umbrales perforados 161 Diferentes procedimientos signaron un final inverso al del Parque Indoamericano sólo unos pocos días después. En primer lugar, en forma opuesta a las amplias habilitaciones para el uso de la fuerza impartidas por la jueza Nazar, resulta central el énfasis de Rafecas en la prevención de la violencia: cada una de las órdenes (a las autoridades políticas y a las policiales) establece expresamente el objetivo del desalojo pacífico y la preservación de la integridad física de las personas que pudieran ser afectadas, tanto dentro como fuera del predio, así como del personal policial involucrado. Esta clara y enérgica posición del juez condicionó el accionar de todos los involucrados. Además, fue central que el mismo juez trabajara en la investigación de la eventual usurpación y sus responsables, por un lado, y en las vías tendientes a un desalojo pacífico, por el otro. Esta centralización de la actividad judicial en torno de un conflicto social es excepcional y contrasta con la fragmentación que primó en la toma del Parque Indoamericano.78 En segundo lugar, los encuentros personales entre los ocupantes y el juez interviniente y entre los vecinos y la ministra de Seguridad permitieron ganar tiempo, habilitaron canales de comunicación y fueron, asimismo, una fuente de información decisiva para definir la estrategia política y judicial. En tercer lugar, no obstante algunos desajustes iniciales, resultó destacable la coordinación entre el trabajo del juez y la gestión política de la seguridad, que fue impartida a la Policía Federal de modo claro y categórico. Finalmente, la identificación de los eventuales autores del delito de usurpación diferencia la situación de los involucrados en la ocupación, sin acusar de forma indiscriminada a las personas que toman un predio (como en el caso del Indoamericano, donde la orden judicial se refería en términos amplios a la situación como una “usurpación”) y apuntando a los aspectos estructurales del eventual delito de usurpación.
5. constitución: detención de trabajadores y militantes políticos en el marco de una protesta Cuando aún no se había resuelto la situación en el predio del Club Albariños, el 23 de diciembre tuvo lugar el último episodio del año que involucró un conflicto social, su represión y judicialización. Un grupo de trabajadores
78 El CELS ha planteado que tal fragmentación puede evitarse centralizando las causas conexas en el juez que investiga el hecho de mayor gravedad (Página/12, “Las ocupaciones en el laberinto judicial”, 9 de enero de 2011).
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