Y, finalmente, frente al pesimismo y al maniqueismo doctrinales: si bien en el mundo que vivimos hay tendencias que favorecen la concentración y el poder de las transnacionales y la desigualdad en al distribución de la riqueza, también hay tendencias en el sentido de ampliar los niveles de participación de las naciones en desarrollo, apuntalar marcos de regulación con mejores oportunidades para el progreso económico y social, y hay esfuerzos institucionales, estatales y civiles de carácter internacional con miras a una distribución más equitativa de la riqueza mundial y un devenir sostenible de nuestra especie. Nada es seguro, por supuesto, todo depende de la voluntad y la acción de pueblos, gobiernos e individuos. Pero, por política o ideología, potenciar el valor de una de las tendencias para favorecer una atrincheramiento nacional quelónico, sería, más que equivocado, suicida. Un país como Costa Rica posee grandes posibilidades de competir en la palestra internacional en el nuevo escenario histórico y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Esta encrucijada invoca un marco general de relaciones entre Estado y sociedad civil. La dirección más razonable apunta a abrir el sector, sin duda, con inteligencia y sentido táctico, pero plantea cambios en el papel del Estado y en la participación de la sociedad civil: por ejemplo, un énfasis en el carácter estratégico y gestor de la acción estatal, la presencia de una función reguladora muy fuerte (como, incluso, han sugerido reconocidos expertos: recientemente, con relación a este sector, Ben Petrazzini de la Unión Internacional de Telecomunicaciones), que debe pensarse también en términos internacionales, y un control ciudadano de la gestión estatal que impida la indolencia, la ineficiencia y la corrupción en los servicios públicos. En síntesis, refiere a un asunto que desarrollaremos luego: la necesidad de una nueva fase en la democracia costarricense.
Vicisitudes y muerte anunciada de un proyecto ¿Cuál ha sido la cronología más reciente de los proyectos de reforma del sector energía y telecomunicaciones en nuestro país? Hasta abril de 1999, en la Asamblea Legislativa se habían planteado para su discusión 4 leyes: Reforma a los artículos 188, 189 y 190 de la Carta Magna (para que empresas públicas realicen actividades conjuntas con particulares), Ley de Modernización y Fortalecimiento del ICE (que lo convertía en una empresa pública con plena independencia administrativa, técnica y financiera; y sancionaba la división ICELEC y ICETEL), Ley General de Electricidad (que ordenaba el sector, permitía la competencia privada y alianzas con el ICE [116] : establecía requisitos para concesiones para empresas y cooperativas de electrificación), y la Ley General de Telecomunicaciones (ordenaba el sector y abría la participación privada: [117] un proceso por etapas hasta el 2002). Sobre esta última ley (expediente 12.694) el Consejo Universitario de la UCR, en su momento, se pronunció en contra con el siguiente criterio: "Para lograr los propósitos y objetivos propuestos en ese proyecto de ley, no se deben alienar los bienes del Estado, sino que, por el contrario, se deben brindar al ICE y a otras instituciones públicas, las condiciones necesarias para servir al país con eficiencia, 195