¿Cómo se construye la sustentabilidad ambiental?
rona Santiago, ECSA logró concretar una propuesta de desarrollo para dar paso, en enero de 2001, a la renovación, por un lapso de cinco años, del convenio que la comunidad mantuvo con la empresa Billiton, a la que ECSA compró los derechos mineros en Warints. La comunidad de Warints se convirtió en el centro de las operaciones de exploración minera y, a su vez, varias comunidades de la Asociación Nunkuy, a la que pertenece Warints, se convirtieron en el foco de la oposición a la presencia de la empresa. Al intervenir en Nunkuy, los dirigentes de la asociación, parte de la CTSHA, exigieron que el síndico o máximo dirigente del centro Warints diera por terminado el convenio con ECSA, sobre el cual no fueron consultadas las comunidades y, además, pidieron a la Iglesia católica que no prestara servicios de transporte a la zona a las empresas mineras. Como resultado, la empresa tuvo que suspender sus trabajos en la zona por un período de dos años. De forma paralela, en Zamora Chinchipe, varios conflictos relacionados a operaciones mineras artesanales y de mediana escala incluyeron enfrentamientos entre empresas y comunidades desde 2001, especialmente en las parroquias Los Encuentros y Zurmi (ver Mapa N.° 4). Los conflictos se caracterizaron por desavenencias entre comunidades indígenas shuar y el Ministerio del Ambiente (en Nangaritza y Zurmi), y entre gobiernos locales y comunidades con posiciones antagónicas sobre la minería. El conflicto más sobresaliente se relaciona con la operación en la concesión minera Llanos Uno, autorizada por el MEM en 2001. La empresa operadora entró en conflicto con los habitantes y el gobierno de la parroquia de Los Encuentros del cantón Yanzatza por no haberse llevado a cabo la consulta previa, ni el involucramiento de la comunidad para la realización de los estudios de impacto ambiental. Esto llevó a una serie de asambleas en las que participaron representantes del Ministerio de Energía y Minas, quienes se comprometieron a respetar la decisión de las poblaciones locales de expulsar a la operación minera. Las operaciones fueron paralizadas por un período de varios meses en el que la fundación Arco Iris trató de impulsar mesas de diálogo entre la empresa y los pobladores locales. Estos desalojaron a la empresa por los intentos de seguir con las actividades bajo un amparo administrativo planteado por el 242