Silenciar la democracia: las masacres de remedios y segovia, 1982-1997
se considera que toda acción institucional debe tener en cuenta cinco ejes transversales: a) la recomposición social; b) la dignificación de las víctimas y su memoria; c) el amortiguamiento del empobrecimiento causado por la victimización; d) la construcción de una regulación social institucional moderna, legal y racional; y e) el restablecimiento pleno de la ciudadanía, en especial, el pleno ejercicio de los derechos a la oposición política y la protesta. El Grupo de Memoria Histórica de la CNRR no tiene funciones ejecutivas, no lleva a cabo tareas de reparación y no tiene competencias judiciales, pues la Ley no lo previó así. Sin embargo, el informe que aquí se presenta junto con las recomendaciones son un eslabón de una cadena de acciones que debe comprometer a múltiples organismos estatales, así como a las más diversas organizaciones y expresiones de la sociedad colombiana. El informe es un lugar de encuentro entre los derechos de las víctimas, y las responsabilidades y los deberes del Estado y la sociedad.
Recomendaciones en materia de verdad A la Procuraduría General de la Nación (PGN), acopiar, preservar y custodiar los archivos y la documentación relacionada con los hechos violentos de Remedios y Segovia, en particular los archivos municipales, departamentales y nacionales relacionados con los procesos judiciales, los testimonios y los documentos que hagan referencia a los hechos violentos. A las instancias judiciales competentes, se recomienda recopilar las sentencias proferidas en los procesos relacionados con la violencia política en el Alto Nordeste Antioqueño y darlas a conocer públicamente, no sólo en Remedios y Segovia, sino en el departamento de Antioquia y la nación. La difusión pública debe hacerse a través de medios de comunicación y actos públicos, con el fin de satisfacer el derecho a la justicia de las víctimas, interpelar a la sociedad para que adopte una posición de garante moral, y disuadir a los victimarios sobre los costos de la continuación de su accionar criminal. Al Ministerio de Educación Nacional, al Ministerio de Cultura, a la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento 330