LA REGIÓN - SOCIEDAD
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Opinión Editorial
LA REPÚBLICA
“¿Sabes qué es celebridad? La ventaja de ser reconocido por los que en verdad no te conocen”. –Chamfort.
MIÉRCOLES 4/03/2009
Director Fundador GUSTAVO MOHME LLONA Director GUSTAVO MOHME SEMINARIO Subdirector CARLOS CASTRO CRUZADO
Intervalo
Justicia castrense asta que sucedió. A fines del año pasado, el Ejecutivo nombró a 11 vocales del Consejo Superior de Justicia Militar, todos ellos oficiales en situación de retiro. Pese a que tal acto fue cuestionado, e inclusive provocó un pronunciamiento del entonces presidente del TC, en el sentido que darían razón a cualquier uniformado que cuestionara un fallo en su contra, el argumento esgrimido fue que no existía sentencia del TC cuestionando la ley 29182. No la había por la sencilla razón de que tal norma acababa de promulgarse, pero en siete anteriores ocasiones los magistrados del TC habían insistido ante el Congreso para que la justicia castrense se adecuara a la Constitución vigente. Sin embargo, comisiones complacientes del Congreso volvieron a promulgar normas inconstitucionales, y se negaron a actualizar la justicia militar dándole un trato recogido en todos los Estados democráticos. Pues bien, la 29182 tiene los días contados luego de que el decano del CAL Walter Gutiérrez, a nombre de su institución, cumplieraconpresentarunademandadeinconstitucionalidad contra la Ley de Organización y Funciones del Fuero Militar y Policial. Esta demanda no sorprendió a nadie, puesto que había sido anunciada cuando ocurrió el debate. De acuerdo al decano del CAL, la ley cuestionada viola no menos de 18 artículos constitucionales, a comenzar por la unidad del sistema de administración de justicia, pues crea un fuero desligado de la organización y garantías que rigen para el conjunto de ciudadanos. También invade competencias del CNM, que es el único habilitado para nombrar jueces y fiscales. Aquí, el Ejecutivo se sustituye al CNM y nombra a dedo jueces y fiscales castrenses.
Son los congresistas quienes no deben ceder ante poderes fácticos que persisten en una justicia castrense obsoleta”.
SEGUNDO
LLANOS HORNA*
A
l gobierno alemán debe haberle sabido a sebo el rechazo y condicionamiento del presidente García, al donativo de dos millones de dólares para un Museo del Recuerdo (o la Memoria) en el Perú. Un mínimo de gratitud y buenos modales nunca sobran y a caballo regalado no se le mira el diente. Al jefe del Estado nadie le niega su retórica oportunista, pero se nubla cuando avizora riesgos personales y opta, como en este caso, por curarse en salud. Observa que el proyectado museo está asociado a la escalada terrorista que soportó nuestro país desde 1980 hasta el 2000, lo que abarca su primer gobierno. Y sabe que en él se produjeron sucesos luctuosos que no debemos olvidar. No es casual que, en esto como en casi todo, el doctor García coincida con Alberto Fujimori, inminente condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos en dicho lapso, y es obvio el por qué quiere evitar que las nuevas generaciones conozcan las atrocidades cometidas por el terrorismo senderista y el propio Estado. La sentencia ad portas, por ello, debe ser ejemplar y nuestra oportunidad de hacer real justicia. Hay, empero, la intención de ocultar que fueron las organizaciones campesinas directamente afectadas por la “guerra sucia” –y no la
Humor
“estrategia” del ex presidente– las que derrotaron al senderismo y su contraparte, hastiados del genocidio, secuestros, torturas, desapariciones y entierros en fosas comunes dentro y fuera de los cuarteles. El Museo de la Memoria no es un invento para el Perú. Memoriales existen en los países europeos para aleccionar a sus pueblos sobre las consecuencias de la violencia, particularmente del nazifascismo. Alemania tiene muchas razones para alentar el recuerdo y condenar los atropellos, y su iniciativa es digna y generosa. Nadie discute el derecho del Estado peruano –y del presidente que lo representa– a aceptar o no ofertas como la alemana.. Pero, al lado de una explicación coherente, debió estar el reconocimiento de un pueblo que no desea volver a vivir la tragedia y su secuela de muerte, destrucción y flagrante negación del derecho humanitario. Son, por tanto, descorteses e impertinentes las actitudes del presidente García. La institucionalidad y conciencia democráticas del Perú le han salido inmediatamente al paso,
comenzando por la Defensoría del Pueblo y una larga lista de personalidades encabezada por el novelista Mario Vargas Llosa y el teólogo Miguel Gutiérrez. La explicable incomodidad del doctor García proviene del informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que motiva la memoria de los hechos y una reflexión autocrítica respecto a ellos; un verdadero examen de conciencia con propósito de enmienda. El donativo alemán pretende darle efecto multiplicador a la muestra fotográfica “Yuyanapaq” (Para recordar), cuyo propósito reparador y artístico ha encontrado eco y respaldo de la opinión pública peruana e internacional. No olvidemos que el Instituto Nacional de Cultura tuvo una conducta fascistoide en una situación precedente y que en el megajuicio por las matanzas de la Universidad “La Cantuta” y los Barrios Altos se están presentando circunstancias que ponen a prueba la independencia del Poder Judicial contra la percepción colectiva de que crecen las presiones para consumar la impunidad. (*) llanos_horna@hotmail.com
El Retrato
La ley 29182 violenta el principio de la cosa juzgada, la garantía de exclusividad e inamovilidad de la función judicial y, por último, desconoce anteriores decisiones del TC, que ya ha resuelto en repetidas oportunidades sobre este tema. Al mismo tiempo, el CAL ha pedido a la Comisión Interamericana de DDHH para que se pronuncie sobre la compatibilidad entre esta ley y la Convención Americana de DDHH. Tanto el PJ como la Fiscalía de la Nación y la Defensoría del Pueblo han objetado la validez de esta norma, y por tanto se da por descontado un nuevo fallo del TC pidiendo al Congreso adecuar la justicia castrense a la Constitución. Es de esperar que esta vez los cuestionamientos den resultado y tengamos por fin una justicia castrense aggiornada. Para ello, son los congresistas quienes no deben ceder ante poderes fácticos que persisten en una forma de justicia castrense obsoleta en casi todos los países civilizados.
MERCEDES
ARÁOZ La ministra de Comercio Exterior y principal alfil del neoliberalismo en el Ejecutivo se ha sacado de la manga un argumento falaz: quienes cuestionan el TLC con Chile están reforzando la postura chilena en el diferendo por los límites marítimos. Faltaría más.