Para financiar esas erogaciones, la emergencia introdujo el impuesto a las transacciones financieras, con una tasa inicial de 0,2% sobre todo débito efectuado en el sistema. Sesenta por ciento de esos recursos se destinó al alivio hipotecario y el 40% restante a la capitalización de la banca pública y la crisis de la banca cooperativa13. Esas medidas mejoraron efímeramente la calidad de la cartera hipotecaria14. En septiembre de 1999, la Corte declaró inconstitucional al sistema UPAC, sobre la base de que el gobierno de Gaviria (1990-1994) no tenía facultades para emitir el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero de 1993 en temas de vivienda. La Corte exigió al gobierno y al Congreso que adoptaran una nueva ley marco sobre el tema. Días después, en octubre, la Corte declaró inconstitucional e inconveniente la capitalización de intereses. Las decisiones de la Corte han sido objeto de una fuerte controversia tanto jurídica como económica. Algunos juristas han cuestionado las motivaciones y consistencia jurídica de las sentencias relacionadas con el financiamiento hipotecario (ver, por ejemplo, Melo, 2002) así como los salvamentos de voto de algunos magistrados de la Corte en las diferentes sentencias). Entre los economistas las críticas han sido aún más fuertes debido, en parte, a que las decisiones de la Corte invadieron un territorio hasta hace poco reservado a las autoridades económicas. Por ejemplo, Clavijo (2001), argumenta que “toda la benevolencia que pudo haber inspirado estos fallos, en la práctica, terminará generando graves distorsiones económicas que deteriorarán la distribución del ingreso. Además, muchos de ellos atentan contra los principios básicos de una economía de mercado, tal como quedó instituida en esa misma Carta Política que se invoca para obrar en dirección contraria”. En síntesis, la crisis del sector del financiamiento hipotecario tuvo un impacto negativo sobre la industria de la construcción, el crecimiento económico y la generación de empleo. Sus orígenes se remontan a la incapacidad de restringir o esterilizar las entradas de capitales, o ambas, que se dispersaron a través del sistema financiero entre 1993 y 1998. La bonanza del crédito alimentó una burbuja que estuvo acompañada (hasta 1995) del incremento de los precios de la finca raíz. Cuando se revirtieron los flujos de capitales, aumentaron las tasas de interés, adelantar los procesos de liquidación de las entidades intervenidas por la Superintendencia Bancaria, al tiempo que maneja los procesos de privatización de la banca pública e intervenida. 13 Ver Restrepo (1999, Pág. 228). 14 Además, el régimen de emergencia permitió, durante un período de 12 meses, que se estableciera la posibilidad de que “cuando el valor de la deuda de un crédito hipotecario para vivienda supere el valor comercial del inmueble, el
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