Formación de organizaciones y agendas antimineras
La oposición de la FOA se hizo principalmente a través de movilizaciones en la ciudad de Cuenca, donde se exigió apoyo de la representación local del Ministerio de Bienestar Social y de la municipalidad y prefectura locales para exigir del Estado central garantías de la continuidad del ORI y la paralización de las reformas a las prestaciones sociales existentes. Las luchas por la continuidad del Seguro Social Campesino y contra las reformas al IESS permitieron un contacto inicial entre la FOA, otras organizaciones campesinas y sindicatos de trabajadores públicos y privados del país, quienes rechazaban la política neoliberal implementada por el gobierno del ahora extinto Partido Conservador. En este período, las demandas por una mejor política social presentadas por la FOA subsumieron a otras reivindicaciones que algunas de las organizaciones de base defendían. La principal, proveniente de los sistemas comunitarios de agua y grupos de agricultores, se relacionaba al diseño e implementación de una política agrícola integral que permitiera mejorar los procesos de agregación de valor a los productos agrícolas, y la implementación de una reforma agraria que posibilitara una mejor distribución de los recursos naturales, principalmente el suelo y el agua2. Los sistemas comunitarios de agua potable, saneamiento y riego de Ecuador son organizaciones locales que operan, financian y planifican el uso del agua en las zonas rurales desde 1979, a raíz de la promulgación de la Ley 3327, que constituye las Juntas Administradoras de Agua Potable y Alcantarillado. Otros sistemas, tanto para agua potable como para alcantarillado y riego, se desarrollaron en décadas posteriores con inversiones de los campesinos, aportes de algunas ONG y gobiernos cantonales y provinciales. En la actualidad, se estima que existen alrededor de 10 000 sistemas comunitarios en Ecuador. Estos han operado bajo un tenue control estatal, que se limita a la supervisión y asesoría en contabilidad y a la legitimación de las autoridades electas en los sistemas, y, en ocasiones, aporta con financiamiento a ciertas obras complementarias para los mismos. 2
Arévalo (2006) señala que en la zona de las parroquias de Victoria del Portete y Tarqui los conflictos más comunes se desarrollan entre hacendados y comuneros, que compiten por la posesión de tierras en el páramo y en la zona de bosque primario y por el agua que recorre estas zonas. La competencia obedece, sobre todo, a que la adjudicación de caudales para uso agrícola es muy poco regulada, lo que provoca, en la época seca, que la sumatoria de caudales adjudicados y en uso en la zona supere la oferta existente en las quebradas y ríos.
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