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HISTORIA DE AMÉRICA LATINA
jeto de vivos debates. Sin embargo, el gran logro de la nueva dinastía fue la creación de un estado absolutista, burocrático, abocado al principio del engrandecimiento territorial. El renacimiento de la autoridad y de los recursos de la monarquía fue precursor, claramente, del despertar de la economía. De hecho, hay razones que sugieren que gran parte de la renovación económica, por lo menos en su etapa inicial, derivó de las necesidades de las fuerzas armadas y de la corte. £1 equipamiento de uniformes y municiones para el ejército, la construcción de barcos de guerra en los astilleros, la confianza en las fundiciones de hierro para cañones, la provisión de tejidos lujosos y tapices para la corte y la clara concentración del consumo en Madrid vinculada al incremento de los ingresos, todo este sumario de hechos atestigua el impacto general de los gastos del gobierno. Sin embargo, todavía se conoce poco de la revolución administrativa que había detrás de esta recobrada vitalidad del estado. Pero si la práctica colonial puede servir de orientación, la principal innovación consistía en la confianza en los funcionarios de carrera, militares o civiles, sujetos a una evaluación y promoción reguladas que vivían de sueldos fijos en lugar de gratificaciones o beneficios del cargo. A la cabeza del nuevo régimen estaban los ministros, los secretarios de Estado, Hacienda, Justicia, Guerra, Armada e Indias, que reemplazaron a los antiguos consejos de los Austria como la principal fuente de la acción ejecutiva. En los primeros años, un ministro poderoso podía reunir en su persona varias de estas funciones, de modo que no está claro cuándo consiguió cada secretaría un cuerpo permanente de funcionarios. A nivel provincial el intendente era la figura clave, el símbolo del orden nuevo. Empleados al principio con fines específicos, fue en 1749 cuando estos funcionarios fueron nombrados en toda España, encargándoseles la responsabilidad de recolectar los impuestos, dirigir el ejército, la promoción de obras públicas y el fomento general de la economía. Con su confianza en una burocracia fiscal asalariada, la monarquía española, en cierta medida, superó con creces la práctica de la Francia contemporánea, donde las ventas de cargos y asientos continuaron dominando el sistema financiero hasta la revolución. El nuevo tipo de funcionario demostró su validez, ciertamente, ya que los ingresos públicos subieron sin pausa desde unos 5 millones de pesos en 1700 hasta alrededor de 18 millones en la década de 1750, para remontarse a partir de entonces a una media de 36 millones de pesos en los años 1785-1790. Es en estas cifras donde encontramos el secreto del resurgir político español. Como en cualquier estado dinástico, los primeros beneficiarios del presupuesto fueron la familia real y la corte. Si bien no se dispone de una estimación sobre el coste de la construcción de los tres nuevos palacios de Madrid, Aranjuez y La Granja, el total de gastos de la «casa real» en 1787 llegó a 5 millones de pesos, suma equivalente al 15 por 100 del total ingresado. Por el contrario, el tan cacareado programa de obras públicas sólo obtuvo 1,25 millones de pesos. La mayor partida correspondía a las fuerzas armadas, que acaparaban alrededor del 60 por 100 del ingreso público, cifra que, si se incluyeran los gastos de guerra, sin duda aumentaría aún más. Aunque la formación, expansión y mantenimiento de un ejército y una armada permanentes eran objeto de atención prioritaria para el estado borbónico,