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Propuesta La Constitución Española reconoce competencias exclusivas al Estado para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles. Reconocemos que el principio de autonomía otorga la posibilidad de realizar políticas educativas diferenciales y entre ellas las que afectan al status del profesorado. Pero se hace preciso compaginar el principio de autonomía con la conveniencia lógica y equitativa de no establecer situaciones discriminatorias. Por ello, vemos necesario distinguir entre una unidad retributiva sustantiva y unas diferencias específicas complementarias, que no superen un determinado porcentaje de la retribución básica común. Con igual criterio se debe proceder a la hora de establecer la jornada laboral y las oportunidades para la formación permanente. Se debe imponer la racionalidad entre los responsables de estas áreas. Este capítulo, referido al profesorado, puede constituir un importante y necesario acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación. A la que proponemos el establecimiento de unos márgenes que conjuguen el derecho de cada autonomía con la deseada homologación de todos los docentes.
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