PARTE II • PEDRO POU
totalmente informados, o que puedan supervisar y controlar perfectamente a los propietarios ni al personal de los bancos. Es bien sabido que los incentivos de los diferentes derechohabientes de cualquier organización están en conflicto; los titulares de capital accionario, por ejemplo, proponen medidas que los depositantes considerarían demasiado arriesgadas. Por eso, la protección de los depositantes es la razón primera y fundamental de la intervención pública. La segunda pregunta que se plantea es si la protección de los depositantes justifica un amplio sistema de garantía de los depósitos. En Argentina, en el pasado, y en muchos otros países, en la actualidad, el riesgo moral del sistema de garantía a los depósitos, junto con la ineficacia de los mecanismos de control de los bancos, han dado lugar a enormes pérdidas para los contribuyentes. Además, incluso en algunos países donde existe una garantía general de los depósitos, los depositantes han sufridos pérdidas reales debido a las fuertes devaluaciones de la moneda, provocadas en parte por las consecuencias monetarias de los problemas bancarios en combinación con la misma red de seguridad. Por ello, en algunos países, ni siquiera una red de seguridad general para las deudas bancarias representa una garantía completa en el verdadero sentido de la palabra. Por estas razones, Argentina ha decidido mantener únicamente un sistema de garantías de depósitos muy limitado. Existe un sistema de garantía de los depósitos que es privado, limitado y plenamente capitalizado. A los bancos con problemas de liquidez se les ofrece asistencia mediante operaciones de recompra, servicio que se ha ampliado recientemente en forma significativa a través de un programa de recompra con un conjunto de bancos internacionales por valor de 5.000 millones de dólares. Las operaciones de redescuento del banco central están estrictamente limitadas por la Ley de Convertibilidad. Como se comprobó en 1995, no rescataremos a los bancos insolventes y estamos dispuestos a permitir que los depositantes sufran pérdidas, incluso en cifras nominales. Esta política relativamente dura, unida a un régimen normativo detallado, ha cambiado los incentivos del sector bancario hasta el punto de que, aun cuando Argentina atravesó en 1995 lo que quizá haya sido su crisis financiera más grave, en la que más del 18 por ciento de los depósitos abandonó el sistema, las pérdidas reales en dólares sufridas por los depositantes fueron muy pequeñas. Además, las operaciones de prestamista de último recurso emprendidas por el banco central en los cinco primeros meses de ese año no tuvieron costo ninguno para el contribuyente. Aun con un seguro de depósitos tan limitado, creemos que hay varias razones que aconsejan la existencia de un fuerte marco regulatorio del sistema bancario. La primera es la necesidad, antes mencionada, de proteger a los acreedores menos informados. La segunda es la presencia de
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