Ejecutoriedad del acto administrativo.
2010
del acto no se violenten derechos fundamentales -como lo sería la violación al debido proceso-, ésta resulta acorde con la Constitución, es más, resulta necesaria para la Administración a fin de que pueda cumplir con los fines públicos que le fueron asignados. La Administración puede ejecutar por sí misma los actos que dicte, siempre y cuando esta acción no cause un perjuicio irreparable y quede abierta al administrado la posibilidad de impugnar jurisdiccionalmente lo actuado por la Administración. Al respecto, los numerales 146 y 148 de la Ley General de la Administración Pública señalan, en lo conducente, que: "Artículo 146.1.La Administración tendrá potestad de ejecutar por sí, sin recurrir a los Tribunales, los actos administrativos eficaces, válidos o anulables, aún contra la voluntad o resistencia del obligado, sujeta a la responsabilidad que pudiera resultar (…)." "Artículo 148.Los recursos administrativos no tendrán efecto suspensivo de la ejecución, pero el servidor que dictó el acto, su superior jerárquico o la autoridad que decide el recurso, podrán suspender la ejecución cuando la misma pueda causar perjuicios graves o de imposible o difícil reparación." En esta línea de argumentación, es evidente que en el caso concreto no se constata la alegada violación a los derechos fundamentales de la amparada por el hecho de que se ejecutara la orden de despido, sin encontrarse firme el acto administrativo que lo ordenó, por cuanto a la luz de la normativa y la jurisprudencia constitucional de cita, la impugnación del acto de despido dictado contra ella no tiene efectos suspensivos ni tampoco la Administración había decretado su suspensión. De forma que no constatando arbitrariedad alguna en lo actuado, y por lo tanto al no encontrar mérito alguno para acoger este recurso, se impone su desestimatoria como en efecto se hace, sin perjuicio de lo que en Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa. Página 40