Coalición antiminera y reacciones institucionales
La postura de la CONAIE era clara, el proyecto de ley debía ser archivado hasta que se aprobaran las leyes de aguas y de soberanía alimentaria. En relación a la primera, la organización presentó un proyecto de ley a la Comisión Legislativa en noviembre de 2008, donde exigía al Gobierno que se aprobara para poder sentar un marco normativo adecuado con respecto al manejo del recurso, al efectivo ejercicio de los derechos colectivos y al control adecuado de las actividades extractivas. El 19 de diciembre empezó el primer debate sobre la ley de minería, mientras recrudecieron las movilizaciones en Azuay y Quito, en las que las organizaciones sociales demandaron el archivo del proyecto y que no se lo catalogara como una ley orgánica o de mayor jerarquía, como se propuso desde el Ejecutivo, pues esta no regulaba el ejercicio de derechos reconocidos constitucionalmente, como sí lo son la ley de aguas y la ley de soberanía alimentaria. La ECUARUNARI y las juntas de agua llamaron a sus organizaciones de base a una movilización para rechazar el diálogo conducido por los asambleístas de gobierno y el contenido del proyecto de ley presentado por el ejecutivo, y nuevamente propusieron el inicio de un verdadero diálogo nacional. La ECUARUNARI y la CONAIE vieron, en el proyecto de ley, la entrega de los recursos minerales a las empresas transnacionales, la continuidad de las prácticas autoritarias de los gobiernos neoliberales y la posibilidad de que las empresas acapararan los recursos hídricos para la explotación minera. Además, se preocupaban por que el proyecto excluía parcialmente a los territorios ancestrales y las zonas de aislamiento voluntario de la minería, pero no se tomaba en cuenta otros territorios indígenas que no cumplen estas características pero representan la mayoría de las zonas ocupadas por indígenas en el país (Entrevista a Humberto Cholango, 2009). En respuesta a las movilizaciones, el 23 de diciembre, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea extendió por siete días el análisis del proyecto de ley antes del segundo y definitivo debate. Los dirigentes de la CONAIE y los representantes de los mineros artesanales fueron convocados por los asambleístas a una reunión el 9 de enero de 2009, con la finalidad de llegar a un acuerdo sobre la ley minera. La CONAIE abandonó la reunión por la negativa de los asambleístas a ampliar el plazo de 307