Gabriel Ruales A.
Art. 30.- Obligaciones de las entidades de certificación de información acreditadas.- Son obligaciones de las entidades de certificación de información acreditadas: a) Encontrarse legalmente constituidas, y estar registradas en Consejo Nacional de Telecomunicaciones; b) Demostrar solvencia técnica, logística y financiera para prestar servicios a sus usuarios; c) Garantizar la prestación permanente, inmediata, confidencial, oportuna y segura del servicio de certificación de información, d) Mantener sistemas de respaldo de la información relativa a los certificados; e) Proceder de forma inmediata a la suspensión o revocatoria de certificados electrónicos previo mandato del Superintendente de Telecomunicaciones, en los casos que se especifiquen en esta ley; f) Mantener una publicación del estado de los certificados electrónicos emitidos; g) Proporcionar a los titulares de certificados de firmas
electrónicas un medio efectivo y rápido para dar aviso que una firma electrónica tiene riesgo de uso indebido; h) Contar con una garantía de responsabilidad para cubrir daños y perjuicios que se ocasionaren por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente ley, y hasta por culpa leve en el desempeño de sus obligaciones. Cuando certifiquen límites sobre responsabilidades o valores económicos, esta garantía será al menos del 5% del monto total de las operaciones que garanticen sus certificados; e, i) Las demás establecidas en esta ley y los reglamentos. Art. 31.- Responsabilidades de las entidades de certificación de información acreditadas.- Las entidades de certificación de información serán responsables hasta de culpa leve y responderán por los daños y perjuicios que causen a cualquier persona natural o jurídica, en el ejercicio de su actividad, cuando incumplan las obligaciones que les impone esta ley o actúen con negligencia, sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Serán también responsables por el uso indebido del certificado de firma electrónica acreditado, cuando éstas no hayan Derecho Informático