La Jornada, 06/14/2013

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VIERNES 14 DE JUNIO DE 2013

OPINIÓN

Abrogación de la contrarreforma educativa GILBERTO LÓPEZ

Y

RIVAS

a reforma a los artículos 3 y 73 de la Constitución ha provocado rebelión entre el magisterio nacional. A partir de sus magnas movilizaciones, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Secretaría de Gobernación acuerdan –en mesa de negociaciones– la realización de foros regionales con el propósito de abrir espacios para discutir los alcances y las afectaciones de la llamada “reforma educativa”, hasta llegar al foro nacional que se llevará a cabo el 11 de julio en la ciudad de México. Como relator nacional de los foros de Oaxaca y Chiapas, tuve la oportunidad de escuchar principalmente a los docentes, pero también a legisladores y delegados de los gobiernos federal y estatal, así como a padres de allumnos e integrantes de diversas organizaciones sociales. En estas nutridas y representativas reuniones prevaleció la abrogación de la reforma con base en los siguientes argumentos. La reforma rompe con el espíritu y la letra del artículo 3 constitucional original, plasmado en la Carta Magna de 1917. Significa una contrarreforma, un retroceso que rompe con el pacto social y político de la Revolución Mexicana, comparable con la contrarreforma salinista neoliberal al artículo 27 constitucional que pone a la venta las tierras de propiedad ejidal y comunal. Se trata también de una acción autoritaria y restrictiva, que se realiza de espaldas a la sociedad y sin haber tomado en cuenta a quienes sostienen el sistema educativo nacional: el magisterio y los padres de familia. Tampoco se pidió la opinión de expertos en universidades y centros de investigación, y en instituciones del ramo, como la Universidad Pedagógica Nacional y el sistema de escuelas normales. En suma, se quebranta el derecho a una consulta previa, libre e informada. Esta iniciativa no se origina en los poderes constituidos: no surge del Constituyente permanente o del Poder Ejecutivo federal, sino se concibe en poderes fácticos de carácter empresarial que pretenden la privatización y mercantilización de la enseñanza y el control ideológico y político de los educandos y que se encubren en organismos como Mexicanos Primero. Para lograr este propósito, estos poderes fácticos emprenden una campaña de satanización y criminalización del magisterio y de sus organizaciones sindicales de carácter democrático. Los legisladores del Congreso de la Unión, por su parte, actuaron como empleados de una ventanilla de trámite de esos poderes fácticos y del Ejecutivo federal, introduciendo conceptos como calidad, eficiencia, competencia, mejoramiento constante, evaluación, etcétera, provenientes del mundo corporativo trasnacional. Se trata, en realidad, de una reforma laboral-administrativa contraria al artículo 123 constitucional, que pretende desmantelar retroactiva e inconstitucionalmente los derechos adquiridos por el gremio magisterial durante décadas, afectando su permanencia en el empleo, sus salarios y condiciones de trabajo y jubilación, así como los procesos de escalafón e ingreso. Somete a los maestros a un régimen de excepción y busca despedir a miles de ellos, precarizar aún más el trabajo magisterial, romper sus estructuras gremiales, especialmente las democráticas, introducir la competencia entre pares y el darwinismo social, acabar con la ayuda mutua y la solidaridad, incrementar la jerarquización y el manejo discrecional del personal en todos los niveles y estructuras, sin resolver, por otro lado, los problemas de rezago educativo, analfabetismo, falta de equidad, las escuelas multimodales y las graves carencias en la infraestructura escolar. Se rompe con la gratuidad de la educación con la validación de las cuotas, y se pretende, con supuestas atribuciones de autonomía y gestión escolar, poner la carga económica sobre la sociedad y los padres de familia. Al mismo tiempo que el Estado se sustrae de sus obligaciones constitucionales, obliga al sistema educativo a depender de financiamientos externos espurios que pudieran tomar el control de las escuelas públicas, administradas en los hechos por la iniciativa privada e, incluso, por asociaciones religiosas o de otra naturaleza, todo lo cual pretende acabar con los candados de una educación pública, laica y gratuita. La reforma, por descansar en gran parte en el fetiche de una evaluación permanente, que tiene un carácter punitivo, por la estandarización y aplicación de pruebas como Enlace y PISA, violenta el carácter plurilingüe, pluricultural y pluriétnico de la nación mexicana, además de hacer caso omiso de las diferencias sociales, económicas y de condiciones de vida y entornos familiares de los educandos y de los propios maestros. En consecuencia, es una reforma profundamente discriminatoria, racista y clasista, que violenta la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los artículos 1 y 2 de la Constitución. El magisterio democrático no pretende enfrentar la reforma sin ofrecer alternativas. La prueba de esta disposición propositiva son los propios foros, en los cuales se hacen propuestas para una reforma educativa que realmente encare los grandes y graves problemas del sistema educativo. Se propone una educación humanista, no clasista, creadora, participativa, solidaria, Para ello, se ha abierto el debate a la sociedad, con un sentido crítico y autocrítico, que tome en cuenta las actitudes de negligencia, falta de compromiso, corrupción y ausencia de ética profesional de muchos maestros, a partir de las cuales se estigmatiza a todo el gremio. Se toma conciencia de que una educación alternativa requiere de un proyecto de nación también alternativo. La CNTE ha propuesto tres rutas para abrogar la contrarreforma: la política, la jurídica y la pedagógica, con la participación protagónica de la base trabajadora de la educación, los padres de familia y la sociedad en su conjunto. ■

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El desproporcionado encanto de la Alianza del Pacífico RAÚL ZIBECHI as elites empresariales y mediáticas echaron las campanas al vuelo con la séptima cumbre de la Alianza del Pacífico, realizada en Cali (Colombia) entre el 20 y el 24 de mayo. El encuentro convocó nutridas delegaciones de directores de grandes empresas y a los presidentes de los cuatro países que la integran: Enrique Peña Nieto, Sebastián Piñera, Ollanta Humala y Juan Manuel Santos. Además, asistieron el primer ministro de Canadá y los presidentes de España, Costa Rica, Panamá y Guatemala. Se dieron cita en Cali también delegaciones de Uruguay, Australia, Japón, Portugal, Nueva Zelanda y República Dominicana, que ya tenían el estatuto de observadores, a los que se sumaron ahora Ecuador, El Salvador, Francia, Honduras, Paraguay, Portugal y República Dominicana. Se trató de un encuentro para aceitar negocios y potenciar las exportaciones de commodities que el presidente de Colombia se empeña en denominar “integración”, como hizo un año atrás en Antofagasta al asegurar que estamos ante “el proceso de integración más importante que ha hecho América Latina” (El Espectador, 6 de junio de 2012). Sin que nadie se lo hubiera preguntado, destacó que la alianza “no es contra nadie”, aunque es evidente que está orientada contra el Mercosur y la Unasur y, más en concreto, busca aislar a Brasil. Los defensores de la alianza destacan que representa 35 por ciento del PIB latinoamericano y 55 por ciento de las exportaciones de la región al resto del mundo, y que durante 2012 los cuatro países tuvieron un crecimiento mayor que el resto de la región. No aportan, sin embargo, algunos datos elementales. Es cierto que exportan más que el Mercosur (573 mil millones de dólares frente a 438 mil millones), pero sus exportaciones se concentran en minerales en bruto e hidrocarburos. Sólo 2 por ciento de las exportaciones se dirigen a los otros países de la alianza, mientras 13 por ciento de lo que exportan los miembros del Mercosur es comercio intrazona, que siempre comporta mayor valor agregado. Si se mira un poco más atrás, los datos son aún más contundentes. El comercio intrazona de la Alianza del Pacífico creció en 215 por ciento en los últimos 10 años, mientras el intercambio interno del Mercosur se expandió 376 por ciento en el mismo lapso (La Nación, 9 de junio de 2013). En paralelo, los cuatro presidentes de la alianza hicieron anuncios ridículos que los ponen en evidencia: crearon un fondo de un millón de dólares (250 mil dólares por país) para apoyar proyectos contra el cambio climático, a favor de la ciencia y la tecnología, las pymes y el desarrollo social. Tiene razón Theotonio dos Santos cuando se le pregunta por la Alianza de Pacífico: “¿Qué es lo que el gobierno de Estados Unidos puede ofrecer a los países del área del Pacífico? Comercio con Estados Unidos”. Y aclara: “Los países que entran en tal asociación no hacen acuerdos entre ellos, hacen acuerdos de cada uno de ellos con Estados Unidos: eso no es integración. Es más, cada uno de ellos en la relación con Estados

Unidos se va a convertir en deficitario” (Alai, 11 de junio de 2013). En efecto, la Alianza del Pacífico tiene tres objetivos. Uno: sujetar a los países del Pacífico como exportadores de bienes naturales, consolidarlos como países sin industria y enormes desigualdades y, por lo tanto, con crecientes dosis de militarización interna. Dos: impedir la consolidación de la integración regional y aislar a Brasil, pero también a Argentina y Venezuela. Tres, y esto nunca lo dicen sus defensores: formar la pata americana de la Alianza Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), que Estados Unidos pretende convertir en el brazo económico de su megaproyecto militar para contener a China. Desde la izquierda se ha denunciado con acierto que la Alianza del Pacífico se inscribe en la política estadunidense de consolidar su hegemonía en la región, que pasa por impedir que surjan bloques fuera de su control. No explican, sin embargo, por qué el Mercosur está estancado y en crisis, al punto que el Uruguay de José Mujica se propone ingresar en la Alianza del Pacífico. No se habla, tampoco, de las razones por las cuales el Banco del Sur no avanza o lo hace a pasos sospechosamente lentos. Ni se mencionan las razones de fondo de la crónica crisis comercial entre Argentina y Brasil. Abordar estos problemas sería tanto como someter a escrutinio las políticas de los gobiernos progresistas de la región. Quizá la limitación mayor del progresismo sea su incapacidad para confrontar, ideológica y políticamente, con las elites empresariales, sobre todo por parte de Brasil y Uruguay, pero también de Bolivia y Ecuador. Allí donde hay cierta confrontación, casos de Venezuela y Argentina, ésta se debe a las ofensivas de las derechas pero no se debaten modelos de país y se sigue apostando a un extractivismo que lleva agua al molino de la Alianza del Pacífico. Para exportar petróleo, soya, carne y lana a China no hace falta integración regional. Las derechas hablan claro. Roberto Gianetti, de la Federación de las Industrias del Estado de San Pablo, propuso librarse de la “camisa de fuerza del Mercosur” y rebajarla de unión aduanera a zona de libre comercio. “No vamos a concluir ningún acuerdo teniendo a Argentina y Venezuela como socios”, dijo en relación con los 14 años que lleva el Mercosur negociando un TLC con la Unión Europea. Aécio Neves, candidato de la derecha en las elecciones brasileñas del próximo año, dijo que el Mercosur está anquilosado y propuso transformarlo en “una área de libre comercio que permita a cada Estado miembro firmar acuerdos comerciales con otros países” y pone como ejemplo de dinamismo a la Alianza del Pacífico (La Nación, 9 de julio de 2013). Lo mismo dice el inefable Domingo Cavallo, uno de los mayores responsables de la crisis argentina. Es evidente que estamos ante una ofensiva de las derechas aliadas de Washington que lanzan un desafío que las izquierdas no saben o no quieren responder. La Alianza del Pacífico no crece por mérito propio sino por las ambigüedades del progresismo. ■


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