Conclusiones
contrario, se trata de aceptar que toda transformación social produce consecuencias no previstas que deben ser evaluadas contantemente para corregir los objetivos perseguidos con la transformación, en función de sus efectos sobre quienes tienen más que perder. Así, la producción de una política de ordenamiento territorial como instrumento que permita concretar de mejor manera los roles de las organizaciones sociales en la institucionalización del desarrollo sostenible cobra sentido. Hasta ahora, esta política ha estado ausente en el caso analizado; y no solo esto, sino que la lógica de ordenamiento territorial del sistema de gobernanza minero no ha hecho más que limitar la capacidad de las organizaciones sociales para ejercer el rol que el desarrollo sostenible les exige. En el período analizado, la participación de las organizaciones sociales en la industria ha sido instrumentalizada por los vacíos creados en el sistema de gobernanza minero a partir de las reformas neoliberales de la década de 1990. Esto ha operado a dos niveles, uno internacional y otro nacional. En el plano internacional, la institucionalización del desarrollo sostenible como prácticas de responsabilidad social ha producido efectos negativos sobre la sociedad (polarización política, violencia) que exigen que se desarrollen capacidades de control sobre las condiciones que los generan. De ahí la disputa sobre la regulación mantenida en Canadá, principal receptor de inversión minera y base de las transacciones que sostienen esta industria en el mundo. En el plano nacional, la constitucionalización de derechos y su traducción en normas sectoriales ha permitido la aplicación de consultas a colectivos formados para hacer del mecanismo de participación un fin en sí mismo, produciendo lo que hemos denominado el desplazamiento de los sujetos de consulta. A través de este, las autoridades tradicionales y representativas de las zonas potencialmente afectadas por la minería, y los representantes de los sujetos del derecho a la participación y consulta han sido incapaces de representar a sus colectivos, y, en cambio, han sido acusados de entorpecer el desarrollo de la industria, al movilizarse por la correcta aplicación de sus derechos colectivos. Está claro que, en el contexto de intensificación de las interacciones como parte de la globalización, el Estado solamente ha logrado plegarse 343