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ECONOMÍA LA GACETA
DOMINGO 29 DE ABRIL DE 2012
RECURSOS
ENERGÉTICOS
El Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi” propone incorporar 7.500 Megavatios de potencia promedio para sostener la demanda en 11 años. Aseguran que ningún proyecto de centrales hidroeléctricas cumple con los standards actuales, aunque plantean seguir con las licitaciones como alternativa TELAM
›› COLUMNISTA | INVITADO
La participación del Estado puede ser la solución de grandes problemas HUGO FERULLO DOCTOR EN ECONOMÍA - DIRECTOR DE ARESNOA
PLAN. La construcción de grandes presas hidroeléctricas requiere un plazo mínimo de ocho años; por ello, plantean la necesidad de fijar una política de Estado.
Cómo hacer para no caer ahora en una crisis hidroeléctrica Si no se clarifican a su debido tiempo la raíz de la crisis y se planifica una solución, el país seguirá acudiendo a alternativas de urgencias para cubrir las deficiencias de la matiz energética. Esa premisa, sin dudas, fue salteada por un Gobierno nacional que no pudo contrarrestar la baja de producción de hidrocarburos en el momento adecuado y ante las anteriores advertencias de los especialistas. Ahora, ese supuesto se plantea también sobre la generación de energía hidroeléctrica, como sustento del sistema eléctrico nacional. A través de un informe llamado “Propuesta para el sector hidroeléctrico de la República Argentina 2012-2013”, el Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi” advierte que es necesario incorporar en promedio 7.500 Megavatios, en una proyección a 2023, para poder sostener la tasa de crecimiento media de la demanda nacional, de entre un 4% y 5% también anual. De esa forma, según la entidad especializada, los recursos hidroeléctricos alcanzarían en 11 años el 40% de participación en la matriz energética nacional, porcentaje conseguido en las décadas ‘80 y ‘90. “Cabe entonces poder definir una política de Estado que promueva la construcción de presas con sentido estratégico en el marco de un plan de desarrollo nacional y regional, por lo que hay entonces un gran desafío por delante, y ello merece repensar cómo
debe organizarse el Gobierno para que se pueda alcanzar un fin tan exigente a la luz de la realidad actual”, dice el estudio. En 2009, el parque generador interconectado de energía contó con una potencia disponible en el Sistema Argentino de Interconexión -SADI- de 27.045 Megavatios, resultando un 57,4% térmica, un 38,9% hidráulica y un 3,7% nuclear. Esa utilidad implicó un incremento de un 6% respecto del año anterior: 58% térmica, 38,5% hidráulica y 3,5% nuclear. Un año después, la potencia utilizable cayó a unos 23.000 Mw,
hidroeléctrica era del 40% de la matriz energética del país. Es deseable que la implicación de las fuentes hídrica sea ese porcentaje en la actualidad. Pero se dejaron de hacer obras y pasaron a tener mayor preponderancia los hidrocarburos: petróleo y gas. Aunque la parte nuclear sigue estancada”, comentó Guillermo Malinow, consultor en recursos hídricos y miembro del instituto. “Hubo un parate en materia hidroeléctrica a partir de la privatización del sector, cuando se decidió que Aguas y Energía Hidroeléctrica e Hidronor -agencias estata-
Malinow es ingeniero civil y miembro del Comité Argentino de Presas. El jueves pasado expuso en el ciclo de Conferencias “Energía y Desarrollo”, organizado por el Colegio de Ingenieros Civiles de Tucumán. cuando la demanda había registrado una máxima de 21.000Mw ( en agosto del año pasado el consumo máximo llegó a los 21.564Mw por una ola de frío que cubrió al país). Según el especialista, la generación hidroeléctrica implica hoy un 38% de la matriz total; el 7% corresponde a la nuclear y el resto, a los hidrocarburos. Alcanzar ese 40% de participación implicaría nuevas represas hidroeléctricas, y adaptadas a las exigencias internacionales del siglo, como cumplimiento de normas ambientales. “En los ‘80 y ‘90 la participación
les a cargo del desarrollo de proyectos-, y esta son las consecuencias”, enfatizó Malinow, quién aseguró que “estamos en crisis y se debe pensar qué hacer”.
Proyectos sin actualizar La presidenta Cristina Fernández anunció la semana pasada la firma de un acuerdo para la construcción de las represas hidroeléctricas “Presidente Néstor Carlos Kirchner” y “Gobernador Jorge Cepernic”. En el acto, la mandataria enfatizó que las represas generarán 33,5% de energía hidroeléctri-
ca, lo que reducirá de casi 62% a 57% los combustibles fósiles. Malinow comentó que se tratan de dos proyectos nacidos en los ‘70 y que integraban una carpeta que contenía una cantidad de obras planeadas varias décadas atrás. Las provincias y el Gobierno nacional acordaron la concreción de algunas, en base a prioridades, incluyendo las políticas y económicas, además de las técnicas. “El país no tiene en estos momentos ningún proyecto en condiciones para llamar a licitación. Son obras que requieren adecuación a los estándares actuales. Pero se están licitando y los contratos establecen que el contratista debe concluir la obra, lo cual es complicado. Es preferible que se entregara el proyecto ya definido”. Entre los proyecto licitados se encuentran: el Chihuido I en Neuquén, Los Blancos en Mendoza, y el Cóndor Cliff y la Barrancosa -bautizados ahora Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic (ex mandatarios de esa provincia). El Instituto Argentino de la Energía planteó, sin embargo, que desechar los planes de obras existentes hace décadas implicaría retraer a cero nuevamente la producción hidroeléctrica. “Si es lo mejor, es otra cuestión. Los proyectos están hechos. Enviar todo para atrás significará volver a atrasarnos. Estará bien o no es lo mejor, no sé, es lo que hay. Apoyemos eso y tratemos de corregir”, finalizó el ingeniero.
En condiciones competitivas, una de las mayores promesas que nacen con el funcionamiento libre de mercado es que, como lo expresa la muy conocida metáfora de la “mano invisible”, este mecanismo puede conseguir que los intereses privados coincidan con el bien común de la nación. En estas condiciones ideales, cuando un empresario persigue la maximización de su propia ganancia, persigue también, de manera no intencionada (como movido por esa mano invisible), el bien de toda la comunidad. Es por eso que cuando los intereses particulares de una enorme empresa privada como Repsol están tan flagrantemente opuestos a los del conjunto de la población del país donde opera, resulta por demás extraño defender la acción de esta empresa en nombre de las virtudes de una economía de mercado. Cuando se admite que muchas decisiones de Repsol estaban efectivamente perjudicando de manera significativa los intereses de los argentinos, se aduce también, no sin razón, que es el Estado argentino el que falló en el control de las operaciones de esta empresa en situación de monopolio. Sobre este último comentario pueden hacerse las siguientes dos consideraciones. En primer lugar, la concesión a esta firma privada se realizó en momentos posteriores a la gigantesca desazón que provocó en la sociedad argentina la actuación, en general, de un Estado que provocó una de las peores catástrofes económicas que una sociedad puede sufrir en tiempos modernos: una hiperinflación. Después de esta experiencia, harto traumática, buena parte de la población del país creyó que, para todo asunto económico, lo que había llegado era decididamente la hora de los mercados. Este clima por demás escéptico sobre la actuación de las empresas estatales presidió el discurso oficial de ese momento, que predicaba que la privatización de las actividades de las empresas públicas constituía la solución de nuestros peores males macroeconómicos. Nadie acentuó la necesidad de un férreo control por parte del Estado como condición para que estas empresas privatizadas sirvieran efectivamente al bien público; era el mercado, se decía, quien solucionaría los problemas. En segundo lugar, tampoco se reconoció que existen sobradas razones adminis- El Estado argentino es el trativas que dificultan de que falló en el control de tal manera la posibilidad las operaciones de la de control de una empresa de este tipo por parte del empresa Repsol, en Estado, que termina impo- situación de monopolio. niéndose, casi como la única forma práctica de controlar los resultados de la actividad de la empresa, su gestión estatal directa. Nada garantiza, por supuesto, que la gestión del Estado en esta empresa resulte idónea. Pero puede decirse que en algún momento la gestión pública de YPF fue más que satisfactoria y que, en todo caso, es tarea de la sociedad argentina encontrar los medios para controlar que el Estado cumpla bien las funciones asignadas. Lo que sí sabemos es que, en actividades de fuerte concentración monopólica, como en otras grandes “fallas” de mercado, la participación del Estado puede muy bien ser parte de la solución de algunos de los grandes problemas económicos que nos aquejan.
›› PANORAMA ECONOMICO
Déjà vu peligroso El Gobierno trata de mostrar un modelo distinto, otra realidad: menos pobreza, Ciccone y la soberanía energética MIGUEL ÁNGEL ROUCO | COLUMNISTA DE DYN
UENOS AIRES.- Pese al esfuerzo estadístico por mostrar un modelo distinto, los últimos indicadores están poniendo en evidencia que la actividad económica está languideciendo y que el único sostén del modelo son los exuberantes precios de la soja. Del resto, la inflación se está encargando de liquidar los últimos vestigios de riqueza en manos de la mayoría de la población. ¿Cómo es posible que baje la pobreza con una inflación que roza el 30% anual? Algo inexplicable excepto para las estadísti-
B
cas oficiales. Sin embargo, hay indicadores más fidedignos que acercan una mirada a la realidad. La menor propensión de las empresas a tomar nuevos trabajadores, la caída en las ventas de muchos sectores, los menores ingresos fiscales y los reclamos sindicales en las discusiones paritarias son síntomas de una inflación desbordada y de una actividad camino a la parálisis. El déficit fiscal de marzo -casi U$S 500 millones-, muestra el origen de la inflación y que luego
es financiado por la alcancía del Banco Central. Para ello han modificado la carta orgánica de la entidad, un hecho que para la mayoría de la población pasó de manera inadvertida, pero que constituye un episodio de mayor gravedad económica que la confiscación de YPF. La ecuación se completa con la falta de límites al financiamiento del Tesoro y con un hecho que por ahora se acerca más a las crónicas policiales pero que es la espada de Damocles sobre la economía: el caso Ciccone. ¿Por qué el gobierno tiene tanto interés en esa imprenta? La respuesta es simple: porque es la máquina de hacer billetes y desde allí, la administración nacional podría “empapelar” el país con pesos, naturalmente, sin res-
paldo. De ser así, esto tendría un costo que se traduciría en una explosión inflacionaria. ¿Quién va a controlar la cantidad de billetes que salgan de allí, cuando se quitó al BCRA el poder de supervisión? Esto equivaldría a decir que la aceleración de la inflación y la mayor demanda salarial darían nuevo impulso al aumento de precios, potenciando la puja por la distribución del ingreso. Esto daría paso a un círculo vicioso con un efecto no deseado: una devaluación que pulverizaría el salario. En otros términos, la maquinita al servicio de las apetencias del poder, una historia repetida y con un final trágico. Mientras la administración Kirchner trata de ocultar este tema
junto con el colapso del sistema de transportes y los 51 muertos arriba de un tren, la operación sobre YPF comienza a mostrar los primeros problemas. Desde el punto de vista interno, ya se empieza a hablar del día después de la sanción de la ley cuando las autoridades deban tomar el comando efectivo de la empresa y deban decidir de qué manera se va a invertir, para evitar mayores importaciones. Por ahora, todo es un galimatías. Un ejemplo de ello: mientras funcionarios y legisladores despotricaban contra Repsol por su gestión, la administración Kirchner decidía importar gas desde Bolivia cuyo exportadora es la misma Repsol. Pero esto es sólo el comienzo porque el tan meneado concepto
de soberanía energética y autoabastecimiento aparece como una quimera, habida cuenta de que las necesidades energéticas superan largamente la oferta de YPF y a menos que se le inyecten miles de millones de dólares y se aumenten los precios, las importaciones de combustibles serán más que urgentes. Desde el punto de vista externo, la confiscación de YPF preocupa a todo el continente porque puede alejar a las inversiones extranjeras. El tema fue el eje central en todas las reuniones del G20 tanto en el capítulo financiero en Washington, como en la mesa comercial en Puerto Vallarta, México. Allí, la defensa de la aventura argentina tuvo que ser defendida por la polémica Beatriz Paglieri, y sin mucho éxito.