Gobernanza y políticas para el medio ambiente
En estos análisis se toma en cuenta, sobre todo, la participación directa de organizaciones no gubernamentales y ciertos representantes políticos de organizaciones sociales, como altos dirigentes indígenas. En general, los efectos producidos por la participación institucionalizada sobre las organizaciones no gubernamentales se han visto como pérdidas en cuanto a influencia y capacidad de movilización, sobre todo cuando estas se debaten entre la institucionalización y el activismo (ver Fontaine, 2007). Además, se ha mostrado cómo las organizaciones no gubernamentales y los grupos de expertos provocan e influencian las negociaciones entre actores que intentan articular espacios locales y globales de manera que se pueda ejercer el derecho de la gente a decidir cómo deberán desarrollarse los espacios en que habitan (Sabatini, 1997). En la dimensión transnacional de los conflictos, en la que el ecologismo es una manifestación de redes de defensa o estructuras comunicativas que tratan de ejercer influencia en la política al articular actividades a nivel internacional para luego volver al ámbito nacional y forzar al Estado a modificar su política, es central, en el análisis del rol que juegan las organizaciones no gubernamentales en la introducción de ideas, la difusión de información y el cabildeo para la modificación de políticas públicas (Keck y Sikkink, 1999). En general, se ha visto que con una limitada base social, en los últimos treinta años, se estructuraron movimientos en los que son protagonistas las organizaciones no gubernamentales, que penetraron las estructuras del poder estatal gracias a la capacidad de consolidar propuestas ante el Estado (Tobasura Acuña, 2003) y de solventar, en parte, las carencias de este para funcionar (ver Fontaine, 2006; 2007). Además, colaboran activamente conectando varios niveles de gobierno, supliendo necesidades de capacidades e información (Sabatini, 1997), o reemplazando del todo la implementación de actividades que las agencias estatales no estaban en capacidad de asumir, como en el caso de la gestión de áreas protegidas (Cisneros, 2008). Implícitamente o explícitamente, el rol de las organizaciones sociales3 en estos procesos se reduce a instrumentalizar la ecología para plantear rei3
Estas son organizaciones reconocidas por el Estado o no, que adoptan la representación de otras organizaciones –de base– que se agrupan regionalmente y que representan diversos intereses comunitarios, gremios y otros grupos de interés.
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