Control, Disciplina y Responsabilidad Policial
sus propios funcionarios. Por lo anterior, es que la PDDH califica de deficientes los mecanismos de control interno, que no son capaces de detectar y sancionar malas prácticas, que se asemejan a las de los antiguos cuerpos de seguridad del país presentes en tiempos de dictadura y guerra civil. Por ello también se habla del deterioro de la institucionalidad democrática de la PNS y se le ha recomendado revertir esos procesos y revisar las políticas que pudiesen estar generando indisciplina. Pero el problema no son solamente estas múltiples faltas, sino también que la PNS no ha respondido satisfactoriamente a las recomendaciones y denuncias de la PDDH, de hecho, ésta última declara que “la no respuesta de las autoridades policiales a las recomendaciones del informe 2003 hace presumir que los culpables de violaciones a los derechos humanos quedaron impunes y, además, fueron protegidos” (PPDH, 2007:14). Por lo tanto, a juicio de esta autoridad, continúan siendo deficientes los procesos de investigaciones, los tratos discriminatorios y las condiciones de detención. Estas cuestiones apuntan a deficiencias organizacionales, de formación policial y de recursos e infraestructura; más aún cuando se habla de condiciones inhumanas en los lugares de detención, sin servicios sanitarios, sin alimentación y hacinados; siendo esta una responsabilidad que va mucho más allá de la PNS. Aunque sí es tarea de ésta cuando las detenciones se realizan en lugares no habilitados, a escondidas y sin que el sujeto detenido sepa dónde se encuentra.
También resulta especialmente preocupante la vinculación de otras instituciones del sistema penal en situaciones que atentan contra la transparencia; por ejemplo, la Fiscalía ha sido cómplice en interrogatorios y amenazas a detenidos para obtener declaraciones (sobre todo por parte de la Unidad contra el Crimen Organizado). Situaciones de este tipo han repercutido en la relación con la Procuraduría, pues tanto la PNS, como la Fiscalía y el Órgano Judicial han obstaculizado la labor de la PDDH o le han negado el acceso a la información (como los informes de procesos judiciales). Todo esto ha sido documentado, denunciado y publicado por la PDDH sin mayor éxito, pues “lamentablemente, la mayoría y más sustanciales recomendaciones dictadas no han sido atendidas y la defensa constitucional de las víctimas (…) ha traído como consecuencia, incluso, amenazas de muerte y persecución arbitraria” (PPDH, 2007:9). Otra muestra de este problema han sido las expulsiones de migrantes de manera irregular con la participación de la PNS, pues la Dirección de Migración y Extranjería pertenece al mismo Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, por lo cual han utilizado a la policía para detenciones y expulsiones arbitrarias a juicio de la Procuraduría33. Como se ha señalado, los problemas de gestión de las instituciones y las deficiencias en las condiciones laborales de los miembros de la policía también afectan su desempeño, lo cual ha sido difundido por la PDDH en
33 Al respecto la Procuraduría también denunció la obstaculización de su labor, específicamente en el caso de la expulsión arbitraria de un médico ecuatoriano cuando el 28 de abril de 2005 tres miembros de la PDDH se dirigieron a verificar el procedimiento, pero fueron detenidos tres días después por persecución a la labor policial. Más de un año después, en agosto de 2006 la PDDH presentó ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa un informe con estas agresiones, pidiendo a las más altas autoridades de la Fiscalía y la PNC que dieran explicaciones por la impunidad de sus actos. Sin embargo, la Asamblea General no se pronunció (hasta el cierre del informe publicado en julio de 2007) y las autoridades interpeladas tampoco han realizado las investigaciones pertinentes.
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