LOS MEDIOS «ALTERNATIVOS» DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO PERUANO
ciamiento anulatorio, sino que únicamente se acogen las pretensiones de las partes. No obstante, aun aquí la sentencia (aunque no tenga nada que anular, pues esto sólo puede hacerse con los actos administrativos) debe declarar la disconformidad entre la actuación (o la falta de actuación) de la Administración pública y el ordenamiento jurídico, como presupuesto para un pronunciamiento condenatorio. Pese a las posibles deficiencias que en ella puedan detectarse, éste es el camino seguido por nuestra Ley del Proceso contencioso-administrativo, Ley 27584. Así, según el art. 1 de dicha norma, su finalidad es el control jurídico de las actuaciones (y no actos) de la Administración pública sujetas a derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. Por tanto, el proceso contencioso-administrativo no sólo pretende el control de la legalidad de los actos administrativos, sino que busca controlar el sometimiento a derecho de toda la actuación (que incluye la vía de hecho y la inactividad material) de la Administración, para satisfacer de este modo los derechos e intereses de los administrados, expresados en sus pretensiones, entre las que se incluyen las de reconocimiento de una situación jurídica individualizada o de plena jurisdicción (art. 5.2) y las de actuación material (art. 5.4). Sin embargo, lo cierto es que en la mayoría de los casos existe un acto administrativo, que debe ser anulado previamente a cualquier otro pronunciamiento judicial, que reconozca las pretensiones del demandante. Es una realidad, y marca una impronta (necesaria) en la mentalidad de los jueces. ¿Y en la de los árbitros? Ante un conflicto en donde se discute la resolución de un contrato o la denegación de una ampliatoria de plazo, aparece inevitablemente el temido «acto administrativo» previo, y surgen las preguntas: ¿debo anularlo? ¿puedo anularlo? Como hemos visto más arriba, es muy discutible que pueda hacerlo. Sin embargo, y planteando esto como una mera hipótesis de trabajo, cuya corrección ha de ser contrastada en un futuro luego de un análisis más riguroso (pues la admisibilidad del arbitraje cuando hay potestades administrativas en juego sigue estando en discusión), acaso no deba hacerlo. En el arbitraje las partes plantean sus pretensiones (empleando los ejemplos anteriores, piden que no se
y Sánchez Morón, M., «El objeto del recurso contencioso-administrativo», en Comentarios a la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa, dir. Leguina Villa, J. y Sánchez Morón, M., 2ª edición, Lex Nova, Valladolid, 2001, pp. 185 y ss.
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LIMA ARBITRATION. N° 1 - 2006