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LISTADO DE LAS LEYES ARANCELARIAS LOCALES (publicado en Revista de Doctrina Judicial, ejemplar del 7/4/2004, tomo 2004-1, págs 821 a 825) Guillermo Mario Pesaresi I.- Ámbito territorial de la ley 21.839. II.- Leyes de fondo y de forma. III.- Las leyes arancelarias locales. IV.- Utilidad del listado. Carácter abierto. I.- ÁMBITO TERRITORIAL DE LA LEY 21.839. En nuestra Constitución existe un sistema de competencias expresas para el gobierno federal y de reservadas, o no delegadas, para las provincias, por lo que el Estado federal tiene todas las facultades que cada uno de los Estados miembros explícita y puntualmente le ha concedido (arts. 75, inc. 12 y 121, Const. nacional) 1. En función de ese régimen, se conservan dentro de la órbita del poder de policía de las provincias, la facultad de dictar normas de organización de la administración de la justicia provincial y, dentro de ella, reglamentar la forma de retribución de las profesiones liberales. Con lo cual, la Nación no puede, en principio, dictar leyes de contenido arancelario, ya que la materia le está especialmente vedada por la retención específica que hicieron las provincias de las facultades, al tiempo del dictado de la Constitución 2. De allí que haya sido tan cuestionada la constitucionalidad de la ley 24.432 que reformó el Código Civil3. En ese contexto, la ley 21.839 es un régimen legal donde se prevén los modos de fijación y cobro de los honorarios, judiciales y extrajudiciales, de abogados y procuradores, que rige para los fueros "nacional" y "federal", no teniendo imperio en los fueros provinciales o locales. 1

Ver CSJN, 10/12/65, Fallos, 263:437; BIDART CAMPOS, GERMÁN, Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino, t. I, Bs. As., Ediar, 1992, p. 154; GANDOLLA, JULIA E., Honorarios Profesionales, Santa Fe, RubinzalCulzoni, 1998, p. 42. 2 VÉLEZ SÁRSFIELD también entendió que existía prevalencia de las normas locales, al establecer en el art. 1952 del Código civil -relativo al mandato- que “salvo lo que se halle dispuesto en el Código de Procedimientos respecto a abogados y procuradores judiciales”. 3 Entre otros: RINESSI, ANTONIO J., Las uevas reformas sobre honorarios, LL, 1995-B-1221; FONTÁN, CARMEN, Honorarios y aranceles profesionales (Ley 24.432: el federalismo en terapia intensiva), LL, 1996-A-1188; CULLEN, IVÁN J. M., Aspectos Constitucionales, Facultades reservadas a las provincias y la potestad del gobierno nacional para dictar normas como la ley 24432, en PEYRANO (dir.) - VÁZQUEZ FERREYRA (vicedir.), "Ley 24432. Honorarios profesionales", Santa Fe, Jurídica Panamericana, 1995, p. 35. En contra: fue defendida la constitucionalidad de la ley 24.432, por F ERRER, ADÁN, Limitación de las costas judiciales, Córdoba, Alveroni, 1995, p. 27; G ANDOLLA, Honorarios Profesionales, p. 82, y por RUBÍN, Honorarios. Facultades de la Nación y los derechos de las provincias ante la ley 24.432, LL, 1996-B-869.

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Tenida presente la gran equivocidad que generan los términos "federal" y "nacional" para nuestro derecho (porque, curiosamente, el fuero "Nacional" -salvo ciertas excepciones- tiene competencia sólo respecto de la jurisdicción de la capital federal; mientras que el "Federal" sí tiene asiento en cada provincia), corresponde decir entonces que, conforme al propio texto del art. 1º de la ley 21.839, los emolumentos de abogados y procuradores por su actividad judicial y extrajudicial se regularán de acuerdo con esta ley “cuando la competencia correspondiere a los tribunales nacionales de la Capital Federal y los tribunales nacionales con asiento en las provincias”. Asimismo, la Corte ha dicho que la ley 21.839, o sea, la "ley arancelaria nacional" tiene carácter "federal" por lo que rige en los tribunales de ese fuero con asiento en las provincias4. En conclusión, y tras este breve análisis, es posible declarar que la ley 21.839 es aplicable para remunerar la actividad judicial o extrajudicial 5, cuando se trate de asuntos en los que sea competente la justicia nacional o federal 6. En este marco, poseen larga tradición y veteranía las leyes que sobre la materia rigen en las distintas provincias. Son los denominados "aranceles provinciales" o "leyes arancelarias locales". Algunos de los cuales, en distintos años, optaron por adoptar -a veces cambiando pequeños matices- el texto de la ley 21.839, tal el caso de las leyes 3956 de Catamarca (1983), 2200 de Chubut (t.o. 1999), 1007 de La Pampa (1980), 1594 de Neuquén (1985), 2212 de Río Negro (1987), 5058 de San Luis (1995), 1519 de Santa Cruz (1983), y 6159 de Santiago del Estero (1995)7. Por su parte, poseen diferencias (a veces sustanciales, a veces formales) la ley 8904 (Bs. As.), ley 2011 (Chaco), ley 8226 (Córdoba), decr. ley 100/2000 (Corrientes), ley 7046 (Entre Ríos), ley 512 (Formosa), ley 4957 (Jujuy), ley 4170 (La Rioja), ley 3641 (Mendoza), ley 607 (Misiones), decrs. 324/63 y 1173/94 (Salta), ley 2150 (San Juan), ley 5058 (San Luis), ley 1519 (Santa Cruz), leyes 6767 y 11.089 (Santa Fe), ley 6159 (Santiago del Estero), y la ley 5480 (Tucumán). Salvo el particular régimen arancelario contenido en la ley de concursos y quiebras, donde en general se excluyen las leyes arancelarias locales (art. 271, párr. 1°, ley 24.522) 8, en todos los demás tipos de procesos que no sean concursales se aplica lo que cada provincia dispusiese. II.- LEYES DE FONDO Y DE FORMA. Conjuntamente con el doctor PASSARÓN, dedicamos el último capítulo de una reciente obra a catalogar brevemente aquellas leyes con 4

CSJN, 24/5/88, Fallos, 311:858. CNCiv, Sala G, 23/12/82, ED, 103-390. 6 DUFRECHOU, ROBERTO, Modelos completos con los aranceles de abogados y procuradores ley 21.839, Bias, Bs. As., 1978, p. 20. 7 Las fechas son relevantes porque si fue a partir del año 1995 el texto adoptado es el que contiene las reformas de la ley 24.432, de lo contrario, remiten a la letra original de la ley 21.839. 8 Ver PESARESI - PASSARÓN, Honorarios en concursos y quiebras, Bs. As., Astrea, 2002, p. 67 a 79. 5

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normas sobre honorarios, por lo que, para una lectura más detenida, cabe remitir a él9. Corresponde indicar que hay una notable multiplicidad de normas, esparcidas por todo el ordenamiento legal, susceptibles de afectar o complementar las leyes arancelarias locales. Ello así, pues la materia de honorarios no solamente se encuentra sistematizada en aranceles provinciales, sino que, además, se halla especialmente regulada en normas de fondo y en un sinnúmero de leyes de orden nacional que abordan la materia arancelaria 10. Una somera recorrida debe comenzar por la Constitución nacional y los Códigos Civil, de Comercio, Aduanero, Aeronáutico, Minería, Ley de Concursos y Quiebras -ley 24.522-, Ley de Contrato de Trabajo -ley 20.744-, etc.), para luego investigar la legislación local (Código Procesal Civil y Comercial, Laboral, Penal, leyes, reglamentos, decretos, acordadas, etc.). Todo ello, sin dejar de lado la abundancia de leyes y decretos dictados en el marco de la eterna emergencia nacional, que pueden gravitar en mayor o en menor medida en los honorarios judiciales o extrajudiciales, p.ej., leyes 23.696, 23.982, 24.307, 24.432, 24.522, 24.675, 25.344, 25.561, 25.563, 25.589, y 25.737, o decretos 679/88, 1105/89, 2140/91, 2284/91, 1813/92, 933/93, 240/99, 93/00, 1116/00, 1204/01, 214/02, y 320/02, etcétera. Todos los plexos legales mencionados hasta aquí son generalmente comunes a todas las leyes arancelarias. En cuanto a los rituales, puede mencionarse que, en el ámbito nacional el complemento más allegado de la ley 21.839 es el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que posee muchas normas que se relacionan con las costas y los honorarios, y que pueden reputarse como supletorias del arancel nacional. Ello ocurre, p.ej., con el beneficio de litigar sin gastos (art. 84), las sentencias (arts. 163, inc. 8° y 279), los recursos (art. 244), los incidentes (art. 69, párr. 2°), las ejecuciones (art. 500, inc. 3°, 590 y concs.), las sucesiones (art. 698, párr. 5°, 715, 725 y concs.), los arbitrajes (art. 722), las insanias e inhabilitaciones (art. 634); y con varios profesionales -v.gr., abogados (art. 56 a 58), peritos (arts. 77, 463, 470, 478 y concs.), interventores (art. 227), martilleros (art. 565) y defensores oficiales (art. 590)-. Además, en el procedimiento Penal capitalino los artículos 533 y concordantes refieren a las costas y los honorarios; mientras que el código adjetivo del Derecho del Trabajo prevé un tope máximo del 20% con relación al valor del litigio para las regulaciones de honorarios de la parte perdedora (art. 38, ley 18.345), a la par que limita cuantitativamente las apelaciones (art. 106). III.- LAS LEYES ARANCELARIAS LOCALES. Se procederá a indagar superficialmente en cada una de las provincias11. El catálogo, perfectible por cierto, intenta ser objetivo únicamente en cuanto a la fecha de vigencia y la cantidad de normas. Es 9

PESARESI - PASSARÓN, Honorarios de profesionales. Historia y legislación presente, Dunken, Bs. As., noviembre 2003, capítulo V. 10 BARCELÓ, PABLO E., Honorarios profesionales de abogados y procuradores de la provincia de Santa Fe, Nova Tesis, Santa Fe, 2ª ed., 2001, p. 21.

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subjetivo, en cambio, en la apreciación de su similitud genérica con la ley 21.839. 1) BUENOS AIRES. La que normalmente es referida como la ley 8904, en rigor es el decreto ley 8904/77 (BO, 21/10/77), con las modificaciones de la leyes 10.310 y 11.593, y consta de 62 artículos 12. Derogó los arts. 60, 139 a 184 y 186 a 188 de la ley 5177 (art. 62, ley 8904)13. 2) CATAMARCA. Rige la ley 3956 (BO, 12/8/83), de 68 normas, que es idéntica a la ley 21.839, en su versión anterior a la reforma de la ley 24.432, excepto en lo que respecta al titulo IV, de los recursos (arts. 61 a 63). Derogó las leyes 1599 y 3051 (art. 68, ley 3956) 14. 3) CHACO. Se encuentra en vigor la ley 2011 (BO, 13/12/76), t.o. 928/79 (BO, 24/8/79), con las modificaciones de las leyes 2385 y 3578, de 60 preceptos. Derogó el art. 75 de la ley orgánica de los tribunales. 4) CHUBUT. La ley 2200 (BO, 19/8/83), de 64 artículos, en su versión original, es idéntica al texto de la primigenia ley 21.839, pero tuvo pequeñas reformas por la ley 4335 (ver t.o. 138/99, BO, 24/2/99), que modificó algunos artículos de manera no sustancial. No derogó ninguna ley anterior. 5) CÓRDOBA. Como "código arancelario" rige la ley 8226 (BO, 20/11/92), de 121 normas (algunas modificadas ulteriormente, p.ej., leyes 8304, 8616, 8717 y 8824). Derogó la ley 7269 y modificatorias, leyes 7346, 7522 y 7722 (art. 121, ley 8226)15. 6) CORRIENTES. Está en vigencia el decreto ley 100/00 (BO, 30/11/00), de 68 preceptos (algunos modificados o derogados por el decr. ley 159/01). Derogó la ley 4211, modificada por la ley 4188 16. 7) ENTRE RÍOS. Rige la ley 7046 (BO, 30/12/82), modificada por ley 7093, de 136 artículos. Derogó la ley 5819 17. 8) FORMOSA. Se encuentra en vigor la ley 512 (BO, 19/8/85), con las modificaciones de la ley 564 (t.o. decr. 1175/85), de 74 normas. No derogó un arancel anterior. 11

Nos sirvieron de guías al efecto, entre otros, los apéndices de S ERANTES PEÑA, de 1958; de M ARTÍNEZ CRESPO (magníficamente concordado), de 1985, y el "Digesto" de editorial La Ley (t. I), dirigido por LEIVA FERNÁNDEZ, de 2002. Conviene aclarar que en este último no se incluyen (total o parcialmente) los aranceles de cuatro provincias que consideramos que siguen vigentes (al menos no encontramos prueba que lo refute), tal el caso de las provincias de Jujuy (ley 1687), La Rioja (ley 4170), Mendoza (ley 3641) y Misiones (ley 607). 12 En ningún caso incluimos el de forma. 13 La ley 5177 fue modificada por leyes 5342, 5445, 5577, 5757, 6154, 6372, 6627, 6929, 7916 y 8480 y decr. 3610/55. Más antiguamente, ver P ESARESI PASSARÓN, Honorarios de profesionales, § 17. 14 La ley 1599 (BO, 16/10/53) derogó el decr. ley 1861/44. 15 La ley 4276 (BO, 17/9/50) derogó los arts. 147 a 157 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, n° 3364. Luego vinieron las leyes 4776 y 6052 (con las modificaciones de la ley 6190 y 7095), hasta la aparición de la mencionada ley 7269. 16 Antaño regía la ley 3041 (BO, 21/6/72), modif. por ley 3277. 17 Originalmente debe aludirse al decr. 5819-I/45, luego a la ley 3603 (modif. por ley 3840 y decrs. 464/62, 699/62, 1190/63 y 2142/81), la cual fue sustituida por ley 5368.

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9) JUJUY. Rige la ley 1687 (BO, 3/10/46), con el las modificaciones del decr. ley 33/56 y ley 2435, y el complemento de la ley 4957, de 51 preceptos. No derogó un arancel anterior. 10) LA PAMPA. Según la ley 1007 (BO, 23/5/80), complementada con los decretos por los que se adhiere al decr. 2284/91 (E 87/91, y decrs. 2089/94 y 2411/95), se observa, desde el 1° de julio de 1980, como ley de la provincia, la ley nacional 21.839 (art. 1°, ley 1007 y decr. 1165/80). No derogó un arancel anterior. 11) LA RIOJA. Rige la ley 4170 (BO, 19/11/82), con las modificaciones de las leyes 4674 y 5827, de 51 artículos 18. No derogó un arancel anterior. 12) MENDOZA. Está vigente la ley 3641 (BO, 15/12/69), con las reformas del decr. ley 1304/75, de 36 normas. Derogó las leyes 1042 (BO, 28/9/33), con las modificaciones de la ley 1720 y 2332 (BO, 9/10/53). 13) MISIONES. Rige la ley 607 (BO, 7/1/76), con las modificaciones de la ley 2529, de 43 preceptos. Dejó sin efecto la aplicación en el ámbito provincial del decr. ley 30.439/44, ratificado por ley nacional 12.997 (art. 43, ley 607 y ley 679). 14) NEUQUÉN. La ley 1594 (BO, 21/12/84), complementada con la ley 2000 (BO, 22/1/93), de 65 artículos, es bastante similar a la ley 21.839. Derogó la ley 917 (art. 65, ley 1594) 19. 15) RÍO NEGRO. Rige la ley 2212 (BO, 17/11/87), de 62 normas, que resulta casi igual a la ley 21.839. No derogó un arancel anterior 20. 16) SALTA. Rige el decreto ley 324/63 (BO, 11/7/63), modificado por leyes 5097, 5323, 6262, 6279 y decr. ley 375/63, complementado por ley 6730 (BO, 21/2/94) y decr. 1173/94 (BO, 1/7/94), de 55 normas, con reminiscencias del decr. ley 30.439/44 (antecedente de la ley 21.839). Derogó el decr. ley 107/56 (BO, 2/2/56) 21. 17) SAN JUAN. La ley 2150 (BO, 19/3/59), con las reformas de la ley 3140-G/75, introdujo en la ley orgánica de la provincia los artículos 176 a 244, con algunas normas parecidas al decr. ley 30.439/44. El texto anterior estaba conformado por las disposiciones de la ley 1807, modificada por ley 1927 (BO, 21/12/54). 18) SAN LUIS. Rige la ley 5058 (BO, 1/12/95), de 66 artículos, idéntica a la ley 21.839 en su actual versión, excepto lo prescripto respecto de peritos y otros auxiliares de la justicia (arts. 54 a 62). Derogó la ley 3528 (BO, 21/5/73)22. 19) SANTA CRUZ. La ley 1519 (BO, 26/4/83), modificada por ley 2050, de 64 normas, es casi igual a la ley 21.839, en su versión original. No derogó un arancel anterior. 18

En el Digesto sólo se transcriben los arts. 5°, 37, 42, 43, 48 y 49 aludiéndose simplemente a que el art. 49 es según el art. 1°, ley 4674, pero esta última ley no derogó las normas que no se copian en el mismo. 19 La ley 917 había adoptado el decr. ley 30.439/44, modif. por ley 12.997, aunque con algunas reformas (BO, 12/12/75). 20 Anteriormente se aplicaba el decr. ley 30.439/44 y las leyes nacionales 12.997 y 14.170 (ver M ARTÍNEZ CRESPO, Leyes de aranceles para abogados y procuradores, p. 301). 21 Antes rigieron las leyes 689, 1098, 1343 y 1715 y decr. ley 86/56. 22 La cual, a su vez, había derogado la ley 2332 (BO, 23/4/52), modif. por leyes 2690, 3116 y 3228.

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20) SANTA FE. Rige la ley 6767 (BO, 20/1/72), con las modificaciones y complementos de las leyes -entre otras- 7536, 6877, 9598, 10.787, 11.089, 11.527, 11.451 y 11.470, de 43 preceptos. Derogó la ley 4950 (art. 43, ley 6767)23. 21) SANTIAGO DEL ESTERO. Mediante ley 6159 (BO, 21/2/95) se adoptó la ley 21.839, con las modificaciones introducidas por la ley 24.432, salvo detalles insertos en pocas normas. Derogó la ley 5456 (art. 6°, ley 6159)24. 22) TIERRA DEL FUEGO. Liminarmente, debe repararse que si bien el art. 1° de la ley 21.839, en su parte final, hace alusión al “Territorio Nacional de Tierra del Fuego”, dicho territorio actualmente es una provincia 25 por lo que ha quedado excluida del arancel; situación que pudo haber sido subsanada, eliminando la mención en el art. 1°, mediante la propia ley 23.775 (BO, 15/5/90) 26. Por su parte, la flamante provincia aún no ha dictado su propio arancel. 23) TUCUMÁN. Rige la ley 5480 (BO, 22/4/83), con las modificaciones de la ley 6508 (BO, 20/12/93), de 77 artículos. Derogó los arts. 120 a 179 y 185 de la ley 5233 27. 24) CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. La flamante "Ciudad Autónoma de Buenos Aires" (con su nuevo status jurídico de "cuasi provincia", consagrado por la reforma constitucional de 1994 y cristalizado en 1996,), como referimos en un trabajo recientemente editado28, no posee aún arancel, aplicándose analógicamente la ley 21.839. Cabe decir "aún" porque según su propio estatuto organizativo la legislatura local posee la facultad de legislar "en materia de ejercicio profesional" (art. 80, inc. 2°, d), habiéndose dispuesto en la cláusula transitoria décimo octava que "el control de la matrícula y el ejercicio del poder disciplinario de las profesiones liberales, continuará siendo ejercido por los colegios y consejos creados por ley de la Nación hasta que la ciudad legisle sobre el particular”. Si bien su propia Constitución prevé la competencia e integración de los tribunales de la ciudad (arts. 106 y 107, respectivamente), como hasta este momento los mismos no se han constituido, el arancel nacional (ley 21.839) es válido para regular honorarios en procesos que tramitan en los juzgados nacionales existentes en la ciudad, en virtud de la Organización de la Justicia Nacional (decr. ley 1285/5829, ratif. ley 14.467, modif. ley 24.050). IV.- UTILIDAD DEL LISTADO. CARÁCTER ABIERTO. Como se explicó en el primer parágrafo, y como se vio en el anterior, cada provincia es soberana en lo que hace a la "materia arancelaria", circunstancia que acarrearía la conclusión de que es inutil compilarla. Sin embargo, conocer la diversidad de criterios dentro de 23

Por su parte, la ley 4650 (BO, 5/11/54) derogó la ley 1479. La ley 5456 (BO, 29/11/84), por su parte, había derogado la ley 2590 (modif. por leyes 2733, 3944, 4337 y 4627), la cual, a su vez, sustituyó la ley 2066. 25 BO, 15/5/90. 26 Del mismo modo que lo hizo con el art. 1° del decr. ley 1285/58. 27 Más atrás: arts. 177 a 234, ley 2480 (24/6/52), modif. por leyes 3725, 3842, 4431, 4660 y 5005. 28 PESARESI - PASSARÓN, Honorarios de profesionales, § 40, p. 144 a 147. 29 Sanc. y prom. 4/2/58; BO, 7/2/58. 24

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nuestro país enriquece a todos y cada uno de los estados nacional y provinciales, permitiendo comparar y concordar las distintas leyes, sea para mantenerlas o para mejorarlas. El plexo legal vigente en el ámbito nacional puede ser mejor comprendido si se tiene presente la ley material de otros territorios de la República Argentina. De la lista practicada recientemente, puede observarse que, excepto la más joven de nuestras 23 provincias (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur), y la flamante Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ley 24.588), todas tienen su propio arancel desde hace muchos años. Algunos aranceles son muy parecidos a la ley 21.839, de hecho hay provincias que, como vimos, adoptaron el texto de la ley nacional; otros, en cambio, al menos en algunos institutos, son muy distintos y hasta opuestos en los enfoques y soluciones brindadas al caso en particular. Entre ellos, se destacan los únicos dos que exceden la cantidad de cien artículos: la exquisitez de la ley de la provincia de Entre Ríos y la meticulosidad de la de Córdoba30. Un estudio pormenorizado y comparativo excede el marco de este "listado" o "informe liminar", incluso lo sobrepasa también cualquier enunciación objetiva o análisis subjetivo que de los distintos textos de las leyes arancelarias pueda hacerse31. Este catálogo, por otro lado, atento lo amplio de nuestro país y la numerosa legislación que atesora cada una de las provincias, está sujeto a correcciones o aclaraciones, para lo cual es bienvenida la colaboración de cualquier profesional o institución local.

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Aunque por cierto esta ley ha recibido duras críticas: F ERRER, ADAN LUIS, El nuevo Código Arancelario (Un texto a interpretar), LLC, 1993-1; BARRERA FAURE, GUILLERMO E., Nueva ley de aranceles para abogados (Inconstitucionalidad - Deficiencias - Inaplicabilidad), LLC, 1993-12. 31 Trabajo que se encuentra en preparación para la editorial Astrea: P ASSARÓN PESARESI, título tentativo "Honorarios judiciales".

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Leyes arancelarias locales-2004