Coalición antiminera y reacciones institucionales
La coalición de defensa del agua, formada de manera general por las agrupaciones del Foro Nacional de los Recursos Hídricos y la CONAIE, ha mostrado una mayor capacidad de propuesta política en el ámbito de la gestión del recurso. El factor determinante para esto se refiere a las características mismas del sector y el recurso. Mientras que en el caso de la minería, las organizaciones sociales no tienen experiencia en su manejo, en el caso del agua, las organizaciones la han estado gestionando por décadas, especialmente en los períodos de reforma del Estado de la década de los noventa. Los constantes esfuerzos de reforma que ha emprendido el sector del subsistema relacionado directamente con el Banco Mundial han brindado repetidas oportunidades para que las organizaciones desarrollen estrategias de resistencia que han logrado involucrar a un mayor número de actores y movilizar más recursos. La formación de un espacio permanente y en crecimiento, como el Foro Nacional, es una muestra de la institucionalización que ha alcanzado la coalición. Sin embargo, una fractura similar a aquella de la coalición antiminera atraviesa este subsistema. El ejercicio de los derechos colectivos ha probado ser, nuevamente, un tema que ha alejado a las partes de la coalición, al grado de haberse frustrado posibilidades de reforma por diferencias en el peso que las organizaciones indígenas tendrían en la estructura institucional diseñada para manejar el recurso. En las propuestas del foro y de la CONAIE se observa una diferencia marcada con respecto a la representación en instancias participativas de toma de decisión. Para las organizaciones del foro, los usuarios directos son los llamados a participar de una gestión compartida con el Estado, a través de estructuras locales de toma de decisión, y de la intervención minoritaria en una estructura nacional que defina las políticas públicas. Por otro lado, para la CONAIE, deben ser los representantes de las nacionalidades quienes definan las políticas, al participar en las instituciones del Estado en todos los niveles y en igualdad de condiciones. Estas diferencias han dado paso a propuestas de política con estructuras institucionales con un alto grado de complejidad, que, en lo fundamental, por parte del foro, han tenido problemas para definir mecanismos específicos de ejercicio de los derechos indígenas; y para la CONAIE, han 337