¿Cómo se construye la sustentabilidad ambiental?
y conflictos entre las organizaciones sociales y distintos actores. Estas interacciones y lo distinto de sus contextos permite que los contenidos cuasi centrales y secundarios de sus agendas sean distintos, pero compatibles en el sentido de buscar una forma de planificación de largo plazo que permita darle un espacio a la minería sin relegar a las decisiones y actividades locales a un segundo plano (ver Anexo N.° 4). Las organizaciones coinciden en que la complejidad económica y sociopolítica local debe definir las formas específicas en que se aplica un modelo de desarrollo que intenta manejar los recursos, de manera que se puedan satisfacer las necesidades locales de crecimiento económico y de mantenimiento de cierta base de recursos naturales indispensables dadas su actividades económicas y tradiciones locales. La política pública, por tanto, debería permitir que exista una conexión entre las políticas nacionales y aquellos acuerdos o planes desarrollados localmente a través de procedimientos democráticos, sean estos de participación directa o a través de la representación política. En general, lo que se pide es una subordinación de la política de desarrollo minero a políticas relacionadas al manejo de los recursos renovables y una adecuada coordinación interinstitucional que elimine la posibilidad de traslape entre actividades extractivas y áreas protegidas y territorios indígenas. Un elemento de la política que es común a todas las organizaciones es que, de decidirse la viabilidad de la actividad minera en una región, el Estado debe intervenir sobre los acuerdos a los que las poblaciones locales puedan llegar con las empresas. La intervención debería darse a través de la presentación de información oportuna y accesible y, a su vez, debería ser capaz de obligar a las empresas a cumplir con los acuerdos independientemente de su desempeño financiero. Esto podría crear mayores oportunidades para el ejercicio de los derechos de las comunidades locales frente a la necesidad de alentar la inversión extranjera. Complementariamente, las organizaciones destacan la necesidad de que las negociaciones involucren a los sujetos originales de consulta determinados por la ley, y no a aquellos identificados por las empresas para legitimar sus actividades. El haber dejado los procesos de información y consulta en manos de las empresas muestra una tendencia hacia desplazar a los sujetos de consulta que preexisten a la llegada de la empresa y a ori266