1. Los Órganos Generales del Estado Respecto del Gobierno está muy claro: “El derecho a la educación es un derecho de carácter social. Reclama por tanto de los poderes públicos las acciones positivas necesarias para su efectivo disfrute [...] La igualdad de todos los españoles ante el contenido esencial del referido hecho (el de la educación), la necesidad de que los estudios que conducen a la obtención de títulos académicos y profesionales de validez general se atengan a unos requisitos mínimos y prestablecidos, justifican que la formación de todos los alumnos tenga un contenido común, y para garantizarlo se atribuye al Gobierno la fijación de las enseñanzas mínimas que constituyen los aspectos básicos del currículum. A su vez las administraciones educativas competentes, respetando tales enseñanzas mínimas, establecerán el currículum de los distintos niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema educativo. La ley encuentra su fundamento en la igualdad ante el contenido esencial del derecho a la educación así como en las competencias que la Constitución Española atribuye al Estado” (LOGSE. Preámbulo). A lo largo de lo expuesto sobre los elementos vertebradores instrumentales hemos desgranado los medios de que dispone el Estado para garantizar un sistema educativo básico y único. El Estado de la nación, a través de su poder ejecutivo, el Gobierno, debe realizar las acciones positivas para hacerlo realidad. Igualmente el poder legislativo, Congreso y Senado, deben ser sensibles a las necesidades y aspiraciones sociales, reformando o promoviendo la legislación necesaria para que la norma esté al servicio de la sociedad y no viceversa. También solicitamos al poder judicial la atención y el seguimiento necesarios que garanticen que las leyes y pactos entre políticos se ajusten a lo marcado por la Constitución y protejan los derechos relativos a la educación de los posibles intereses partidistas.
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