III. LA DICTADURA MILITAR (1973-1990)
El Estado se sitúa sobre las asociaciones inferiores -autoridad política suprema-, y donde el principio de subsidiariedad constituye la base de la comunidad humana. El Estado no puede amenazar las libertades e iniciativas personales ni de las asociaciones inferiores, sino que debe ayudarles y sostenerles. Esta concepción del Estado Subsidiario armoniza con la pretensión de considerar al big business como asociaciones inferiores de la sociedad, equiparable a la familia y vecindario. Se impone entonces una economía social de mercado caracterizada por: la propiedad privada de los medios de producción, el sector privado como el motor de la economía, y el predominio de las leyes del mercado. De esta forma, se justifica el crecimiento y la concentración económica -moralmente neutra-, por sobre los principios distributivos, vaciando la defensa de los principios conservadores de familia y vecindario -ejemplificado por la ideología que sustentó el gobierno de Ronald Reagan en Estados Unidos-. La Constitución consagra entonces el acceso libre a derechos económicos y sociales, pero sin asegurar objetivamente la sustancia del derecho (Reyes: 1998). El artículo 20 presenta el recurso constitucional o acción constitucional, con el objeto de proteger las garantías constitucionales que enuncia. La Corte de Apelaciones debe reestablecer el imperio del derecho violado o cesar la amenaza a la aplicación de este. Reyes agrega que sin embargo, el recurso constitucional se vio limitado defiende parcial e indirectamente, garantizando derechos subjetivos individuales y no derechos sociales propiamente tales-, ya que prevaleció el criterio señalado por el Informe de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, de agosto de 1980, la cual planteó:»Es evidente que el Recurso de Protección no puede hacerse extensivo a derechos que, aunque reconocidos constitucionalmente, dependen para su debida satisfacción de la capacidad económica del Estado o de las potencialidades culturales de la población, como sucede con el derecho a la educación, a la salud, a la seguridad social y otros». De esta forma los derechos económicos y sociales protegidos son los siguientes:
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