Nueva ĂŠpoca, No. Extraordinario
Guatemala, mayo de 2006
Guatemala, 20 aĂąos de democracia: el camino recorrido
Jonathan Moller, 2000.
Presentación: dos décadas de democracia ... democracia...
La coexistencia con la guerra interna
(...) he preferido hablar de cosas imposibles, porque de lo posible se sabe demasiado… Resumen de noticias, Silvio Rodríguez (1978).
Los inicios
L
uego de 32 años de funcionamiento de un régimen autoritario, en el que se produjeron el asesinato de un jefe de Estado (Castillo Armas en 1957), golpes y gobiernos militares (1963-1966 y 1983-1985), elecciones fraudulentas (1974, 1978 y 1982) así como el inicio de una guerra civil, de las más largas y sangrientas del continente (1962-1996), Guatemala principió a recorrer a mediados de 1980, el camino de ruptura para instaurar el esperado régimen democrático. Los veinte años de democracia que se conmemoran este año (19862006) tampoco han sido ajenos a crisis y tensiones: alzamientos militares (1987 y 1988), el golpe de Estado protagonizado por el propio presidente Jorge Serrano Elías (1993), la elección por el Congreso de la República de una administración de transición dentro de la transición (Ramiro de León Carpio 1993-1995), así como la complicada e inédita depuración de diputados y la elección de una nueva legislatura (1994). No obstante, las mayores dificultades de la democracia en su primera década (1986-1996) derivaron de su coincidencia con la guerra interna.
La guerra constituyó un lastre para la democratización. Y los negativos efectos de esta cohabitación entre el régimen democrático que se iniciaba y la guerra que continuaba parecen no haber sido suficientemente evaluados. En efecto, a la natural oposición entre las exigencias y valores democráticos por una parte (respeto; tolerancia; libertad de organización, expresión y participación; rendición de cuentas y control ciudadano, etc.) y las limitaciones propias de todo conflicto armado
el desgaste prematuro de algunas instituciones democráticas establecidas por la Constitución Política de 1985: el Procurador de los Derechos Humanos, el Ministerio Público, la independencia de los juzgados y tribunales; igualmente contribuyó a limitar tanto el proceso de reconversión de los partidos políticos, como el surgimiento de un nuevo liderazgo en las organizaciones sociales.
Sin embargo, es necesario señalar, que la coexistencia entre democratización y guerra fue más allá de su mera coincidencia en el tiempo. La transición política y la democratización también tuvieron un origen contrainsurgente. En efecto, una de las principales razones para el inicio de la democratización fue la dificultad del régimen autoritario para justificar la guerra que sostenía en contra del “comunismo” y los “delincuentes subversivos” (como se les llamaba a los alzados en armas). En la medida en que los gobiernos legitimaban dicha lucha en la defensa de la libertad, el bien común y las instituciones y valores democráticos y republicanos, negados arbitrariamente por las administraciones autoritarias y corruptas nacidas de elecciones fraudulentas entre 1974 y 1982, la situación se hacía cada vez más insostenible. En este contexto, la apertura política y la democraJonathan Moller, 1993. tización estaban llamadas a devolverle credibilidad al régimen político y a eliminar o debilitar las “banderas (control y ocupación militar de territorios, de lucha” de la guerrilla. La democracia sirvió acciones armadas, restricción de derechos y para desactivar la guerra, pero la guerra que garantías) por la otra, se añadieron las nefastas no concluía, terminó por ser un lastre para la consecuencias de la guerra sucia en el país. democratización. Así, persecución, tortura, masacres, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales en La difícil cohabitación entre gobiernos lugar de presos políticos se siguieron prociviles electos y fuerzas armadas durante la primera década de la democratización (1986duciendo o se incrementaron durante la década 1996) exigió constantes negociaciones y en la que se “estrenaba” la nueva democracia. arreglos mutuos, en la medida en que los Aparte de contribuir a la confusión entre la militares se habían reservado de hecho, el veto ciudadanía, esta contradicción también provocó
Publicación mensual de FLACSO -Guatemala y elPeriódico Secretario general de FLACSO Francisco Rojas Aravena San José, Costa Rica CONSEJO ACADÉMICO DE FLACSO-GUATEMALA Víctor Gálvez Borrell-director Claudia Dary / Virgilio Álvarez / Oscar López / Luis F. Mack Virgilio Reyes / Simona V. Yagenova Edición: Víctor Gálvez Borrell; corrección: Mario Maldonado coordinación y diagramación: Hugo de León P.
2 / mayo 2006, No. Extraordinario
Tel. PBX (502) 2362-1431 Fax: (502) 2332-6729 Correo electrónico: flacsoguate@flacso.edu.gt Página web: http://www.flacso.edu.gt Esta publicación es posible gracias al apoyo financiero de ASDI/SAREC 30,000 ejemplares
político sobre las decisiones de los primeros (estrategia de la guerra y cuestiones conexas como participación política y organización popular). Ello generó gobiernos débiles y una democracia tutelada, que se extendió a la intervención de ciertos intereses tradicionales del poder económico, aliados de los militares durante el período autoritario. Lo anterior incrementó la confusión y el desgaste de las instituciones y provocó una sensación de fatiga de la democracia. Ante la ausencia de salvaguardas expresas del poder militar en la Constitución política (como ocurrió expresamente en las transiciones española y chilena, por ejemplo) fue común que el uso del veto fuera negado por los presidentes civiles, al afirmar que “contaban con toda la cooperación de los militares y poder de decisión sobre el Ejército”.
Los diez años de paz La segunda década de democratización se inició con la firma de la paz en 1996. La paz fue determinante para atenuar el carácter contrainsurgente del Estado guatemalteco y para la reconversión del Ejército. Durante el último tramo de la negociación, los militares fueron comprometiéndose más con este
proceso y terminaron por comprender que la democracia y la paz también les garantizaban un lugar en la estructura del Estado. Si bien es cierto que no han desaparecido completamente los enclaves autoritarios y que la responsabilidad por la participación de miembros de las fuerzas armadas y de grupos irregulares en las violaciones a los derechos humanos durante la “guerra sucia” es un tema no resuelto, en la actualidad cuesta trabajo imaginar que existan intereses que puedan llevar a un golpe militar del tipo tradicional en Guatemala. No obstante, uno de los problemas más graves y que se ha agudizado durante esta segunda década de la democracia, es la violencia delictiva (asaltos, robos, homicidios, maras, linchamientos, asesinatos de mujeres, etc.), el crimen organizado y la crisis de la seguridad ciudadana, fortalecidos por la impunidad y la inoperancia del sistema de seguridad y justicia. En la impunidad y el crimen organizado se nota la herencia del período autoritario y de la guerra.
Jonathan Moller, 1996.
La paz de 1996 permitió concluir la guerra y, con ello, creó las condiciones para profundizar la democracia. No obstante, la paz no produjo la necesaria y esperada refundación del Estado guatemalteco. Lejos de ello, éste sigue siendo un Estado débil, cuya fragilidad es más visible durante la segunda década de la democracia respecto de la primera, precisamente porque el fin de las hostilidades permitió visualizar con toda claridad, dramatismo e intensidad, los inadmisibles rezagos históricos de Guatemala: la lacerante pobreza, la injusticia, la exclusión
Jonathan Moller, 1993. Jonathan Moller, 1993.
social y la desigualdad, el racismo, la amplia explotación de la infancia y el abandono y atraso de la mayoría de regiones del país. Es necesario tener presente que la democracia es más que una cita electoral cada cuatro años; sin embargo, la práctica de elecciones generales ha sido uno de los mejores resultados de la democracia guatemalteca en estos veinte años. La refundación del Estado y el fortalecimiento de su soberanía interna se dibujan entonces como tareas ineludibles en las próximas décadas, para avanzar efectivamente en la consolidación de la democracia
Este diálogo Para conmemorar las dos décadas transcurridas desde el inicio de la democratización en el país y motivar así el debate sobre el tipo democracia, sus características, avances y de tropiezos, FLACSO-Guatemala dedica el presente diálogo a este tema. Para ello, invitó a tres académicos de diferentes profesiones, generaciónes e ideologías y adscripciones étnicas, a elaborar sendos ensayos. Se trata de Alejandro Maldonado Aguirre, abogado y notario, diplomático de carrera, diputado al Congreso de la República y actualmente presidente de la Corte de Constitucionalidad; de Edelberto Torres-Rivas, sociólogo, profesor universitario, investigador, autor de numerosos textos sobre Guatemala y Centroamérica, y ex secretario general de FLACSO; y de Irmalicia Velásquez Nimatuj, k’iche’, licenciada en ciencias de la comunicación, con una maestría y doctorado en antropología, y columnista de elPeriódico.
mayo 2006, No. Extraordinario/
3
Hoy es siempre todavía Lic. Alejandro Maldonado Aguirre
U
na de las evidentes ventajas del sistema de libertades públicas es la información diagnóstica de los componentes de la sociedad y del Estado. Con frecuencia los países están sujetos a mediciones y encuestas de sus diversas variables: evolución política, desarrollo humano, seguridad pública, certeza financiera, estabilidad tributaria, predictibilidad jurídica, transparencia administrativa (con menos eufemismos: nivel de corrupción), y otras áreas susceptibles de evaluaciones sociométricas. Ahí están los datos de una realidad palmaria, desafiando la imaginación de los conductores para afrontar las carencias en orden a una cuestión: ¿ha sido apto el Estado democrático y constitucional para garantizar las bases efectivas de la convivencia? Quizás antes de adelantar criterio acerca de las calificaciones de la democracia constitucional, valdría la pena recordar la pregunta que en época del franquismo un periodista europeo hiciera a Julián Marías: “¿Están los españoles preparados para la democracia?” y la inteligente respuesta del filósofo: “Tal vez no, pero tampoco estamos preparados para la dictadura”. En términos semejantes, si bien la reciente democracia no aprueba los estándares, no podría apostarse a que las dictaduras los estuvieren alcanzando. Los indicadores de desarrollo político, social y económico revelan graves situaciones deficitarias que no han podido atenuarse. Estos rezagos no son producto contemporáneo sino acumulaciones históricas de estrategias equivocadas. La recurrencia de la inequidad social, con sus ominosos signos de pobreza crítica y circular de amplias masas de población, alta incidencia delictuosa e ingobernabilidad, no habrían de endilgarse a la democracia, pero se producen en la democracia; y este efecto plástico es el que los pueblos perciben. No obstante, debe recordarse –siguiendo a Heller– que en la historia de las ideas no existe una crisis de la democracia. Lo que habría en todo caso es un fracaso de los partidos y de las agrupaciones políticas para definir y hacer actuar el consenso
4 / mayo 2006, No. Extraordinario
acerca de las metas comunes de desarrollo. La precaria no es la democracia, habida cuenta que, fuera del sustento popular, no existe otro sistema de legitimación del poder. Lo que está en mora es la operatividad de los agentes del poder y de las fuerzas sociales para prestigiarla. La democracia se ha desempeñado dentro de un marco constitucional que ha permitido la formación de cinco gobiernos de elección popular y uno, transitorio, de designación congresal. Ninguno de los comicios fue tachado de ilegítimo en cuanto acto apegado a la formalidad de la ley y controlado por el órgano supremo electoral. Todos esos procesos eleccionarios para discernir la presidencia necesitaron resolverse en dos vueltas; en algunos casos, el Poder Ejecutivo no fue acompañado de una mayoría parlamentaria que compartiera su visión política ni su programa. Dentro del esquema democrático se negoció la paz que canceló el conflicto armado interno y se suscribieron los acuerdos que implicaron una agenda que atendiera temas de equidad y desarrollo. Durante las dos décadas operó la Corte de Constitucionalidad, como garante (no siempre certera) del constitucionalismo, y el Procurador de los Derechos Humanos en cumplimiento de su inherente función protectora. Los diferentes gobiernos, según las prioridades derivadas de la perspectiva política y social de cada uno de los equipos que se alternaron, emprendieron pocas y débiles reformas, aunque unas cuantas sí trascendieron más allá del agotamiento de su tiempo, por ejemplo: privatizaciones, apertura de mercados y construcción de infraestructura vial, pero se retrasaron en proyectos de desarrollo humano. Lo importante es que la Constitución puede permitir y facilitar la operatividad de los gobiernos, sean de una orientación u otra, en materia de su visión política, en cuanto cabría entender que el texto máximo tolera o da cabida a cualquier enfoque de las dos grandes corrientes ideológicas que, de modo razonable, privilegien la libertad o la igualdad. Quizás lo que podría hallar dificultades es la contraposición radical de una esfera en menoscabo de la otra, pues, como dice Borges, “bastan
dos espejos opuestos para construir un laberinto”. Correlativo al ejercicio democrático, se ha venido señalando un fenómeno político rotulado como de “ingobernabilidad”, puesto que la amenaza de colapso del Estado ha sido advertida en relación con la sobrecarga de prestaciones que los ciudadanos esperan de la gestión de los gobiernos libremente electos. Señal de alarma encendida por un investigador noruego, Goran Therborn, a quien ha preocupado la insuficiencia de aparatos estatales con capacidad real de intervención y sus inevitables problemas de control y dirección. Es paradójico si, como se ha dicho, que los males de la democracia se curan con más democracia, haya sido ésta la que hace posible el recambio o alternancia de los partidos provocando la discontinuidad programática. Algunas voces, quizás angustiadas por la persistencia de factores perversos que desacreditan la democracia, quisieran que, principiando por la cúspide formal, se hicieran cambios radicales a la Constitución o se promulgara una completamente nueva. Sin embargo, la pregunta inicial que limitaría el alcance de la propuesta no está en cómo se hace una Constitución sino el quién la hace. Acerca de la simpleza de imputar a las normas las deficiencias conductuales, nada
Foto Hugo de León.
de la confianza partidaria. Respecto de los sociales, los resultados son para quitar el sueño; los económicos tampoco son halagüeños. Agréguese a estos diagnósticos pesimistas, una constante metódica: que no son problemas nuevos, ya que sobre lo mismo se ha venido conjeturando recurrentemente. Cada relevo político ha estado impregnado de promesas y de esperanzas. Tampoco han faltado algunas reflexiones, certeras pero aisladas, acerca de estrategias de desarrollo integral.
mejor, por sintéticas y autorizadas, que las palabras de Ernesto Garzón Valdés: El problema de la relación entre Constitución y democracia en América Latina no reside tanto en la promulgación de nuevas constituciones sino más bien en la aplicación efectiva de las ya existentes a través de una política jurídica que haga posible el establecimiento de una relación causal entre prescripción normativa y comportamiento humano. Esta es una vía más económica y moralmente más honesta…
Por otro lado, tampoco hay razón lógica para ignorar algunas señales de optimismo, quizás sólo percibidas por quienes Foto Hugo de León. puedan apreciarlas desde un gran angular mental. Así, le podemos acreditar a la democracia mejores posibilidades de inclusión social y de igualdad, pues, aunque los registros actuales parezcan inequitativos, hay ahora mejores oportunidades para las mujeres, los jóvenes y los indígenas. También es evidente que los gobernantes pueden dormir sin el sobresalto golpista y los políticos tienen oportunidad de acceder a su cuota de poder por vía electoral. Es claro que los avances son relativos, todavía lentos según criterios
impacientes, pero es previsible que el proceso democratizador siga su curso. Factores como la libertad de expresión y de organización ya no son objeto de reparos tajantes, a pesar de los excesos en que pueden incurrir algunos que detentan tales derechos. La sociedad tiene intuición del Estado de Derecho y de la institucionalidad del mismo, también con sus carencias y, a veces, con sus extravagancias. La suma de elementos disociales y antisociales que ocurren dentro del sistema puede compensarse con los factores positivos que han permitido que la democracia, aunque con dificultades, se haya sostenido en el país. Estos fenómenos merecen ser estudiados a fondo, cuestión que debe ocupar a las elites intelectuales, abordándolos con sociología y filosofía sustentadas en la combinación de teoría, método y técnica que, por lo general, han estado divorciadas de la prospección política. En tales casos, no es equitativo que se carguen las culpas sólo a los políticos, los empresarios o los activistas populares, pues aquí funcionaría lo señalado por Juan Luís Cebrián: “no puede esperarse que la clase política alumbre estadistas si la clase intelectual no alumbra pensadores.” Es probable que éste sea el principal desafío que las universidades, los colegios profesionales, la prensa de opinión y, en general, todo conductor moral de la sociedad deban afrontar para entender y perfeccionar nuestra democracia y, para ello, aunque se haya perdido mucho tiempo, tendríamos que recordar el verso de Machado: “Hoy es siempre todavía.”
La cuestión medular del análisis es que ni la democracia ni su símbolo más concreto, la Constitución, tienen que ver con las carencias sociales, la estrechez de las economías y la inmadurez política. El ideal hobbesiano de sustituir los gobiernos de los hombres por los de las leyes, lo que reclamaría ahora es una ética de conductores políticos de cualidades atenienses y de virtudes espartanas. Los factores ominosos que los analistas toman en cuenta son múltiples y complejos. Para principiar, véanse los políticos que se expresan en la creciente apatía electoral, resultante de una ecuación muy rara: a cuantos más partidos menos votantes. Otra fórmula: desaparición de los partidos históricos y sustitución por nuevos emblemas (aunque reciclando las pautas ideológicas tradicionales) que hacen más difícil al elector la reiteración
Foto Simona Yagenova.
mayo 2006, No. Extraordinario/
5
VEINTE AÑOS DE DEMOCRACIA LIBERAL Contradicciones fatales Dr. Edelberto Torres-Rivas
¿Por qué la democracia?
L
a pregunta inicial es inevitable. ¿Por qué hay democracia en Guatemala? Las herencias políticas no abonan en su favor y menos el legado trágico del período del Estado terrorista, que con unánime hipocresía llamamos “conflicto armado interno”. ¿Puede salir la democracia de la boca de un cañón? Por de pronto, la democracia liberal en Guatemala no es el resultado mecánico de la coyuntura, el efecto local de la ola planetaria predicada por Huntington, apoyado en la teoría del contagio. Aquí ya hay democracia política porque hubo “guerra” y ésta desacreditó a los militares, no por tanta sangre homicida provocada sino porque no la ganaron. La crisis de su cúpula fue la oportunidad para volver al gobierno civil. La democracia en Guatemala, como en muchos otros países, también fue un efecto local de la Guerra Fría. Las elecciones de 19851986 tuvieron una finalidad contrainsurgente. Democracy through war significa un equilibrio en que la modernidad política se alcanzó por vía casi militar. Es lo que en otra oportunidad llamamos “transición a la democracia por la vía autoritaria”. Éste es el punto de partida del balance de veinte años.
Las tensiones del tiempo presente Con ese parto con dolor, la construcción de la democracia política está llena de tensiones que afectan el balance de estos veinte años de democracia. La primera contradicción surge siempre en contextos nuevos; es un sesgo fatal, pues tiende a ser mas liberal que democrática.Se reconoce la libertad, la autonomía del sujeto, sus derechos y su independencia frente al Estado. En la democracia electoral, el ciudadano típico es el titular de derechos civiles y políticos. Los 6 / mayo 2006, No. Extraordinario
principios liberales se le reconocen: libertad de pensamiento y conciencia, libertad de organización personal y de asociación, derecho a la propiedad y a la justicia. Es el sujeto autónomo y libre que los neoconservadores quieren. La Constitución de 1985 es un pacto social que proclama la igualdad formal del ciudadano en el uso de sus derechos; es un reconocimiento legal en el interior de una sociedad con profundas diferencias y desigualdades. La democracia busca la equidad y no se concilia con las desigualdades. Las relaciones entre democracia e igualdad tienen múltiples efectos, pues, a mayor igualdad, mayor libertad; la democracia es participación colectiva, es acción conjunta, es la vigencia de (la ley de) la mayoría, de la que abjuraron con temor liberales de la talla de Mill, Tocqueville, Madison. La democracia liberal guatemalteca es más liberal que democrática y esto califica cualquier balance. La igualdad básica de los ciudadanos es la esencia misma de la democracia. Una segunda contradicción acompleja la experiencia de este período y ya no deriva de la Constitución sino de la historia: la democracia electoral guatemalteca ha vivido más tiempo coexistiendo con el conflicto armado que con la paz. En consecuencia, ha sido una democracia plagada de violaciones a los derechos humanos, con un pluralismo escaso, derechos civiles limitados y con baja participación electoral. Entre 1985 y 1996 se vivió un período protodemocrático en el sentido de ser un primer momento de la transición, con gobiernos que no fueron autoritarios sino escogidos en elecciones sin fraude, en el que el Ejército retuvo poder, dirección (hasta la firma de la paz) y autonomía para tomar iniciativas no consultadas con el poder civil. Ello define un ingrediente de ilegitimidad democrática. La herencia del Estado terrorista se filtra en el juego democrático formal e informal de este trecho histórico. Una tercera tensión que erosiona la democracia es la extrema debilidad del Estado que condiciona el funcionamiento de la democracia. El Estado, y democracia forman una unidad funcional en el entendido que la democracia requiere de un Estado fuerte en la co-
nocida tradición republicana. Se califica como fuerte un poder estatal que articula intereses sociales generales y no corporativos, que representa a actores con algún grado de organización, cuyos intereses definidos por su peso socioeconómico y cultural son capaces de influir en el curso de la historia de la nación. En otras palabras, la democracia necesita actores organizados y con proyectos sociales, y eso sólo se logra por medio de los partidos políticos representativos. En Guatemala no hay un sistema político, como adelante se argumenta. Una cuarta y última tensión, no histórica sino coyuntural, radica en el paradójico desfase habido entre una larga etapa de importante crecimiento económico (5% promedio anual, 1960-1978) pero sin democracia, y un periodo con estancamiento virtual o crecimiento lento, pero con democracia política (2.4% promedio anual, 1985-2005). La democracia liberal se construye en la precariedad, cuando aumentan las desigualdades y la pobreza. ¿Cuánta pobreza soportará esta democracia? Le hace daño a esta experiencia el desencanto con ella,1 asociado a la degradación de la situación socioeconómica actual y vinculado con la confusión que produce hoy día la simultaneidad de procesos de liberalización política y económica. Procesos contradictorios en sus efectos.
Partidos sin representatividad La gráfica del balance de veinte años de democracia electoral no es la de una ancha 1 No es posible, por el espacio disponible, incluir aquí las numerosas encuestas en que los guatemaltecos responden con poco ánimo democrático, con nostalgias autoritarias.
Hugo de León, 2006.
avenida ascendente, sino la de una vereda que por momentos se vuelve atajo, como está ocurriendo desde que comenzó este milenio. El balance sugiere un retroceso. Hay una calistenia ciudadana que se ha satisfecho con los derechos políticos, pero no alcanza a incorporar el ejercicio de los sociales; y no se garantizan los derechos civiles. En esa acotada realidad la dimensión ciudadana es menor y también lo es el papel de las instituciones. Por ejemplo, dos décadas es tiempo suficiente para ordenar, modernizándolo, el sistema judicial, el talón de Aquiles de la institucionalidad democrática en Guatemala. El sistema judicial fue el más envilecido en la época del Estado terrorista y, de allí, la hercúlea tarea de reformarlo. El balance sobre el poder legislativo, el papel del Ejecutivo, de las políticas sociales y de otras, cabe hacerlo a la luz del gran déficit histórico de la democracia guatemalteca: los partidos políticos. No hay democracia ni Estado sin partidos. Si éstos faltan la democracia es sólo electorera; sólo habrá una ciudadanía despolitizada, convertida en electora pasiva y el Estado tendrá un poder débil, sin representación ni fuerza en la dirección.
crática. El círculo vicioso es pertinaz. Veamos algunos datos: los tres partidos mayoritarios en las elecciones fundantes de 1984-1985 desaparecieron; no menos de 59 partidos han participado en las cinco elecciones generales (1985-2003) y 2/3 han muerto; solo uno, la Democracia Cristiana, ha estado en todas y cuatro han participado en cuatro elecciones, cinco en tres... La volatilidad es la suma de valores absolutos de los cambios en el porcentaje obtenido por cada partido en dos elecciones seguidas, dividido entre dos. Establece preferencias entre los electores. El Cuadro 1 “mide” la volatilidad en las elecciones parlamentarias, que revela una altísima tendencia a cambiar el voto. Para elecciones presidenciales, el índice promedio fue 53.8, mientras que en América Latina fue 21.5 y en ocho democracias europeas fue de 5 a 10%.2 El 42% de los diputados de la actual legislatura han cambiado de partido, conducta inconcebible en una democracia estable.
Foto Hugo de León.
Epítome
Talvez es bueno plantear, de nueva manera, cómo el sistema de partidos necesita su plena institucionalización para realizar funciones esenciales en la democracia: los partidos establecen la calidad de la delegación democrática, que así ya no depende sólo del tema de la cantidad de votos; responsabilizan la conducta de los Finalmente, otra medida de inestabilidad: políticos electos, quienes, además, pueden la tasa de nacimiento y muerte de los partidos apoyarse creativamente en la estructura en Guatemala. La primera mide los partidos partidaria; facilitan la gestión legislativa, dando nuevos en el Congreso (que han obtenido apoyo técnico. El político tiene más incentivos curules por vez primera), como porcentaje del para seguir una orientación ideológica, la del total de partidos con representación y la partido, lo que reduce el papel personalista que 2 Esta información pertenece a O. Sánchez, The (inexistent) se tiende a desempeñar; mejoran la cohesión Party System in Guatemala: assessing its level of instide los partidarios, simpatizantes y afiliados a tutionalization, work paper, Iowa State University, april, 2006. una corriente ideológica; y asegura más la lealtad política. Un partido político con cuadros Tasa de nacimiento y muerte de los partidos políticos competentes, cuando hace gobierno, fortalece al Estado. Todo E lección T asa nacimiento T asa de muerte lo anterior supone partidos orgá25.0% 40.0% 1985 nicamente estables, liderazgo 63.6% 37.3% 1990 colectivo, cohesión ideológica, 16.7% 63.6% 1994 lealtad al programa y sedimen14.3% 0.0% 1995 tación social y no sólo electoral. Estos años de democracia no han podido consolidar el sistema político partidario, cuyo resultado es que el partido político no ayuda a la consolidación demo-
segunda, mide a los que pierden presencia parlamentaria. Desde 1985, 36.6 fueron partidos nuevos, mientras que 34.6 “fallecieron”. Hay una circulación electorera. Todavía el partido es efímero, no llegan a ser adultos; la democracia nacional es un cementerio de partidos.
1999
50.0%
50.0%
2003
50.0%
16,7%
Promedio
36.6%
34.6%
Hay dos maneras de resumir este balance. Uno, comparando lo que es la democracia liberal, en su dimensión electoral actual, frente a lo que el país vivía antes de 1985: una dictadura militar al frente de un Estado terrorista. Hemos dado un gran salto hacia adelante. Otro, es comparando la realidad de la sociedad guatemalteca el día de hoy en la óptica de lo que debería ser su desarrollo democrático. Por imperativo de un balance-resumen habría que decir que, con un Estado débil, sólo puede producirse la rutina de lo electoral y tener un elector pasivo, un remedo de democracia plebiscitaria. Y que los dos objetivos superiores del Estado democrático no están siendo satisfechos: la seguridad y la igualdad ciudadanas. Se trata de un proceso gradual en que no vale la impaciencia de ese guatemalteco típico que reniega de todo para que todo camine bien. Seamos sensatos. La inseguridad de la represión política la hemos sustituido por la inseguridad de la violencia criminal, apolítica, privada. El mar de la pobreza y las desigualdades extiende sus orillas. El balance sobre el Estado democrático sería amablemente positivo si hubiese menos criminalidad y ésta fuese decreciente, y si en el combate a la pobreza, hubiésemos disminuido algunos puntos y el proceso fuese sostenido. ¿Es mucho pedir?
Fuente: TSE. Hecho por O. Sánchez. mayo 2006, No. Extraordinario/
7
Dra. Irmalicia Velásquez Nimatuj
E
l 14 de enero de 1986 fue una fecha trascendental para el Estado guatemalteco por dos eventos formales: primero, entró en vigor la nueva Constitución Política y, segundo, Marco Vinicio Cerezo Arévalo tomó posesión como el primer presidente civil electo democráticamente desde 1966. La historia oficial registra ese momento como el inicio de la época democrática en el país. ¿Pero, qué ha significado la democracia para los pueblos indígenas de Guatemala?
Pueblos indígenas y conflicto armado interno Veinte años después, en términos generales, la realidad para los indígenas se ha tornado compleja, porque sigue manteniéndose la diferencia de poder; por una parte, entre la elite del pueblo ladino y, por la otra, entre los mayas que son la mayoría del país (aunque los censos oficiales publiquen lo contrario). Estas relaciones de poder se han sostenido a pesar de los leves cambios producidos. En 1986 (en el marco de la Guerra Fría) el pueblo maya aún vivía la violencia institucional; el entonces ministro de la Defensa, Héctor Gramajo, así lo registra en sus memorias (1995). Sin embargo, debe subrayarse que, en el conflicto armado interno, tuvo participación activa un significativo número de mayas. Pero esta fue una actuación que se gestó por sí misma, al cerrárseles los caminos que les permitirían una vida digna. Se trataba de colectivos mayas viviendo en condiciones inhumanas, sin acceso a servicios básicos y devengando un salario diario en el campo de 25 centavos de quetzal. Estas condiciones llevaron a numerosos mayas a participar, por convicción, en una respuesta violenta contra el Estado, y se acercaron, especialmente, a 8 / mayo 2006, No. Extraordinario
dos grupos guerrilleros en los que encontraron una tenue apertura: el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y la Organización del Pueblo en Armas (ORPA). Los indígenas que participaron en la guerrilla actuaron desde su terreno, reuniéndose en cualquier espacio, desde capillas evangélicas, iglesias católicas e institutos, hasta residencias de comerciantes mayas. Argumentaron que la Constitución de 1965 no respondía al mundo indígena, y sólo legitimaba al Estado ladino colonial, lo que moralmente justificaba que se alzaran. Sin embargo, fue desproporcionado el precio que los mayas que participaron tuvieron que pagar por apoyar una propuesta que buscaba tomar y transformar el Estado. Durante el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt (1982-1983), el entonces presidente del Banco de Guatemala, en una reunión de gabinete, presenció cuando el General dijo: “Ante la sublevación de los indios, la orden es matarlos”. Y la orden se ejecutó, sin distinguir entre quienes apoyaban y quienes no apoyaban la propuesta de la izquierda armada. Los informes de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (1999) y del REMHI, Guatemala, Nunca Más (1999); las investigaciones de Ricardo Falla (1995, 1992, 1983), Jennifer Schirmer (1998), Victoria Sanford (2003), Beatriz Manz (2004), entre otros estudios, documentan cómo el Estado de Guatemala barrió y cometió genocidio contra la población maya. Los estudios citados arrojan datos y análisis de los niveles de exterminio que enfrentó el pueblo maya, desde el final de la década de 1970 hasta principios de la década de 1980, que dio inicio con el proyecto de Acción Cívica del Ejército, que resultó un proyecto caro y lento. Bajo el mando del protestante Ríos Montt, se ejecutaron sangrientas masacres. La política de tierra arrasada convirtió en cenizas y en cementerios clandestinos a más de 400 aldeas mayas; al mismo tiempo dio inicio la campaña de fusiles y frijoles y se ampliaron las funciones de las Patrullas de Autodefensa Civil (pac), creadas en 1981. La convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, a finales de 1983, bajo el régimen del general Humberto Mejía Víctores no significó un respiro para los mayas porque, sometidos a acciones de exterminio no podían participar. A pesar de estas condiciones, llegaron a la Constituyente seis mayas de un total de 88 diputados electos, pero no todos ellos respondían a los intereses de su
pueblo. En parte por esto, la Constitución de 1985 es una camisa que no está a la medida de las realidades de los pueblos indígenas. En las elecciones generales de 1985, los mayas rurales tampoco estaban en condiciones de participar; la represión hacia ellos continuaba. Además, miles de hombres y mujeres no existían legalmente, porque no tenían documentos de identidad; sus registros habían sido quemados. A pesar del ambiente de terror, acudió a votar un considerable número de indígenas, especialmente quienes vivían en áreas urbanas. El triunfo del demócrata Vinicio Cerezo fue asumido con cautela por los pueblos indígenas (a pesar de la atención otorgada por la comunidad internacional y la prensa) y no creyeron en su promesa de que cambiaría Guatemala en 126 días. Y no se equivocaron. En su administración no se redujeron los niveles de violencia política, que contabilizaron ejecuciones extrajudiciales y desapariciones de líderes, incluyendo matanzas de indígenas campesinos. Durante su mandato, 70 por ciento de la tierra cultivable continuó en manos de 3 por ciento de la población. Además, este primer gobierno democrático se negó a reconocer a las Comunidades de Población en Resistencia (CPR), conformadas por mayas de diversas comunidades, todos sobrevivientes de las matanzas que habían logrado huir a la selva o a las montañas, desde donde se organizaron y resistieron las operaciones de caza y los bombardeos aéreos del Ejército. Bajo el gobierno de Cerezo, el pueblo maya continuó
Fototeca Cirma.
Democracia y Pueblos Indígenas: Veinte años después
porque los mayas, estratégicamente, han desarrollado, desde el siguiente día de la llegada de los españoles, tácticas de sobrevivencia que han sido la base para mantener su vitalidad colectiva.
la tormenta Stan que, en octubre de 2005, golpeó nuevamente a esas mismas regiones campesinas, y puso al desnudo que se intentaba ayudar a colectivos mayas que antes de este fenómeno natural ya necesitaban ayuda.
Aunque los indígenas no participaron directamente en la negociación de los Acuerdos de Paz, la mayoría apostó por el fin de la guerra, precisamente porque fueron los más golpeados. Por ello, celebraron el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, firmado en diciembre de 1996, porque implicaba el compromiso del Estado para avanzar en los doce acuerdos de manera simultánea. Vislumbraron que, con voluntad política, medidas precisas y un Jonathan Moller, 2000. presupuesto real, la paz trascenviviendo lo que Carlos Guzmán Böckler ha dería el papel y se materializaría en libertad e denominado "la guerra anti-india". igualdad. Sin embargo, veinte años después, aunque la realidad social se ha transformado, Los acuerdos de paz ésta no es alentadora. Hoy, Guatemala se caracteriza por ser un productor de campesinos indígenas sin tierra, a quienes exporta La guerra no produjo sino un país dividido y por miles a los países del norte. Así, casi 60 pueblos indígenas despojados, tratados por ciento de los inmigrantes ilegales que viven legalmente como inferiores con base en su en EEUU son de ascendencia maya. identidad racial. Lo anterior, sarcásticamente,
La democracia real no llegó para las mayorías de indígenas pobres y rurales, que actualmente devengan ingresos anuales correspondientes a US$ 650.00. Sí llegaron las políticas del Banco Mundial por medio del Fondo de Tierras, que quedaron plasmadas y recogidas en el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, firmado en 1996. Este acuerdo resulta ser una trampa para las demandas de reparación territorial e histórica que los mayas han enarbolado durante siglos. Irónicamente, estas medidas neoliberales han permitido a los indígenas acceder a la tierra por medio del mercado, dando lugar a que muchas comunidades hayan comprando tierra improductiva, a precios millonarios, generando deudas impagables. En pocas palabras, el mercado de tierras se ha convertido en el nuevo sistema de esclavitud indígena.
continuaba sucediendo dentro del marco de la democracia formal. En ese período, dos hechos dieron impulso al pueblo maya: el primero fue el otorgamiento del Premio Nóbel de la Paz a Rigoberta Menchú Tum, en 1992. Este reconocimiento proporcionó nombre internacional a la desposesión histórica y se principiaron a reconocer, lentamente, los tres holocaustos mayas, que hasta ese momento se rechazaban. Rigoberta Menchú, como mujer k´iche´ que había resistido a la persecución estatal en los espacios personales y familiares, simbolizó la tragedia histórica de los indígenas de las américas. Personificó, además, la tenacidad de un pueblo indígena que enfrentaba con ahínco los intentos de deshumanizarlo. El segundo, fue la firma del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDPI), entre la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el Gobierno, en México, en 1995. A pesar de sus limitaciones, este acuerdo reconoce por primera vez la existencia de mayas, xincas y garífunas como pueblos. Es, además, el único documento que acepta legalmente que Guatemala es un país multicultural. Lamentablemente, el acuerdo no aborda de frente el sistema de opresión racial, uno de los pilares sobre los que descansa la desigualdad del país. Desde nuestra perspectiva, el AIDPI es histórico, pero no innovador,
Las grandes carencias El escenario actual muestra que se ha hecho poco por solucionar el principal problema de los pueblos indígenas: el tema agrario. Ni siquiera se ha aprobado una ley de catastro o un código agrario, bases para empezar a abordar este problema. Por el contrario, la situación en el agro se agravó a partir de la crisis del café (finales de la década de 1990) cuando su precio en el mercado internacional empezó a caer como consecuencia de la globalización económica, lo que llevó a cuatro compañías, en el ámbito mundial, a controlar la producción, compra y comercialización de dicho grano. Sin embargo, la crisis mostró sus devastadores efectos durante 2002 y 2003, cuando quedaron desempleadas más de 120 mil familias, en su mayoría mayas, que se empleaban en casi 102 fincas cafetaleras que fueron cerradas. Desde entonces, han enfrentado una hambruna ignorada por el Estado, recrudecida con el paso de
Mientras tanto, el movimiento indígena y campesino, no solo sigue fragmentado, sino, además, enfrascado en un círculo desgastante con el Estado. Este va, de la protesta, a la propuesta, luego a las habituales mesas de negociación, para terminar en el incumplimiento de los acuerdos que se alcanzan y volver nuevamente a empezar en el proceso, sin que sus bases vislumbren los urgentes cambios estructurales que requieren para romper el círculo de la pobreza, en la que,
Jonathan Moller, 2000.
mayo 2006, No. Extraordinario/
9
En el tema de la educación, si bien se han dado pasos, éstos poco han transformado la realidad nacional, porque no se han definido políticas concretas para la ejecución plena de la reforma educativa. Y en el acceso a este derecho, si bien los hombres indígenas tienen rezagos, son las mujeres indígenas las más excluidas. De acuerdo con CEPAL y PNUD, en 2000 el promedio nacional de educación en las mujeres indígenas era de 1.7 años; pero, para las mujeres indígenas rurales bajaba a 1.2 años. En lo que se refiere al acceso al trabajo, en las Jonathan Moller, 2000. últimas dos décadas la globasegún la Comisión Económica para la América lización económica trajo al país las maquiLatina (CEPAL), el 86.6 por ciento de ellos vive. ladoras, que sacaron de la servidumbre sexual En el tema de la participación política, los y doméstica a miles de mujeres mayas; no obstante, este cambio laboral ha terminado pueblos indígenas han avanzado poco. Ello se debe a la vigencia de una limitante Ley siendo la sustitución de una esclavitud por otra, porque no las ha liberado, al no permitirles el Electoral y de Partidos Políticos que, entre otros goce y el ejercicio pleno de sus derechos temas, no regula la interracialidad en los humanos. organismos de los partidos políticos (entiéndase en los comités ejecutivos nacionales, departamentales y municipales) que permitirían el ejercicio de una plena multiculturalidad política. La ley plantea una exigencia mínima de 15 mil doscientos afiliados para formar un partido político, de los cuales el 50 por ciento debe saber leer y escribir. Este requisito es una clara muestra de la exclusión que enfrentan los indígenas rurales (hombres y mujeres) quienes por su condición social son analfabetos, factor que les impide ejercer el derecho de participar políticamente. Y, aunque uno de los pocos espacios de participación sean los comités cívicos, los mismos sufren de limitantes formales. Por ejemplo, la Ley es clara al subrayar que dichos comités sólo pueden participar postulando planillas municipales. Además, a los comités se les asigna una vida temporal, mientras que a los partidos políticos se les permite una permanencia indefinida. Esto implica que las expresiones políticas locales, en su mayoría indígenas, no puedan institucionalizarse, porque la ley los disuelve, dejándolos sin el apoyo de sus afiliados y de su estructura interna. Pero, quizás una de las máximas expresiones de la exclusión política de esta norma radica en la exigencia a que todos los afiliados a los comités cívicos, en las cabeceras departamentales, sean alfabetos, lo cual no concuerda con la realidad de los pueblos q´eqchi´, k´iche´ y mam, entre otros, en los que la mayoría de los militantes son monolingües y analfabetos en castellano. 10 / mayo 2006, No. Extraordinario
Una situación similar ocurre en el tema de la opresión racial. Han sido las mujeres indígenas quienes, con conocimiento de causa y valentía, han levantado la voz y desafiado al Estado democrático, exigiéndole penalizar lo que hasta 2002 era legalmente permitido en Guatemala: discriminar, humillar y echar a las y los indígenas de los espacios públicos. Pero, esta lucha también ha demostrado la dificultad de intentar derrumbar los muros patriarcales, raciales y sociales que han sido construidos para seguir sometiendo a las mujeres mayas a la más ignominiosa posición. Prueba de ello es que hasta el día de hoy, no existe una ley contra del racismo, a pesar de ser una demanda constante de los colectivos indígenas.
cooptación. Exige que éstos construyan lo que en el país resulta inevitable: sacar de la pobreza extrema a más de las dos terceras partes de sus hermanos y lograr la coexistencia con el pueblo ladino y mestizo en condiciones ecuánimes, honestas e igualitarias. En otras palabras, el reciente genocidio debe servir para reflexionar y edificar la necesaria agenda común que guíe la lucha indígena. El reto no es fácil. Concluyo este artículo al mismo tiempo que una gira por casi todo el país, en la que he podido visitar comunidades e instituciones indígenas organizadas en diferentes niveles y con diferentes propósitos. Obviamente, Guatemala no es la misma que veinte años atrás; la incipiente democracia ha delineado la vida de los pueblos indígenas, al igual que los pueblos indígenas han caracterizado la democracia en la cual hemos estado viviendo. En 1985, voté por primera vez, cuando, por aquel entonces, concluía mi segundo año de universidad. Ahora, mientras recorría caminos o cruzaba lagos, recordaba los textos de economía política que entonces leí, en los que se analizaba la crueldad de la explotación en el campo y en la selva. Hoy, teóricamente, muchos de esos planteamientos han sido superados. Sin embargo, la realidad indígena que recién he terminado de visitar me confirma que la vida de las comunidades rurales, si bien se ha transformado, resulta siendo hoy (en plena mundialización económica) más aguda y que, por lo tanto, demanda propuestas y soluciones complejas.
Perspectivas y retos “La historia es un árbitro cruel”, nos recuerda Edward Said; y esta sentencia me confirma, al escribir esta reflexión, que la democracia y la paz se construyen con medidas firmes que demandan, por un lado, la acción del Estado y, por el otro, la unidad relativa de los pueblos indígenas, especialmente de sus líderes, para construir propuestas estratégicas y coherentes. El presente demanda dirigentes indígenas capaces de trascender sus intereses personales, que superen el conformismo de los logros simbólicos, la fragmentación y la
Sobre foto original de Ricardo Ramírez Arriola.
Mayanización y vida cotidiana La ideología y el discurso multicultural en la sociedad guatemalteca
E
l jueves 4 de mayo tuvo lugar en el Centro de Formación de la Cooperación Española de Antigua Guatemala, el VI Encuentro de Discusión del Proyecto de Investigación Mayanización y vida cotidiana, que FLACSO -Guatemala desarrolla en colaboración con el Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica ( CIRMA ). En el evento participaron 72 representantes de diversos centros de Investigación, universidades nacionales y extranjeras, organizaciones sociales, mayas, instancias gubernamentales y de la cooperación internacional.
En la primera mesa de discusiones, el doctor Demetrio Cojtí expuso los "Límites y alcances de la mayanización en los municipios indígenas estudiados"; y los maestros José Roberto Morales Sic y Sergio Mendizábal expusieron "Expresiones religiosas y la espiritualidad maya", y "Política y transformación estructural en las dinámicas de mayanización". En la segunda mesa, la doctora Irmalicia Velásquez abordó "Género y racismo, como condicionantes para las transformaciones ideológicas entre los y las mayas", y la maestra Claudia Dary, "Cambio socioeconómico, ideología y relaciones interétnicas".
En los encuentros anteVista parcial de las y los asistentes al VI Encuentro de discusión del Proyecto de investigación Para 2006 están previstos riores, los quince etnógrafos/as mayanización y vida cotidiana dos encuentros más: el VII, que del equipo de investigación del tendrá lugar el jueves 3 de agosto, y el VIII, el 30 de noviembre. En Proyecto presentaron avances de sus investigaciones, tocándole en éstos se expondrán los avances de la investigación Mayanización y esta ocasión presentar lo propio al equipo de analistas externos/as: vida cotidiana. En febrero de 2007 se llevará cabo el IX y último encuentro expertos en diversas temáticas étnicas, quienes, sobre la base de previsto. lecturas de etnografías, realizaron análisis de aspectos puntuales y dieron a conocer y debatieron sus primeras aproximaciones.
Taller: Metodologías participativas aplicadas al desarrollo rural sostenible
E
l doctor Marco Verschuur, de la Universidad de Larenstein, Holanda, impartió el taller “Metodologías participativas aplicadas al desarrollo rural sostenible”. Dicho taller, desarrollado en dos fases, tuvo lugar en Flores, Petén, los días 27 y 28 de abril del presente año, dentro del marco de actividades del Área de población, ambiente y desarrollo rural de FLACSO-Guatemala, y como parte del Proyecto NUFFIC, que cuenta con el apoyo de la Universidad de Wageningen, Holanda y la Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP). El objetivo principal de esta actividad fue dar a conocer técnicas de enseñanza participativa, para realizar un diagnóstico local que permita identificar los problemas más relevantes, con la participación de técnicos y profesionales comunitarios. El doctor Marco Verschuur, cuando impartía una de las fases del taller sobre metodologías participativas en Ixlú, Flores, Petén. Foto Thelma Ajquejay. mayo 2006, No. Extraordinario/
11
“A sugerencia de nuestros lectores y lectoras, que han hecho ver que la mayoría de los textos que circulan a través de diálogo son de difícil localización y consulta, FLACSOGUATEMALA decidió publicarlos como libro y continuar una nueva colección que principió a circular en 2002”.
12 / mayo 2006, No. Extraordinario