios audiovisuales; las propuestas para desmonopolizar el mercado de producción y comercialización de papel para la impresión de periódicos; la sanción de una ley nacional de acceso a la información pública; o la implementación de un mecanismo
* La elaboración de este capítulo estuvo a cargo de Luis María Lozano, director del área de Comunicación del CELS. El autor agradece la colaboración de Damián Loreti y Andrea Pochak. Este artículo está dedicado a la memoria del periodista Eduardo Kimel, quien se ocupó de investigar y denunciar violaciones de derechos humanos y de luchar por horizontes más justos para todos los que toman la voz pública en la Argentina.
CELS 2011.indb 263
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