atribuidos a los primeros. Secuestros, extorsiones, atentados, y asesinatos cometidos en San Pedro de Urabá, en la vereda Aguasprietas y en Valencia, con pérdidas materiales calculadas en 2 mil millones de pesos, llenaron el espectro informativo de esas semanas y prepararon al país para lo que habría de venir. El primer anuncio tuvo que ver con los municipios del Valle de Aburra. El 18 de abril el gobernador decretó un “toque de queda para menores”. Según esa medida, a partir del 1° de mayo ningún menor de edad podría circular libremente en Medellín, Bello, Itagüí, Envigado, Caldas, La Estrella, Sabaneta, Copacabana, Barbosa y Girardota entre las 11 de la noche y la 5 de la mañana. Los alcaldes de Medellín, Envigado y La Estrella, la rechazaron. El primero dijo que el tiempo previsto para ponerla en marcha era demasiado corto, y el segundo afirmó que era apresurada y que se debía consultar a los padres de familia. A su tumo, el procurador de Antioquia pidió “no maltratar a los jóvenes”, mientras que el comandante de la Policía mostraba su total acuerdo y entusiasmo. El segundo anuncio se originó alrededor de la visita que el ministro del Interior, Horacio Serpa Uribe, hizo al Urabá para instalar la “Comisión Verificadora de los Factores de Violencia” de la zona. Durante esa reunión el gobernador Uribe Vélez dijo que “como una contribución a la búsqueda de la paz aplazaría la creación de cooperativas de vigilancia privada” en las que había trabajado intensamente su gobierno. Un análisis político originado en esas conclusiones se preguntó por qué el gobernador consideraba que sus cooperativas eran un factor de violencia. Pero como el asunto era apenas incipiente, pasó sin pena ni gloria. El tercer anuncio fue del 26 de julio. Conforme a la noticia publicada por El Tiempo el jueves 27, “el Gobierno Nacional no avalará un diálogo directo entre representantes de la sociedad de Urabá y miembros de los grupos paramilitares y la guerrilla, para una eventual pacificación de esta región. “Así lo dijo ayer el ministro de Gobierno, Horacio Serpa Uribe - añadió el periódico - durante la reunión de seguridad que sostuvo con dirigentes políticos y sociales, representantes del gremio bananero, comerciantes e Iglesia Católica, en las instalaciones de la Brigada 17 de Carepa. “A pesar de que (la noticia) les va a desagradar, quiero decir que el Gobierno no avala una solución de esa naturaleza. Esta posición es explicable porque algo semejante daría ocasión para que se desinstitucionalice la
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