CapÍTUlo SeIS
asegurar el derecho universal a la planificación de la familia Han pasado casi 20 años desde que los 179 gobiernos representados en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) transformaron la manera en que el mundo encara la salud sexual y reproductiva, incluida la planificación de la familia. Aunque se han logrado algunos adelantos, es mucho lo que queda por hacer para lograr la vigencia de las aspiraciones de la CIPD, basadas en los derechos humanos.
En el Brasil, una pareja con su hijito. ©Panos/Adam Hinton
El Programa de Acción de la CIPD definió la salud sexual y reproductiva y ubicó a la planificación de la familia en un marco más amplio de derechos relacionados entre sí. Más allá de los programas, consideró las circunstancias sociales y económicas que conforman las decisiones de las personas acerca de su vida sexual y reproductiva, y determinó su posibilidad de llevar a la práctica esas decisiones. Destacó los papeles y necesidades de adolescentes, hombres y otros grupos que anteriormente habían quedado al margen; y destacó la necesidad de que los servicios respeten los derechos individuales y respondan a las preferencias de las personas al ofrecer métodos de planificación de la familia. Para los responsables políticos, las organizaciones internacionales, los gobiernos y las entidades de la sociedad civil, este nuevo enfoque basado en los derechos humanos era revolucionario, debido en parte a que creaba para los gobiernos obligaciones de proporcionar servicios y suministros de salud reproductiva para todos, sin distinción. Pero, ¿fue esa transición percibida como revolucionaria por las personas en general, por cada mujer, cada hombre, y cada adolescente, niña o varón, a quienes la CIPD trató de ayudar? Allí donde se ha defendido el derecho a la planificación de la familia y se ha ampliado el acceso, las personas se han beneficiado, gracias a la mejor salud, los más altos ingresos, las reducciones en la pobreza y la mayor igualdad entre mujeres y hombres. Pero la CIPD todavía no ha cambiado las realidades
cotidianas de centenares de millones de personas que quieren evitar o aplazar el embarazo, pero no pueden lograrlo debido a que siguen careciendo de acceso fiable a la información y los servicios anticonceptivos de calidad, o porque tropiezan con insuperables obstáculos de índole social, económica y logística. Esas personas han quedado al margen de los adelantos que la planificación de la familia puede facilitar o propiciar en materia de salud, ampliación de los medios de acción y disfrute de diversos otros derechos. Los problemas son más agudos en los países en desarrollo, pero también existen en países desarrollados, donde muchas mujeres y muchos hombres no tienen acceso a la planificación de la familia, o disponen de servicios deficientes o están insatisfechos con los métodos que utilizan. La aspiración de la CIPD todavía no se ha plasmado plenamente en un enfoque basado en los derechos humanos de políticas y programas de salud sexual y reproductiva, que aseguren la calidad de los servicios y el acceso para todos. En consecuencia, todavía es excesiva la cantidad de personas que no pueden adoptar decisiones acerca del tamaño de sus familias ni del momento de tener embarazos. Los gobiernos que hicieron suyo el Programa de Acción de la CIPD se comprometieron a asegurar que las personas dispongan de la información, la educación y los medios para decidir libre y responsablemente si tener o no hijos y cuándo tenerlos, y
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